CASANARE
Inscripciones abiertas para posgrados en Derecho, con la Universidad Nacional y Unitrópico
Las especializaciones en Derecho Administrativo y en Instituciones Jurídico Procesales que se ofrecen en Casanare a través del convenio entre Unitrópico y la Universidad Nacional, tienen disponible el pago de inscripciones a partir de este 26 de julio hasta el próximo 15 de agosto.
Esta oferta de posgrado es pertinente para abogados, politólogos, sociólogos, administradores públicos, entre otras ciencias afines. Con este convenio la Universidad Nacional dictará las clases en las instalaciones de Unitrópico.
Los interesados pueden pagar sus derechos de inscripción en el Banco Popular, Cuenta Corriente No. 110-01203107-6 a nombre de “Universidad Nacional de Colombia-Inscripciones Posgrados” o lo pueden realizar vía Baloto a nivel nacional con el convenio 951112 (pin inscripción prueba de admisión a posgrado).
Para ampliar detalles del proceso de inscripción, puede visitar el link http://www.admisiones.unal.edu.co/ o se puede comunicar al email derecho@unitropico.edu.co y al WhatsApp 321 49 29 339.
La fecha para aplicación de la prueba de conocimiento es el 17 de agosto y los resultados se publicarán el 29 de agosto.
Siguen las matrículas
De otra parte, Unitrópico continúa con su temporada de matrículas. El programa de Derecho tiene una trayectoria de 10 años de experiencia, ofreciendo desarrollo regional a través de la formación de abogados competitivos y con compromiso bioético. Ofrece flexibilidad curricular y horarios adaptables para quienes deseen iniciar una carrera y seguir trabajando.
Así mismo, se ofrecen otros programas como Contaduría Pública, Administración de Empresas, Administración y Negocios Internacionales, Arquitectura, Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Civil, Ingeniería Sistemas, Ingeniería Agroforestal, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Petróleos y Biología Ambiental.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
CASANARE
Inician obras de mantenimiento vial en 13 kilómetros de vías rurales de Aguazul
En cumplimiento de los lineamientos de conectividad rural, el gobierno departamental, en articulación con la Alcaldía de Aguazul, ha formalizado el inicio de las labores de mantenimiento vial en un corredor estratégico de 13 kilómetros en las veredas Monterralo, El Paraíso y Los Lirios.
Este proyecto, liderado por el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, busca resarcir el deterioro histórico de la malla vial rural, garantizando la competitividad de los productores y la seguridad en el transporte escolar de la zona.
Durante una mesa de trabajo técnico-social con los habitantes, Ramón Avella, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Paraíso, destacó la importancia de este anuncio. Afirmó que es fundamental ver a la Gobernación y la Alcaldía trabajando de la mano en una necesidad sentida por la comunidad.
Desde la Secretaría de Infraestructura departamental se enfatizó que estas acciones responden a una directriz del mandatario seccional de mantener presencia institucional permanente y ofrecer soluciones técnicas de alto impacto. El despliegue de la maquinaria iniciará la próxima semana.
Esteban Escaño, ingeniero de la Secretaría de Infraestructura, manifestó que la misión es ejecutar una intervención integral que garantice la estabilidad de la vía, cumpliendo con los estándares técnicos y los tiempos concertados con la comunidad.
Juan Vargas, habitante de la vereda El Paraíso, validó el cronograma de trabajo y agradeció el apoyo, señalando que la mejora de las vías es algo anhelado desde hace años y que beneficiará la economía local y la ruta escolar de sus hijos.
CASANARE
PAE en Yopal: 14.300 estudiantes con alimentación escolar de calidad y nutritiva
Este 9 de febrero marca el inicio oficial del programa de alimentación escolar PAE en Yopal, beneficiando a 14.300 estudiantes distribuidos en 88 sedes educativas oficiales del municipio. este servicio esencial busca garantizar que los alumnos tengan un plato de comida nutritivo que acompañe su jornada escolar y represente un apoyo significativo para sus familias.
Durante las últimas dos semanas, se ha llevado a cabo una labor exhaustiva de preparación para asegurar un arranque sin contratiempos. Se realizaron tareas de limpieza y desinfección de restaurantes escolares, revisión de espacios, adecuaciones y el alistamiento general de toda la logística operativa. Cada ración es el resultado de una meticulosa planificación y estrictos controles.
La compleja logística semanal del PAE ya está plenamente operativa. Los jueves se reciben los mercados, que incluyen abarrotes, frutas y verduras frescas, mientras que los viernes se realiza el despacho de alimentos a las 22 sedes educativas urbanas. Los sábados, una flota de 12 vehículos se dirige a las 66 sedes rurales, garantizando la frescura y completitud de los productos en todo el municipio.
El impacto del programa se extiende más allá de los comedores escolares, generando una importante dinámica económica y social. El PAE está creando 230 empleos directos, incluyendo manipuladoras, auxiliares de bodega, nutricionistas, conductores y personal administrativo. Además, se suman cerca de 100 empleos indirectos, y se impulsa la economía local mediante la compra de productos de la región, fortaleciendo a productores y comerciantes de Yopal.
Para 2026, el programa experimentará un crecimiento significativo. gracias a la gestión del secretario de educación de Yopal, David Díaz, se lograron recursos adicionales superiores a los 7 mil millones de pesos. Esta inyección presupuestaria permitirá ampliar la cobertura del PAE, llegando a un mayor número de estudiantes en el municipio y consolidando su impacto positivo.
CASANARE
Millonaria contratación de Capresoca despierta alertas por presuntas irregularidades
Un contrato suscrito por Capresoca para la vigencia 2026 encendió las alarmas de los organismos de control, tras una denuncia anónima que advierte presuntas irregularidades en la contratación y un posible detrimento de los recursos del sistema de salud. Se trata del contrato No. 252 de 2026, firmado con la empresa Focus Group SM S.A.S. por un valor de $1.440 millones, cuyo objeto sería el apoyo a la supervisión contractual de la red de servicios de salud, pese a que dichas funciones ya estarían cubiertas por otros contratos vigentes.

