CASANARE
Inmovilizan en Yopal cuatro tractomulas con carga petrolera por utilizar vía terciaria no permitida
Cuatro vehículos que transportaban carga extra dimensionada fueron inmovilizados por los agentes de Tránsito Municipal la noche del domingo, por incumplir el Decreto municipal (123 del 10 de julio de 2017) que restringe el tráfico de este tipo de vehículos por la vía que desde la vereda Yopitos conduce hacia La Porfía, y comunica con los municipios de Aguazul y Maní.
Así lo dio a conocer el secretario de Tránsito Municipal, Robert Asís Hernández, luego de que se presentaran denuncias de la comunidad, la cuales fueron atendidas inicialmente por la corregidora de Morichal, Yesenia Estupiñán, y acudieron a su llamado la Policía y los agentes municipales.
Se hizo un operativo de control donde se verificaron las cargas, derivadas de la industria petrolera, que venían desde el municipio de Maní y se hizo la inmovilización de las cuatro tractomulas, así como la imposición de comparendos.
“Tenemos el compromiso con la comunidad de hacer control y vigilancia sobre este trayecto que tiene una restricción vehicular, toda vez que es una vía terciaria que no soporta cargas extrapesadas ni extradimensionadas”, manifestó el secretario.
Por lo tanto, hizo “un llamado a la industria petrolera para que haga un control más efectivo al transporte de carga, y a los transportadores para que nos ayuden a cuidar la infraestructura vial”.
Además el funcionario anotó que sobre estas vías no hay autorización en el licenciamiento para las compañías, por lo cual éstas no hacen compensación; por lo cual se elevó una solicitud de revisión a la Superintendencia de Puertos y Transportes.
Por su parte la Corregidora señaló que en reuniones con la comunidad se habían acordado parámetros para el control del paso de estos vehículos, lo que permitió una oportuna denuncia y respuesta de las autoridades.
En ese sentido agradeció a la comunidad del sector aledaño a la vía, por su colaboración y pidió que se siga reportando cualquier anomalía para el cuidado de nuestra infraestructura vial.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
