CASANARE
Investigan presuntas irregularidades en contratos para mejorar la vía Yopal – Orocué
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Orocué, Anderson Bernal, cuatro secretarios de su Administración, tres de la Gobernación y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, por presuntas irregularidades en contratos para el mejoramiento de la vía de acceso al municipio, por cerca de $34.000 millones.
La medida cobija a nivel departamental a los entonces secretarios de Obras Públicas, Héctor Miguel González; la exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento, Carmen Himelda González Pinilla; y al exdirector de Planeación Departamental – secretario técnico del OCAD, Humberto Alirio Martínez Pérez.
Así mismo, a los entonces secretarios de Obras Públicas de Orocué Joan Sebastián Galindo Valverde y Juan Vicente Cuevas Rodríguez; de Planeación, Ana Victoria Ardila Tovar, y la exjefe de la Oficina Jurídica, Luz Dary Páez Ramírez, y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, Gilberto Galindo Alvarado.
La Procuraduría Regional Casanare busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con denuncias presentadas ante el ente de control, sobre posibles acciones y/o omisiones frente al desarrollo de la etapa precontractual, contractual y de ejecución del Contrato de Obra No. 185, del 26 de abril de 2018, suscrito por la alcaldía de Orocué cuyo objeto era el “mejoramiento a nivel de afirmado de la vía secundaria que conduce desde el puente sobre el caño San Miguel hasta el puente sobre el caño El Duya (…)”, por un valor de $33.749.986.681.
El órgano de control también investiga presuntas irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1107, del 18 de junio de 2018, suscrito por la Gobernación con la Unión Temporal Intervia Orocué 2018, por un valor de $985’604.537, con el objeto de realizar interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica al mejoramiento de la vía.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la presunta falta, y la responsabilidad disciplinaria de los investigados.
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Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Secretaría de Educación de Yopal alerta sobre validez de estudios no presenciales
La Secretaría de Educación de Yopal informa a la ciudadanía sobre múltiples solicitudes y quejas de padres de familia. Estas están relacionadas con dificultades para matricular a sus hijos debido a inconsistencias en la validez de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o “homeschooling”.
Se ha evidenciado que algunos estudiantes provienen de instituciones que ofrecen educación virtual o homeschooling sin la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación impide la homologación, validación o reconocimiento oficial de los grados cursados, conforme a la normativa vigente.
La secretaría recuerda que en Colombia, la educación formal debe ser impartida por establecimientos educativos debidamente autorizados, con licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación y registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). Las instituciones sin este reconocimiento no pueden emitir certificaciones válidas.
Además, se han identificado casos de estudiantes con estudios en el exterior que realizaron supuestas “validaciones” en instituciones no facultadas legalmente, afectando la continuidad académica. La presentación de Pruebas Saber 11° (ICFES) y los procesos de validación de bachillerato están regulados por el Estado y requieren autorización oficial.
Por lo anterior, se hace un llamado preventivo a padres y acudientes para que verifiquen que la institución educativa cuente con licencia de funcionamiento vigente, esté registrada oficialmente ante el Ministerio de Educación y tenga reconocimiento para la prestación del servicio educativo formal. La secretaría reitera su compromiso con el derecho a la educación y la orientación familiar.
CASANARE
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