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Interventor de Capresoca pide a la Secretaría de Salud entregar pruebas sobre denuncia de contrato con una IPS privada

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El Agente Especial Interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud para administrar Capresoca, rechazó la información revelada por la página de Facebook de la Gobernación de Casanare y solicitó al ente territorial la rectificación de lo informado, en el marco del deber de entregar información veraz a los usuarios afiliados a la EPS y a la comunidad en general.

En el mismo sentido, invitó a la administración departamental a entregar las pruebas que sustentan la acusación sobre las presuntas irregularidades que denuncia frente a la contratación adelantada por la EPS, dado que el pronunciamiento público realizado se concibe como una flagrante violación del debido proceso, cuando sin haberse efectuado auditorias o acciones propias de inspección, vigilancia y control, se afirme de una irregularidad y se hable de denuncia, vulnerando el derecho constitucional del debido proceso, desconociendo que el contratar con un privado no está tipificado como delito en las leyes colombianas, conducta que adicionalmente, viola el principio de presunción de inocencia y decisiones basadas en pruebas, puesto que la secretaria departamental de salud habla de irregularidades como un hecho cierto, desconociendo lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 que establece la obligatoriedad de contratar con la red pública promoción y prevención, disposición normativa que ha sido acatada debidamente por esta administración.

La denuncia se enfoca en un contrato que tiene objeto y causa legítima, y no vulnera el artículo 16 de la Ley 1122 de 2007, en el cual, establece la obligación de contratar un porcentaje del 60% del gasto de salud con la red pública y el otro 40% con la red privada, para lo cual Capresoca ha dado cabal cumplimiento.

Para el contexto y las claridades del caso, Capresoca señaló:

Desde el 07 de octubre de 2024, fecha en que se produce la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa de Capresoca EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el Agente Interventor y su equipo de trabajo han adelantado acciones de concertación con la red pública del departamento, conscientes de la necesidad de fortalecer estas instituciones, que constituyen la puerta de entrada a los servicios de salud demandados por la población casanareña, a fin de mejorar las condiciones de accesibilidad, calidad y resolutividad en la atención. Por primera vez en la historia, Capresoca fortalece y prioriza a la Red Pública del Casanare.

Bajo esta premisa, la entidad prestadora de salud ha generado para el año 2025 un incremento presupuestal significativo para la contratación con las empresas sociales del estado de orden departamental y municipal, para lo cual, se firmaron desde el 2 de enero de 2025 los contratos de atención materno perinatal, Promoción y Mantenimiento de la Salud, garantizando la prestación ininterrumpida del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025.

En el marco de la intervención forzosa administrativa, para la vigencia fiscal 2025, se asignó un porcentaje de demanda inducida a la red pública, contrato que fue adjudicado en 2024 a prestadores privados; lo anterior indica el compromiso del Agente Interventor de fortalecer y priorizar la Red Pública del Departamento.

Lea también: Denuncian ante Supersalud millonario contrato de Capresoca que no tuvo en cuenta la red pública del departamento

De igual manera y en concordancia con la implementación del modelo de salud preventivo y predictivo del gobierno nacional, fundamentado en la estrategia de Atención Primaria en Salud – APS -, Capresoca  EPS ha dispuesto con las IPS públicas de primer nivel del departamento, la contratación de equipos complementarios de salud, los cuales se encargarán de garantizar la articulación de los equipos de salud territoriales con la red primaria y complementaria de la EPS, a fin de eliminar barreras de acceso al servicio y brindar al usuario la integralidad de la atención que requiera conforme a su condición de salud.

En relación con la necesidad de mejorar la capacidad técnica y resolutiva de la red de primer nivel, Capresoca indicó que ha diseñado y propuesto una estrategia de apoyo científico desde la IPS Hospital Regional de la Orinoquia a los centros de salud de Red Salud Casanare ESE, estrategia que ha quedado contemplada y cubierta dentro de los incentivos por resultados pactados en el contrato con el HORO.

Informan que se está adelantando actualmente la revisión de oferta de especialidades básicas presentada por las IPS públicas, con el propósito de garantizar la prestación del servicio en los municipios de residencia de sus afiliados, evitando desplazamientos innecesarios y apoyando de este modo el fortalecimiento operativo y capacidad instalada de estos prestadores públicos.

Con lo anterior quieren dar claridad respecto a las acciones que desde lo contractual se han adelantado con la red pública departamental y dan cuenta del respaldo decidido de Capresoca EPS a estas instituciones, a fin de desvirtuar las acusaciones que se han generado la Secretaría departamental de salud, para lo cual extienden la invitación de manera respetuosa al ente territorial a contribuir como ente integrador de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad de Salud en el departamento, en concordancia con lo establecido en la Ley 715 de 2001.

Finalmente invitan a sus usuarios a hacer uso de los servicios que vienen garantizando con las IPS Públicas del departamento, en el entendido de que, tanto contractual como financieramente, ya han sido pactadas las condiciones de operación de la red de servicios de primer nivel  y de que los mismos se garantizan en normalidad en los 19 municipios del departamento.

Fuente: Capresoca Eps

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Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso

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El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.

El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.

Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.

El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:

• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.

Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.

Una defensa que terminó respaldada por la justicia

El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.

Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.

Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.

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Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026

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Bomberos Yopal sede

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.

De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.

A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.

El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.

En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.

Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.

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Jornadas de prevención de salud mental y de consumo de alcohol llegan a zona rural de Yopal

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En la vereda Palo Bajito de Yopal, en la Institución Educativa Divino Salvador, se desarrolló una jornada de escuela de padres, orientada a fortalecer la salud mental y prevenir el consumo de alcohol en entornos familiares y comunitarios del sector.

Durante la actividad, liderada por la Secretaría de Salud Municipal a través del programa de Convivencia Social y Salud Mental, se socializaron los servicios disponibles para la comunidad, en temas como violencia de género, violencia sexual y consumo de sustancias psicoactivas.

A su vez, se abordó la estrategia de prevención del consumo de alcohol “Mente clara, vida sana, un mensaje para la familia”, con el acompañamiento de la comunidad ‘Alcohólicos Anónimos’, quienes entregaron material de lectura a cada padre de familia.

Estas acciones hacen parte de las estrategias de promoción y prevención que se adelantan en el municipio, con el objetivo de fortalecer el bienestar emocional, promover entornos protectores y generar herramientas en las familias para la toma de decisiones responsables.

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