CASANARE
Investigan presuntas irregularidades en contratos para mejorar la vía Yopal – Orocué
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Orocué, Anderson Bernal, cuatro secretarios de su Administración, tres de la Gobernación y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, por presuntas irregularidades en contratos para el mejoramiento de la vía de acceso al municipio, por cerca de $34.000 millones.
La medida cobija a nivel departamental a los entonces secretarios de Obras Públicas, Héctor Miguel González; la exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento, Carmen Himelda González Pinilla; y al exdirector de Planeación Departamental – secretario técnico del OCAD, Humberto Alirio Martínez Pérez.
Así mismo, a los entonces secretarios de Obras Públicas de Orocué Joan Sebastián Galindo Valverde y Juan Vicente Cuevas Rodríguez; de Planeación, Ana Victoria Ardila Tovar, y la exjefe de la Oficina Jurídica, Luz Dary Páez Ramírez, y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, Gilberto Galindo Alvarado.
La Procuraduría Regional Casanare busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con denuncias presentadas ante el ente de control, sobre posibles acciones y/o omisiones frente al desarrollo de la etapa precontractual, contractual y de ejecución del Contrato de Obra No. 185, del 26 de abril de 2018, suscrito por la alcaldía de Orocué cuyo objeto era el “mejoramiento a nivel de afirmado de la vía secundaria que conduce desde el puente sobre el caño San Miguel hasta el puente sobre el caño El Duya (…)”, por un valor de $33.749.986.681.
El órgano de control también investiga presuntas irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1107, del 18 de junio de 2018, suscrito por la Gobernación con la Unión Temporal Intervia Orocué 2018, por un valor de $985’604.537, con el objeto de realizar interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica al mejoramiento de la vía.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la presunta falta, y la responsabilidad disciplinaria de los investigados.
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Fuente: Procuraduría General de la Nación
Un hombre fue asesinado con arma de fuego la mañana de este miércoles 30 de abril en la vía Aguazul – Maní. Inicialmente el caso se reportó como accidente de tránsito, pero al llegar bomberos y agentes de tránsito al sitio, hallaron el cuerpo sin vida con impactos de bala.
La víctima fue identificada como Luis Enrique Hernández Alfonso, quien se movilizaba en una motocicleta Yamaha V80 de placa YAR85A por la vereda El Sural de Aguazul. Según la inspección al cuerpo, presentaba tres heridas por arma de fuego.
Hernández Alfonso era propietario de la finca donde en noviembre de 2025 se realizó un allanamiento que dejó la captura de alias ‘Tobías’, integrante del Clan del Golfo y sobrino del hoy occiso. Se dedicaba a la agricultura y a la venta de ganado.
Las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona. En una de ellas se observa a una motocicleta NKD con un sujeto que iba detrás de la moto de la víctima.
La investigación tomó un nuevo rumbo, lo que inició como accidente de tránsito pasó a ser homicidio.
Luego de cumplir con los exigentes requerimientos, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, aprobó la planta de licores artesanales de Casanare.
Este es el resultado de más de 20 años de investigación en la producción de bebidas fermentadas y destiladas, elaboradas con productos naturales del llano, tal como lo hicieron los antiguos artesanos llaneros, quienes, en alambiques caseros, lograron producir bebidas espirituosas de alta calidad.
La planta autorizada por el Invima, está ubicada en la zona rural de Yopal, desde donde se ha logrado destilar alcoholes tipo premium, que, previo a la aprobación del Instituto, logró calificaciones meritorias en catas que se realizaron en afamados centros académicos y en mercados especializados tanto en el ámbito nacional como internacional.
En la nueva planta que ahora tiene permiso de operación del gobierno colombiano, se pueden destilar bebidas consideradas de alta calidad para los mercados de licores, tipos whiskys, rones, ginebras, aguardientes y cervezas, entre otros productos, donde se utiliza materia prima de origen campesino casanareño y esto apunta, a que los labriegos productores de cañas, frutas, granos y otras plantas regionales como algarrobo, sarrapia, mastranto, maíz y otros, de origen rural, tengan una importante nueva ventana de mercadeo.
Dentro de los reconocimientos que ha obtenido la nueva planta de licores, se puede mencionar las bebidas elaboradas con arroz, que fueron calificadas por expertos de la república de China, con un altísimo grado de calidad, situación que le abre la puerta a exportar a esa república, licores fabricados en Casanare.
Por otra parte, la aprobación de esta planta, le abre el camino para que, por los menos 10 empresarios de cervezas artesanales de Casanare, aspiren a obtener los permisos y licencias por parte del Invima.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, aseguró que la situación financiera de Capresoca EPS es crítica y que durante años se habrían maquillado los estados financieros para ocultar su verdadera crisis. Según el mandatario, la entidad fue sostenida artificialmente con cifras que no reflejaban la realidad, lo que hoy tiene a la EPS en una condición cercana a la quiebra.
El gobernador indicó que ya solicitó una auditoría integral para esclarecer el historial financiero de la entidad y determinar responsabilidades. Señaló que este proceso busca establecer cómo se llegó a la actual situación y que sea la justicia la encargada de definir quiénes llevaron a Capresoca a este punto.
En medio de este panorama, Ortiz Zorro reveló que sostuvo conversaciones con el Gobierno Nacional, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, quienes le habrían dado un parte de tranquilidad al manifestar que, por ahora, no se contempla la liquidación de la EPS.
No obstante, el mandatario insistió en que cualquier intervención debe estar orientada a un verdadero plan de salvamento, con un agente que articule esfuerzos con el departamento. Reconoció que, aunque Capresoca sigue prestando servicios, estos no cumplen con las expectativas, y reiteró la necesidad de una reforma estructural al sistema de salud que solucione los problemas históricos del país.
