CASANARE
Intervienen sitio de interés forense en zona rural de Tauramena, en busca de víctimas del conflicto armado
Hasta la vereda Cuernavaca, una zona apartada a orillas del río Chitamena, llegó un grupo de mujeres con una idea fija: avanzar en la búsqueda de sus seres queridos. Lo hicieron junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que intervino un terreno de más de 800 metros cuadrados.
Este lugar fue identificado gracias al trabajo de la Fundación Yovany Quevedo “Lazos de Vida” como un sitio de interés forense, donde habrían sido inhumadas tres personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Una de ellas fue recuperada hace años por la Fiscalía, también a partir de la información suministrada por la misma organización.
Al lugar llegó un equipo de la Unidad de Búsqueda conformado por profesionales forenses, una investigadora territorial y un geofísico. Debido a la extensión del terreno, y las condiciones del suelo, se utilizó un georradar para identificar posibles alteraciones.
Según explicó Diego Chaparro, líder del equipo forense, las imágenes obtenidas permitieron ubicar varias anomalías en el subsuelo. “Esas señales fueron verificadas con pozos de sondeo para determinar si correspondían a posibles lugares de inhumación. Sin embargo, en su mayoría, se trataba de alteraciones provocadas por la vegetación o el paso del tiempo”, señaló.
Esta articulación se marca dentro del Plan Regional de Búsqueda del Suroccidente de Casanare de la UBPD, apoyado en la experiencia acumulada por la Fundación Yovany Quevedo “Lazos de Vida”, quienes durante más de 15 años han trabajado en el territorio. Conformada por familiares de personas desaparecidas, la organización ha llevado adelante un trabajo riguroso de investigación humanitaria que permitió identificar distintos sitios de interés forense en Casanare. Uno de ellos es el predio intervenido en Tauramena.
Lyda Quevedo lleva más de dos décadas recorriendo caminos en Casanare en busca de personas desaparecidas. Fundadora de la fundación que lleva el nombre de su hermano, Yovany, ha sido una de las voces más persistentes en la región. Durante la intervención en Cuernavaca, acompañó cada jornada de trabajo y compartió con el equipo su conocimiento del territorio.
“Debemos seguir trabajando en articulación, en equipo, no solo por Casanare sino por Colombia, unidos hasta encontrar”, dijo al final de la jornada, con la certeza de que cada esfuerzo suma en la larga tarea de la búsqueda.
La Coordinadora de la Regional Oriente de la UBPD, Adriana Pestana, indicó que: “Realizamos esta acción a partir de una investigación que viene realizando la familia, a través de la corporación Yovany Quevedo, quienes venían de un proceso de años indagando en diferentes lugares para poder dar con el desfile de su familiar desaparecido”. Asimismo, indicó que esta información más otra que había recopilado la Fiscalía se realizó en una investigación humanitaria para determinar el sitio de interés forense a intervenir.
Teniendo en cuenta la cercanía del sitio a intervenir, con un brazo del río Chitamena, que en épocas de invierno moviliza arena y piedras, se hizo necesario el uso de una retroexcavadora mixta, también conocida como pajarita, con la que pudo retirar el suelo superficial con mayor facilidad. Esta herramienta fue un aporte de la Alcaldía de Tauramena. Además, se abrieron trincheras de dos metros de profundidad aproximadamente, con las que se buscó elementos característicos que pudieron determinar alteraciones ocasionadas por causas humanas.
Esta acción humanitaria dejó importantes aprendizajes, entre estos, reconocer y valorar el conocimiento que las víctimas tienen sobre el territorio. Este saber resultó clave para enfrentar situaciones concretas en el terreno, evidenciando que su participación no solo fortalece la eficacia de la búsqueda, sino que también contribuye a su reconocimiento y dignificación.
Lyda Quevedo resaltó la importancia de la vinculación activa de las organizaciones y mujeres buscadoras de los desaparecidos que “por años han realizado un trabajo de recopilación y sensibilización sobre la entrega de información y un trabajo artesanal en campo que hoy sumando a un equipo de profesionales aúnan esfuerzos para encontrar a las más de 2.000 personas desaparecidas que dejaron el conflicto armado y que están en las sabanas, montañas y ríos de Casanare”.
La Unidad de Búsqueda cuenta con 25 sedes territoriales y 4 sedes satélite en el país, donde recibe solicitudes de búsqueda y aportes de información que permiten encontrar personas que se encuentran desaparecidas y cuyas familias continúan buscando. En Casanare, la sede está ubicada en Calle 16 
Fuente: Comunicaciones UBPD
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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