CASANARE
Investigan presuntas irregularidades en contratos para mejorar la vía Yopal – Orocué
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación al exalcalde de Orocué, Anderson Bernal, cuatro secretarios de su Administración, tres de la Gobernación y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, por presuntas irregularidades en contratos para el mejoramiento de la vía de acceso al municipio, por cerca de $34.000 millones.
La medida cobija a nivel departamental a los entonces secretarios de Obras Públicas, Héctor Miguel González; la exjefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento, Carmen Himelda González Pinilla; y al exdirector de Planeación Departamental – secretario técnico del OCAD, Humberto Alirio Martínez Pérez.
Así mismo, a los entonces secretarios de Obras Públicas de Orocué Joan Sebastián Galindo Valverde y Juan Vicente Cuevas Rodríguez; de Planeación, Ana Victoria Ardila Tovar, y la exjefe de la Oficina Jurídica, Luz Dary Páez Ramírez, y al interventor y representante de la Unión Temporal Intervía Orocué 2018, Gilberto Galindo Alvarado.
La Procuraduría Regional Casanare busca determinar la existencia de supuestas faltas disciplinarias relacionadas con denuncias presentadas ante el ente de control, sobre posibles acciones y/o omisiones frente al desarrollo de la etapa precontractual, contractual y de ejecución del Contrato de Obra No. 185, del 26 de abril de 2018, suscrito por la alcaldía de Orocué cuyo objeto era el “mejoramiento a nivel de afirmado de la vía secundaria que conduce desde el puente sobre el caño San Miguel hasta el puente sobre el caño El Duya (…)”, por un valor de $33.749.986.681.
El órgano de control también investiga presuntas irregularidades en el Contrato de Consultoría No. 1107, del 18 de junio de 2018, suscrito por la Gobernación con la Unión Temporal Intervia Orocué 2018, por un valor de $985’604.537, con el objeto de realizar interventoría técnica, ambiental, administrativa, financiera, contable y jurídica al mejoramiento de la vía.
La Procuraduría ordenó la práctica de pruebas con la finalidad de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió, el perjuicio causado a la administración pública con la presunta falta, y la responsabilidad disciplinaria de los investigados.
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Fuente: Procuraduría General de la Nación
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
