CASANARE
Instituciones Educativas de Yopal ya cuentan con servicio de vigilancia
Una muy buena noticia entregó la Secretaria de Educación de Yopal Lyda Zareth Gamboa a la comunidad educativa, señalando que se consiguió, gracias a gestión ante el Ministerio de Educación Nacional, garantizar el servicio de vigilancia para las Instituciones Educativas de la capital.
Tras reiteradas e insistentes gestiones adelantadas por el equipo de la Secretaría ante el Ministerio, por fin se logró un complemento no previsto que permitió contratar el servicio de vigilancia y seguridad privada en las instituciones educativas oficiales del municipio, a partir del 9 de noviembre y hasta el 31 de diciembre.
De esta manera el servicio está garantizado por 53 días, lo que permite culminar este año con la prestación de este servicio fundamental para las sedes educativas.
“No nos quedamos quietos un segundo, buscando alternativas para garantizar la seguridad en las instituciones educativas, a través de medidas preventivas que los señores rectores aplicaron exitosamente; gracias al apoyo de la Policía Nacional y de comunidad de los sectores aledaños que contribuyeron a proteger las instituciones educativas”, afirmó Gamboa González.
Aporte del Concejo de Yopal
De igual manera, la Secretaría de Educación tramitó ante el Concejo Municipal, un proyecto de vigencias futuras excepcionales que fue aprobado por los concejales, lo que ha permitido adelantar desde ahora, un proceso para dar continuidad a la prestación del servicio de vigilancia, a partir del 1 de enero y hasta el próximo 27 de mayo de 2023.
Teniendo en cuenta que el escenario presupuestal y financiero para el 2023 no es favorable, para garantizar la prestación del servicio de vigilancia por todo el calendario escolar, desde la Secretaría de Educación Municipal, se insiste en la necesidad de continuar adelantando acciones preventivas, planteadas en la circular 196 del 22 de julio, las cuales han dado resultados, debido a que a través de estas acciones se ha minimizado la ocurrencia de situaciones de riesgo.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
