CASANARE
Intervienen sitio de interés forense en zona rural de Tauramena, en busca de víctimas del conflicto armado
Hasta la vereda Cuernavaca, una zona apartada a orillas del río Chitamena, llegó un grupo de mujeres con una idea fija: avanzar en la búsqueda de sus seres queridos. Lo hicieron junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, que intervino un terreno de más de 800 metros cuadrados.
Este lugar fue identificado gracias al trabajo de la Fundación Yovany Quevedo “Lazos de Vida” como un sitio de interés forense, donde habrían sido inhumadas tres personas desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Una de ellas fue recuperada hace años por la Fiscalía, también a partir de la información suministrada por la misma organización.
Al lugar llegó un equipo de la Unidad de Búsqueda conformado por profesionales forenses, una investigadora territorial y un geofísico. Debido a la extensión del terreno, y las condiciones del suelo, se utilizó un georradar para identificar posibles alteraciones.
Según explicó Diego Chaparro, líder del equipo forense, las imágenes obtenidas permitieron ubicar varias anomalías en el subsuelo. “Esas señales fueron verificadas con pozos de sondeo para determinar si correspondían a posibles lugares de inhumación. Sin embargo, en su mayoría, se trataba de alteraciones provocadas por la vegetación o el paso del tiempo”, señaló.
Esta articulación se marca dentro del Plan Regional de Búsqueda del Suroccidente de Casanare de la UBPD, apoyado en la experiencia acumulada por la Fundación Yovany Quevedo “Lazos de Vida”, quienes durante más de 15 años han trabajado en el territorio. Conformada por familiares de personas desaparecidas, la organización ha llevado adelante un trabajo riguroso de investigación humanitaria que permitió identificar distintos sitios de interés forense en Casanare. Uno de ellos es el predio intervenido en Tauramena.
Lyda Quevedo lleva más de dos décadas recorriendo caminos en Casanare en busca de personas desaparecidas. Fundadora de la fundación que lleva el nombre de su hermano, Yovany, ha sido una de las voces más persistentes en la región. Durante la intervención en Cuernavaca, acompañó cada jornada de trabajo y compartió con el equipo su conocimiento del territorio.
“Debemos seguir trabajando en articulación, en equipo, no solo por Casanare sino por Colombia, unidos hasta encontrar”, dijo al final de la jornada, con la certeza de que cada esfuerzo suma en la larga tarea de la búsqueda.
La Coordinadora de la Regional Oriente de la UBPD, Adriana Pestana, indicó que: “Realizamos esta acción a partir de una investigación que viene realizando la familia, a través de la corporación Yovany Quevedo, quienes venían de un proceso de años indagando en diferentes lugares para poder dar con el desfile de su familiar desaparecido”. Asimismo, indicó que esta información más otra que había recopilado la Fiscalía se realizó en una investigación humanitaria para determinar el sitio de interés forense a intervenir.
Teniendo en cuenta la cercanía del sitio a intervenir, con un brazo del río Chitamena, que en épocas de invierno moviliza arena y piedras, se hizo necesario el uso de una retroexcavadora mixta, también conocida como pajarita, con la que pudo retirar el suelo superficial con mayor facilidad. Esta herramienta fue un aporte de la Alcaldía de Tauramena. Además, se abrieron trincheras de dos metros de profundidad aproximadamente, con las que se buscó elementos característicos que pudieron determinar alteraciones ocasionadas por causas humanas.
Esta acción humanitaria dejó importantes aprendizajes, entre estos, reconocer y valorar el conocimiento que las víctimas tienen sobre el territorio. Este saber resultó clave para enfrentar situaciones concretas en el terreno, evidenciando que su participación no solo fortalece la eficacia de la búsqueda, sino que también contribuye a su reconocimiento y dignificación.
Lyda Quevedo resaltó la importancia de la vinculación activa de las organizaciones y mujeres buscadoras de los desaparecidos que “por años han realizado un trabajo de recopilación y sensibilización sobre la entrega de información y un trabajo artesanal en campo que hoy sumando a un equipo de profesionales aúnan esfuerzos para encontrar a las más de 2.000 personas desaparecidas que dejaron el conflicto armado y que están en las sabanas, montañas y ríos de Casanare”.
La Unidad de Búsqueda cuenta con 25 sedes territoriales y 4 sedes satélite en el país, donde recibe solicitudes de búsqueda y aportes de información que permiten encontrar personas que se encuentran desaparecidas y cuyas familias continúan buscando. En Casanare, la sede está ubicada en Calle 16 
Fuente: Comunicaciones UBPD
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
