CASANARE
Interventor de Capresoca pide a la Secretaría de Salud entregar pruebas sobre denuncia de contrato con una IPS privada
El Agente Especial Interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud para administrar Capresoca, rechazó la información revelada por la página de Facebook de la Gobernación de Casanare y solicitó al ente territorial la rectificación de lo informado, en el marco del deber de entregar información veraz a los usuarios afiliados a la EPS y a la comunidad en general.
En el mismo sentido, invitó a la administración departamental a entregar las pruebas que sustentan la acusación sobre las presuntas irregularidades que denuncia frente a la contratación adelantada por la EPS, dado que el pronunciamiento público realizado se concibe como una flagrante violación del debido proceso, cuando sin haberse efectuado auditorias o acciones propias de inspección, vigilancia y control, se afirme de una irregularidad y se hable de denuncia, vulnerando el derecho constitucional del debido proceso, desconociendo que el contratar con un privado no está tipificado como delito en las leyes colombianas, conducta que adicionalmente, viola el principio de presunción de inocencia y decisiones basadas en pruebas, puesto que la secretaria departamental de salud habla de irregularidades como un hecho cierto, desconociendo lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 que establece la obligatoriedad de contratar con la red pública promoción y prevención, disposición normativa que ha sido acatada debidamente por esta administración.
La denuncia se enfoca en un contrato que tiene objeto y causa legítima, y no vulnera el artículo 16 de la Ley 1122 de 2007, en el cual, establece la obligación de contratar un porcentaje del 60% del gasto de salud con la red pública y el otro 40% con la red privada, para lo cual Capresoca ha dado cabal cumplimiento.
Para el contexto y las claridades del caso, Capresoca señaló:
Desde el 07 de octubre de 2024, fecha en que se produce la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa de Capresoca EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el Agente Interventor y su equipo de trabajo han adelantado acciones de concertación con la red pública del departamento, conscientes de la necesidad de fortalecer estas instituciones, que constituyen la puerta de entrada a los servicios de salud demandados por la población casanareña, a fin de mejorar las condiciones de accesibilidad, calidad y resolutividad en la atención. Por primera vez en la historia, Capresoca fortalece y prioriza a la Red Pública del Casanare.
Bajo esta premisa, la entidad prestadora de salud ha generado para el año 2025 un incremento presupuestal significativo para la contratación con las empresas sociales del estado de orden departamental y municipal, para lo cual, se firmaron desde el 2 de enero de 2025 los contratos de atención materno perinatal, Promoción y Mantenimiento de la Salud, garantizando la prestación ininterrumpida del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el marco de la intervención forzosa administrativa, para la vigencia fiscal 2025, se asignó un porcentaje de demanda inducida a la red pública, contrato que fue adjudicado en 2024 a prestadores privados; lo anterior indica el compromiso del Agente Interventor de fortalecer y priorizar la Red Pública del Departamento.
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De igual manera y en concordancia con la implementación del modelo de salud preventivo y predictivo del gobierno nacional, fundamentado en la estrategia de Atención Primaria en Salud – APS -, Capresoca EPS ha dispuesto con las IPS públicas de primer nivel del departamento, la contratación de equipos complementarios de salud, los cuales se encargarán de garantizar la articulación de los equipos de salud territoriales con la red primaria y complementaria de la EPS, a fin de eliminar barreras de acceso al servicio y brindar al usuario la integralidad de la atención que requiera conforme a su condición de salud.
En relación con la necesidad de mejorar la capacidad técnica y resolutiva de la red de primer nivel, Capresoca indicó que ha diseñado y propuesto una estrategia de apoyo científico desde la IPS Hospital Regional de la Orinoquia a los centros de salud de Red Salud Casanare ESE, estrategia que ha quedado contemplada y cubierta dentro de los incentivos por resultados pactados en el contrato con el HORO.
Informan que se está adelantando actualmente la revisión de oferta de especialidades básicas presentada por las IPS públicas, con el propósito de garantizar la prestación del servicio en los municipios de residencia de sus afiliados, evitando desplazamientos innecesarios y apoyando de este modo el fortalecimiento operativo y capacidad instalada de estos prestadores públicos.
Con lo anterior quieren dar claridad respecto a las acciones que desde lo contractual se han adelantado con la red pública departamental y dan cuenta del respaldo decidido de Capresoca EPS a estas instituciones, a fin de desvirtuar las acusaciones que se han generado la Secretaría departamental de salud, para lo cual extienden la invitación de manera respetuosa al ente territorial a contribuir como ente integrador de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad de Salud en el departamento, en concordancia con lo establecido en la Ley 715 de 2001.
Finalmente invitan a sus usuarios a hacer uso de los servicios que vienen garantizando con las IPS Públicas del departamento, en el entendido de que, tanto contractual como financieramente, ya han sido pactadas las condiciones de operación de la red de servicios de primer nivel y de que los mismos se garantizan en normalidad en los 19 municipios del departamento.
Fuente: Capresoca Eps
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
