CASANARE
Investigan presuntas irregularidades en contratos para mejorar la vía Yopal – Orocué
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Orocué, Anderson Bernal, cuatro secretarios de su Administración, tres de la Gobernación y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, por presuntas irregularidades en contratos para el mejoramiento de la vía de acceso al municipio, por cerca de $34.000 millones.
La medida cobija a nivel departamental a los entonces secretarios de Obras Públicas, Héctor Miguel González; la exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento, Carmen Himelda González Pinilla; y al exdirector de Planeación Departamental – secretario técnico del OCAD, Humberto Alirio Martínez Pérez.
Así mismo, a los entonces secretarios de Obras Públicas de Orocué Joan Sebastián Galindo Valverde y Juan Vicente Cuevas Rodríguez; de Planeación, Ana Victoria Ardila Tovar, y la exjefe de la Oficina Jurídica, Luz Dary Páez Ramírez, y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, Gilberto Galindo Alvarado.
La Procuraduría Regional Casanare busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con denuncias presentadas ante el ente de control, sobre posibles acciones y/o omisiones frente al desarrollo de la etapa precontractual, contractual y de ejecución del Contrato de Obra No. 185, del 26 de abril de 2018, suscrito por la alcaldía de Orocué cuyo objeto era el “mejoramiento a nivel de afirmado de la vía secundaria que conduce desde el puente sobre el caño San Miguel hasta el puente sobre el caño El Duya (…)”, por un valor de $33.749.986.681.
El órgano de control también investiga presuntas irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1107, del 18 de junio de 2018, suscrito por la Gobernación con la Unión Temporal Intervia Orocué 2018, por un valor de $985’604.537, con el objeto de realizar interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica al mejoramiento de la vía.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la presunta falta, y la responsabilidad disciplinaria de los investigados.
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Fuente: Procuraduría General de la Nación
La Registraduría Nacional del Estado Civil informa que en el departamento de Casanare fueron designados un total de 7.548 jurados de votación para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, de los cuales 6.108 son principales y 1.440 son remanentes.
Los sorteos de los jurados de votación, que fueron previamente postulados por entidades públicas, empresas privadas, instituciones educativas y agrupaciones políticas, contaron con el acompañamiento de representantes de los entes de control, las organizaciones políticas, la Fuerza Pública, las autoridades locales, entre otras entidades.
Los ciudadanos pueden consultar si fueron designados como jurados de votación en la aplicación ‘aVotar’, la cual se puede descargar de manera gratuita en Google Play y App Store, y en la página web de la Registraduría Nacional, www.registraduria.gov.co, haciendo clic en el botón ‘Consulta jurado de votación’.
Además, allí se informará el lugar, la fecha y la hora de la capacitación. Es importante reiterar que prestar el servicio de jurado de votación es de carácter obligatorio y que quienes sin justa causa no asistan a desempeñar sus funciones o las abandonen podrán ser destituidos del cargo que desempeñan, en caso de ser servidores públicos, y quienes no lo sean deberán pagar una multa de hasta diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 45 días hábiles siguientes a la votación.
CASANARE
Colegio Braulio González de Yopal recibe 16 computadores para fortalecer su sala de sistemas
La Institución Educativa Braulio González de Yopal recibió 16 computadores para apoyar los procesos académicos y el acceso a herramientas tecnológicas de sus estudiantes. La entrega fue gestionada por la Secretaría de Educación de Yopal, el Club Rotario Yopal y la empresa Linalca Informática.
La donación se concretó luego de que la secretaria de Educación, Carmenza Motta Rodríguez, expusiera la necesidad tecnológica del plantel. El Club Rotario Yopal adelantó gestiones con Linalca Informática en Bogotá para obtener los equipos.
El rector Jaime Rincón indicó que la institución ha tenido déficit de computadores en la última década, con una relación de un equipo por cada 30 estudiantes. Señaló que los nuevos equipos permitirán adecuar una sala de sistemas para uso de la comunidad educativa.
Estudiantes manifestaron que anteriormente las clases dependían del computador del docente y de algunos celulares. Con los nuevos equipos, tendrán acceso a programas y herramientas digitales para sus actividades. La Secretaría de Educación destacó que la entrega beneficiará a los estudiantes del plantel.
El alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruíz Riaño, participó en una mesa de trabajo con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, el Departamento Nacional de Planeación y la Gobernación de Casanare, donde se hizo seguimiento al proceso de empalme entre el IGAC y CATASIG.
Durante la jornada se revisaron aspectos técnicos, administrativos y operativos relacionados con la transición del servicio público catastral, que avanza según el cronograma establecido. También se analizaron alternativas frente al impuesto predial y posibles medidas de alivio para la comunidad.
El alcalde señaló que el trabajo conjunto con entidades nacionales y departamentales busca garantizar el desarrollo del proceso y brindar claridad a los contribuyentes sobre los cambios en materia catastral y predial.
En el encuentro se acordó el acompañamiento técnico y jurídico del Ministerio de Hacienda. Además, participaron veedores ciudadanos y líderes sociales en el seguimiento a las acciones relacionadas con el proceso en el municipio.
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