Según el documento radicado ante la Superintendencia Nacional de Salud, la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, varias de las actividades asignadas a Focus Group SM S.A.S. presentarían duplicidad funcional con el contrato No. 073 de 2026, suscrito por Capresoca con la firma SOSALUD S.A.S. por $4.080 millones, cuyo objeto es la auditoría integral de cuentas médicas, administrativas y financieras. El análisis expone que labores como auditoría técnica, revisión de facturación, análisis de RIPS y CUPS, auditoría de calidad asistencial y apoyo en recobros ya estaban contempladas y remuneradas en el contrato de auditoría principal, lo que podría representar pagos redundantes con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud SGSSS.

La denuncia también pone en cuestión la idoneidad del contratista Focus Group SM S.A.S., empresa creada en 2024 y domiciliada en Santa Marta, cuyo objeto social y perfil, según su propio sitio web, estaría enfocado principalmente en asesoría empresarial, marketing y apoyo a emprendimientos, sin evidencia clara de experiencia técnica en auditoría en salud. Además, se advierte un posible conflicto de interés, ya que la empresa es del mismo departamento de origen del actual subgerente administrativo y financiero de Capresoca, situación que, aunque no constituye por sí sola una irregularidad, sí genera cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.


El documento señala que estas contrataciones se realizaron mientras Capresoca permanece bajo medida de intervención forzosa de la Superintendencia de Salud, contexto en el cual se exigiría mayor rigor en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el denunciante solicitó a los entes de control iniciar investigaciones preliminares y procesos de responsabilidad fiscal, con el fin de determinar si existió detrimento patrimonial, delegación indebida de funciones esenciales y eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales de funcionarios y contratistas involucrados.


