CASANARE
Intervienen sitio de interés forense en zona rural de Tauramena, en busca de víctimas del conflicto armado
Hasta la vereda Cuernavaca, una zona apartada a orillas del río Chitamena, llegó un grupo de mujeres con una idea fija: avanzar en la búsqueda de sus seres queridos. Lo hicieron junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que intervino un terreno de más de 800 metros cuadrados.
Este lugar fue identificado gracias al trabajo de la Fundación Yovany Quevedo “Lazos de Vida” como un sitio de interés forense, donde habrían sido inhumadas tres personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Una de ellas fue recuperada hace años por la Fiscalía, también a partir de la información suministrada por la misma organización.
Al lugar llegó un equipo de la Unidad de Búsqueda conformado por profesionales forenses, una investigadora territorial y un geofísico. Debido a la extensión del terreno, y las condiciones del suelo, se utilizó un georradar para identificar posibles alteraciones.
Según explicó Diego Chaparro, líder del equipo forense, las imágenes obtenidas permitieron ubicar varias anomalías en el subsuelo. “Esas señales fueron verificadas con pozos de sondeo para determinar si correspondían a posibles lugares de inhumación. Sin embargo, en su mayoría, se trataba de alteraciones provocadas por la vegetación o el paso del tiempo”, señaló.
Esta articulación se marca dentro del Plan Regional de Búsqueda del Suroccidente de Casanare de la UBPD, apoyado en la experiencia acumulada por la Fundación Yovany Quevedo “Lazos de Vida”, quienes durante más de 15 años han trabajado en el territorio. Conformada por familiares de personas desaparecidas, la organización ha llevado adelante un trabajo riguroso de investigación humanitaria que permitió identificar distintos sitios de interés forense en Casanare. Uno de ellos es el predio intervenido en Tauramena.
Lyda Quevedo lleva más de dos décadas recorriendo caminos en Casanare en busca de personas desaparecidas. Fundadora de la fundación que lleva el nombre de su hermano, Yovany, ha sido una de las voces más persistentes en la región. Durante la intervención en Cuernavaca, acompañó cada jornada de trabajo y compartió con el equipo su conocimiento del territorio.
“Debemos seguir trabajando en articulación, en equipo, no solo por Casanare sino por Colombia, unidos hasta encontrar”, dijo al final de la jornada, con la certeza de que cada esfuerzo suma en la larga tarea de la búsqueda.
La Coordinadora de la Regional Oriente de la UBPD, Adriana Pestana, indicó que: “Realizamos esta acción a partir de una investigación que viene realizando la familia, a través de la corporación Yovany Quevedo, quienes venían de un proceso de años indagando en diferentes lugares para poder dar con el desfile de su familiar desaparecido”. Asimismo, indicó que esta información más otra que había recopilado la Fiscalía se realizó en una investigación humanitaria para determinar el sitio de interés forense a intervenir.
Teniendo en cuenta la cercanía del sitio a intervenir, con un brazo del río Chitamena, que en épocas de invierno moviliza arena y piedras, se hizo necesario el uso de una retroexcavadora mixta, también conocida como pajarita, con la que pudo retirar el suelo superficial con mayor facilidad. Esta herramienta fue un aporte de la Alcaldía de Tauramena. Además, se abrieron trincheras de dos metros de profundidad aproximadamente, con las que se buscó elementos característicos que pudieron determinar alteraciones ocasionadas por causas humanas.
Esta acción humanitaria dejó importantes aprendizajes, entre estos, reconocer y valorar el conocimiento que las víctimas tienen sobre el territorio. Este saber resultó clave para enfrentar situaciones concretas en el terreno, evidenciando que su participación no solo fortalece la eficacia de la búsqueda, sino que también contribuye a su reconocimiento y dignificación.
Lyda Quevedo resaltó la importancia de la vinculación activa de las organizaciones y mujeres buscadoras de los desaparecidos que “por años han realizado un trabajo de recopilación y sensibilización sobre la entrega de información y un trabajo artesanal en campo que hoy sumando a un equipo de profesionales aúnan esfuerzos para encontrar a las más de 2.000 personas desaparecidas que dejaron el conflicto armado y que están en las sabanas, montañas y ríos de Casanare”.
La Unidad de Búsqueda cuenta con 25 sedes territoriales y 4 sedes satélite en el país, donde recibe solicitudes de búsqueda y aportes de información que permiten encontrar personas que se encuentran desaparecidas y cuyas familias continúan buscando. En Casanare, la sede está ubicada en Calle 16 
Fuente: Comunicaciones UBPD
Una denuncia pública radicada ante organismos de control advierte presuntas irregularidades en el manejo de recursos de la salud por parte de CAPRESOCA EPS en Casanare, relacionadas con giros millonarios a terceros que no cumplirían requisitos legales ni contractuales. El documento señala posibles hechos de favorecimiento indebido, incumplimiento de normas técnicas y un eventual detrimento patrimonial en el uso de dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que prende alertas sobre la transparencia en la administración de la entidad. Los hechos se dieron durante la administración de la suspendida Agente Interventora, Betty Cecilia Anaya Nieto.
