CASANARE
Investigan presuntas irregularidades en contratación del PAE y transporte escolar en Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió dos investigaciones disciplinarias contra 11 servidores y exservidores de la Gobernación de Casanare por presuntas irregularidades en la contratación de los servicios de alimentación y transporte escolar en ese departamento.
Retrasos en la implementación del PAE
Al parecer, se habrían presentado fallas en la estructuración de dos procesos de licitación pública abiertos en 2023 para implementar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en Casanare, para el año siguiente, lo que conllevó a su posterior revocatoria y al inicio tardío de este.
En consecuencia, en febrero de 2024, la gobernación declaró la urgencia manifiesta para garantizar la prestación del PAE, y adjudicó el contrato por más de $ 8.200 millones por un plazo de 58 días del calendario escolar.
Por lo anterior, no se habría garantizado la prestación del Servicio de Alimentación Escolar para 2024 a partir del primer día del cronograma académico.
Los cobijados en esta investigación son: las entonces jefes de la Oficina Jurídica, Carmen Himelda González Pinilla y Karen Sofía Santafé Agudelo; los secretarios de Educación, para la época de los hechos, Diego Fernando Ardila Plazas y Elisabeth Ojeda Rodríguez; los directores de Cobertura Educativa en 2023 y 2024, Andrés Jesús Campos Becerra y Nelson Leonardo González Amador y el director de Calidad Educativa, David Federico Díaz Sánchez.
Transporte escolar
De otra parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare investiga las presuntas irregularidades presentadas en el proceso que terminó con la adjudicación, al Consorcio Nuevo Amanecer, del contrato de servicio de transporte escolar para los estudiantes de 18 municipios no certificados de Casanare.
Los cuatro integrantes del comité evaluador de la Oficina Jurídica habrían habilitado jurídica, técnica y financieramente la propuesta presentada por el citado oferente, a pesar de no haber cumplido aparentemente los requisitos habilitantes exigidos en el pliego de condiciones.
Entre tanto, la jefe de la Oficina Jurídica adjudicó el cuestionado proceso de selección abreviada.
Por estos hechos se investiga disciplinariamente a la líder de ese despacho, Karen Sofía Santafé Agudelo y a los integrantes del comité evaluador: Javier Eduardo Colina Cuevas, Libia Yasmín Fernández Niño, Andrés Mauricio Monero Gutiérrez y Luis Miguel Pérez Sanabria.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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