CASANARE
Investigan presuntas irregularidades en contratos para mejorar la vía Yopal – Orocué
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Orocué, Anderson Bernal, cuatro secretarios de su Administración, tres de la Gobernación y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, por presuntas irregularidades en contratos para el mejoramiento de la vía de acceso al municipio, por cerca de $34.000 millones.
La medida cobija a nivel departamental a los entonces secretarios de Obras Públicas, Héctor Miguel González; la exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento, Carmen Himelda González Pinilla; y al exdirector de Planeación Departamental – secretario técnico del OCAD, Humberto Alirio Martínez Pérez.
Así mismo, a los entonces secretarios de Obras Públicas de Orocué Joan Sebastián Galindo Valverde y Juan Vicente Cuevas Rodríguez; de Planeación, Ana Victoria Ardila Tovar, y la exjefe de la Oficina Jurídica, Luz Dary Páez Ramírez, y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, Gilberto Galindo Alvarado.
La Procuraduría Regional Casanare busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con denuncias presentadas ante el ente de control, sobre posibles acciones y/o omisiones frente al desarrollo de la etapa precontractual, contractual y de ejecución del Contrato de Obra No. 185, del 26 de abril de 2018, suscrito por la alcaldía de Orocué cuyo objeto era el “mejoramiento a nivel de afirmado de la vía secundaria que conduce desde el puente sobre el caño San Miguel hasta el puente sobre el caño El Duya (…)”, por un valor de $33.749.986.681.
El órgano de control también investiga presuntas irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1107, del 18 de junio de 2018, suscrito por la Gobernación con la Unión Temporal Intervia Orocué 2018, por un valor de $985’604.537, con el objeto de realizar interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica al mejoramiento de la vía.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la presunta falta, y la responsabilidad disciplinaria de los investigados.
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Fuente: Procuraduría General de la Nación
La espera ha terminado para residentes, instituciones y comerciantes del corredor de Matepantano, la Alcaldía de Yopal ha iniciado importantes obras de mejoramiento y rehabilitación vial. Este proyecto abarca desde la calle 11 hasta el sector de la Subasta Subacasanare, una sección que no recibía una inversión de esta magnitud en más de dos décadas, marcando un hito en el desarrollo de la infraestructura local.
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz, destacó el amplio alcance de la obra, que incluye la pavimentación de 4,5 kilómetros de vía, la instalación de luminarias fotovoltaicas, la construcción de senderos peatonales y cruciales obras para el manejo de aguas. esta intervención está diseñada para beneficiar directamente a los sectores educativo, comercial, ganadero, deportivo y turístico de la zona, impulsando su crecimiento y seguridad.
Con una inversión superior a los $10 mil millones de pesos, el proyecto fue aprobado por el Ocad Paz, asegurando recursos significativos para la modernización de esta arteria vital. el mandatario subrayó que la obra contempla la ampliación del corredor vial, pasando de 6 a 7,3 metros, y la mejora de la iluminación desde la calle 11 hasta el sector de la Subasta, mejorando sustancialmente la transitabilidad y la seguridad vial.
La ejecución de los trabajos estará a cargo del Consorcio Matepantano M&M, que ya ha presentado a la comunidad los estudios, diseños y el cronograma de intervención. se estima que la obra iniciará en los próximos días y tendrá una duración aproximada de seis meses. la Administración Municipal ha anunciado la implementación de un plan de movilidad estratégico para minimizar el impacto en el tránsito y el comercio durante el periodo de construcción, priorizando además la vinculación de mano de obra local en todo el proceso.
La Secretaría de Educación de Yopal hace un llamado urgente a padres de familia y acudientes: aunque las matrículas en los colegios públicos son permanentes, es fundamental realizar el trámite antes del 26 de enero, fecha de inicio de clases, para asegurar que los estudiantes comiencen su año escolar sin contratiempos ni retrasos en su aprendizaje. esta invitación aplica para niveles desde prejardín hasta grado once.
El secretario de educación de Yopal, David Díaz, extendió la convocatoria a jóvenes y adultos que deseen retomar sus estudios a través de las modalidades sabatina y nocturna, una valiosa oportunidad para quienes, por diversas circunstancias, abandonaron el sistema educativo.
Díaz enfatizó que “ningún niño, niña o joven debería quedarse por fuera del colegio por falta de información o por dejar el trámite para última hora”, subrayando el compromiso con una educación pública inclusiva.
Para solicitar un cupo, el proceso es directo y sencillo: los interesados deben acudir a la institución educativa de su elección. Allí, los colegios recibirán la documentación requerida y, según la disponibilidad de cupos, guiarán a los padres o acudientes en los pasos a seguir. La Secretaría de Educación ofrece orientación, pero la matrícula se gestiona exclusivamente en cada plantel.
Es imprescindible presentar una carpeta de cuatro solapas con los siguientes documentos: registro civil del estudiante, dos fotos tipo carné, copia del carné de vacunas, certificado de afiliación a eps, último boletín de notas académicas, copia de la cédula del acudiente y un recibo de servicio público (luz, agua o gas natural) que acredite la dirección de residencia.
A pesar de que el proceso de matrícula se mantiene abierto, las autoridades educativas insisten en la importancia de adelantar el trámite a tiempo.
El secretario Díaz Sánchez advirtió que “cuando un estudiante ingresa tarde, no solo pierde clases, también se le dificulta adaptarse al ritmo escolar”, por lo que insta a las familias a completar el proceso antes del inicio del calendario académico, garantizando así un mejor desempeño y adaptación de los alumnos.
Un grupo de más de 100 transportadores del departamento de Casanare atraviesa una grave crisis económica, tras denunciar una millonaria deuda por el servicio de transporte de pacientes renales, prestado en el marco de un contrato de la EPS Capresoca con la empresa Ruta del Sol – Opetrans, firmado por el anterior agente interventor-
Aunque actualmente el traslado de usuarios ya es asumido por una nueva empresa local, los afectados reclaman el pago de más de 408 millones de pesos correspondientes a servicios ya ejecutados.
Según explicó Andrés Ladino, vocero de los transportadores, pese a la falta de pagos decidieron continuar con la prestación del servicio por responsabilidad social, asumiendo de su propio bolsillo gastos como combustible, peajes y mantenimiento de los vehículos, dado que los pacientes con enfermedad renal no pueden interrumpir sus tratamientos de diálisis. Esta situación, afirmó, ha golpeado severamente la economía de conductores y sus familias.
Ante la ausencia de respuestas por parte de la empresa responsable, los afectados radicaron un derecho de petición ante Capresoca, con copia a la Procuraduría, solicitando la aplicación de un “derecho de cesión” para que la EPS realice los pagos directamente a los propietarios de los vehículos. El temor, indicaron, es que si los recursos son girados al contratista, no lleguen finalmente a quienes prestaron el servicio.
De acuerdo con Ladino, los transportadores fueron subcontratados por la empresa Ruta del Sol – Opetrans, firma de la Costa Caribe que no cuenta con oficina ni representante legal en Casanare. El servicio inició el 8 de mayo de 2025 y, aunque los pagos se cumplieron durante los dos primeros meses, desde agosto no se realizaron desembolsos, pese a que el contrato con Capresoca estuvo vigente entre el 4 de marzo y el 31 de octubre por un valor cercano a los 960 millones de pesos.