El caso más delicado expuesto corresponde a un giro por $1.222 millones a la Fundación Cuerpo en Movimiento (FUCEM), realizado el 28 de enero de 2026, pese a que —según la denuncia— esta IPS no se encontraba habilitada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS) ni tendría contratos publicados en SECOP II. De confirmarse, este hecho podría constituir una violación a las normas que prohíben transferir recursos públicos de salud a prestadores no habilitados, comprometiendo la legalidad del pago y la garantía de calidad en la prestación de servicios .
Adicionalmente, se cuestiona el manejo contractual con la empresa CURE LATAM SAS, a la cual CAPRESOCA habría girado $794 millones en enero, equivalente al 40% del valor total de un contrato anual de $2.000 millones. La denuncia advierte que estos pagos se habrían realizado sin evidencia de facturación previa, pese a que el contrato establece desembolsos condicionados a cuentas radicadas y auditadas. Este punto sugiere posibles fallas en los controles internos y en el cumplimiento de las cláusulas contractuales, así como riesgos de pagos anticipados injustificados .
El documento también señala inconsistencias en los reportes financieros, como el uso de numeraciones de factura no verificables ante la DIAN, lo que podría afectar la trazabilidad de los recursos. En conjunto, los hechos descritos reflejan presuntas debilidades estructurales en la gestión de la EPS, actualmente bajo intervención de la Superintendencia de Salud, y motivan el llamado a investigaciones fiscales, disciplinarias y administrativas para establecer responsabilidades y determinar si existió daño al erario .
CASANARE
Estrategia de autoconstrucción de Zorro llegó a Monterrey con la construcción de un box culvert
El gobernador César Ortiz Zorro impulsa en el municipio de Monterrey la construcción de un box culvert en el sector del Caño Grande, vereda Bellavista, sector Las Víctimas, una obra que avanza mediante el modelo de autoconstrucción con participación activa de la comunidad.
En este punto, se desarrolla una conexión que fortalecerá la movilidad y la agroindustria de la zona, consolidando esfuerzos conjuntos para mejorar la infraestructura rural del municipio.
El proyecto cuenta con el trabajo articulado de la comunidad, concejales del municipio y el Gobierno departamental, que ha aportado 16 tubos de 36 pulgadas y maquinaria para su ejecución.
Durante una visita técnica, el secretario de Infraestructura de Casanare, Álvaro Rivera, verificó los avances de la obra, la cual busca mejorar la conectividad rural y fortalecer la dinámica agroproductiva de este importante sector.
Esta intervención registra avances significativos y se consolida como un ejemplo del modelo de autoconstrucción promovido por el Gobierno de las Oportunidades, que permite la articulación efectiva entre comunidad, autoridades locales y Gobierno departamental para sacar adelante soluciones en el territorio.
Tres personas señaladas de integrar una estructura criminal dedicada al sicariato fueron capturadas en el municipio de Villanueva, en medio de un operativo adelantado por las autoridades. De acuerdo con las investigaciones, los detenidos estarían vinculados a varios homicidios y pretendían consolidar el control de la venta de estupefacientes en la zona, atentando contra quienes se oponían a sus actividades ilícitas.
El procedimiento incluyó dos diligencias de allanamiento y registro que permitieron hacer efectivas dos capturas por orden judicial por los delitos de homicidio y tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con el alias de “TATU”, quien presenta antecedentes por homicidio, receptación y hurto calificado. El segundo capturado registra anotaciones por homicidio, porte ilegal de armas y al menos cinco casos relacionados con tráfico de estupefacientes.
En el desarrollo del operativo también fue capturada en flagrancia una mujer, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas. Durante las acciones, las autoridades incautaron dos revólveres, munición de diferentes calibres, dosis de base de coca y marihuana, así como elementos utilizados para la dosificación de sustancias ilícitas. Los dos hombres fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que la mujer quedó en libertad, pero vinculada al proceso.
Según el coronel Pablo Javier Galindo Valencia, con estas capturas se busca avanzar en el esclarecimiento de al menos cuatro homicidios registrados en Villanueva en lo corrido de 2026. En conjunto, los detenidos suman 11 registros como indiciados por delitos relacionados con homicidio, narcotráfico, porte ilegal de armas, hurto agravado y receptación.
