CASANARE
Interventor de Capresoca pide a la Secretaría de Salud entregar pruebas sobre denuncia de contrato con una IPS privada
El Agente Especial Interventor designado por la Superintendencia Nacional de Salud para administrar Capresoca, rechazó la información revelada por la página de Facebook de la Gobernación de Casanare y solicitó al ente territorial la rectificación de lo informado, en el marco del deber de entregar información veraz a los usuarios afiliados a la EPS y a la comunidad en general.
En el mismo sentido, invitó a la administración departamental a entregar las pruebas que sustentan la acusación sobre las presuntas irregularidades que denuncia frente a la contratación adelantada por la EPS, dado que el pronunciamiento público realizado se concibe como una flagrante violación del debido proceso, cuando sin haberse efectuado auditorias o acciones propias de inspección, vigilancia y control, se afirme de una irregularidad y se hable de denuncia, vulnerando el derecho constitucional del debido proceso, desconociendo que el contratar con un privado no está tipificado como delito en las leyes colombianas, conducta que adicionalmente, viola el principio de presunción de inocencia y decisiones basadas en pruebas, puesto que la secretaria departamental de salud habla de irregularidades como un hecho cierto, desconociendo lo reglado en el artículo 14 de la Ley 1122 de 2007 que establece la obligatoriedad de contratar con la red pública promoción y prevención, disposición normativa que ha sido acatada debidamente por esta administración.
La denuncia se enfoca en un contrato que tiene objeto y causa legítima, y no vulnera el artículo 16 de la Ley 1122 de 2007, en el cual, establece la obligación de contratar un porcentaje del 60% del gasto de salud con la red pública y el otro 40% con la red privada, para lo cual Capresoca ha dado cabal cumplimiento.
Para el contexto y las claridades del caso, Capresoca señaló:
Desde el 07 de octubre de 2024, fecha en que se produce la toma de posesión inmediata de bienes, haberes y negocios y la intervención forzosa de Capresoca EPS por parte de la Superintendencia Nacional de Salud, el Agente Interventor y su equipo de trabajo han adelantado acciones de concertación con la red pública del departamento, conscientes de la necesidad de fortalecer estas instituciones, que constituyen la puerta de entrada a los servicios de salud demandados por la población casanareña, a fin de mejorar las condiciones de accesibilidad, calidad y resolutividad en la atención. Por primera vez en la historia, Capresoca fortalece y prioriza a la Red Pública del Casanare.
Bajo esta premisa, la entidad prestadora de salud ha generado para el año 2025 un incremento presupuestal significativo para la contratación con las empresas sociales del estado de orden departamental y municipal, para lo cual, se firmaron desde el 2 de enero de 2025 los contratos de atención materno perinatal, Promoción y Mantenimiento de la Salud, garantizando la prestación ininterrumpida del servicio hasta el 31 de diciembre de 2025.
En el marco de la intervención forzosa administrativa, para la vigencia fiscal 2025, se asignó un porcentaje de demanda inducida a la red pública, contrato que fue adjudicado en 2024 a prestadores privados; lo anterior indica el compromiso del Agente Interventor de fortalecer y priorizar la Red Pública del Departamento.
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De igual manera y en concordancia con la implementación del modelo de salud preventivo y predictivo del gobierno nacional, fundamentado en la estrategia de Atención Primaria en Salud – APS -, Capresoca EPS ha dispuesto con las IPS públicas de primer nivel del departamento, la contratación de equipos complementarios de salud, los cuales se encargarán de garantizar la articulación de los equipos de salud territoriales con la red primaria y complementaria de la EPS, a fin de eliminar barreras de acceso al servicio y brindar al usuario la integralidad de la atención que requiera conforme a su condición de salud.
En relación con la necesidad de mejorar la capacidad técnica y resolutiva de la red de primer nivel, Capresoca indicó que ha diseñado y propuesto una estrategia de apoyo científico desde la IPS Hospital Regional de la Orinoquia a los centros de salud de Red Salud Casanare ESE, estrategia que ha quedado contemplada y cubierta dentro de los incentivos por resultados pactados en el contrato con el HORO.
Informan que se está adelantando actualmente la revisión de oferta de especialidades básicas presentada por las IPS públicas, con el propósito de garantizar la prestación del servicio en los municipios de residencia de sus afiliados, evitando desplazamientos innecesarios y apoyando de este modo el fortalecimiento operativo y capacidad instalada de estos prestadores públicos.
Con lo anterior quieren dar claridad respecto a las acciones que desde lo contractual se han adelantado con la red pública departamental y dan cuenta del respaldo decidido de Capresoca EPS a estas instituciones, a fin de desvirtuar las acusaciones que se han generado la Secretaría departamental de salud, para lo cual extienden la invitación de manera respetuosa al ente territorial a contribuir como ente integrador de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad de Salud en el departamento, en concordancia con lo establecido en la Ley 715 de 2001.
Finalmente invitan a sus usuarios a hacer uso de los servicios que vienen garantizando con las IPS Públicas del departamento, en el entendido de que, tanto contractual como financieramente, ya han sido pactadas las condiciones de operación de la red de servicios de primer nivel y de que los mismos se garantizan en normalidad en los 19 municipios del departamento.
Fuente: Capresoca Eps
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
