El gerente del Hospital Regional de la Orinoquía, Andrés Ávila, aseguró que la crisis que hoy afecta el pago de honorarios a especialistas se debe a la cartera acumulada de $287.000 millones de pesos que adeudan las EPS, de los cuales el 52 % corresponde a Capresoca.

Según explicó, aunque el hospital factura cerca de 8.000 millones de pesos mensuales a esta entidad, recibe menos del 50 % de esos recursos, situación que ha generado retrasos en los pagos a más de 100 profesionales vinculados mediante Contratos de Prestación de Servicios (CPS). Incluso, el mes anterior el pago no alcanzó al 50% de ese valor y solo llegaron $3.600 millones.

Como consecuencia de esta situación, los nueve pediatras contratistas del centro asistencial iniciaron un cese de actividades tras completar cuatro meses sin recibir sus honorarios. Los especialistas señalaron que la falta de remuneración afecta su estabilidad económica, familiar y social, y advirtieron que la continuidad del problema podría comprometer la atención especializada de niños, niñas y adolescentes en Casanare.

Los médicos indicaron que buscan una salida concertada con la administración del hospital y anunciaron una reunión para explorar alternativas que permitan normalizar los pagos y restablecer plenamente la prestación del servicio. Mientras tanto, la gerencia informó que actualmente se adeudan cerca de 5.100 millones de pesos a profesionales de distintas especialidades.

Pese a la protesta, el Hospital Regional aseguró que mantiene garantizada la atención de urgencias y los servicios prioritarios mediante un plan de contingencia apoyado por especialistas de planta. Además, confirmó que adelanta mesas de trabajo con Capresoca, Nueva EPS, Sanitas y otras entidades responsables de cartera, así como gestiones con la Gobernación de Casanare, y espera concretar durante esta semana un importante giro de recursos producto de procesos de conciliación.

El Gerente Andrés Ávila señaló que se espera esta semana además, una importante suma de parte de la Secretaría de Salud Departamental, como pago de los servicios que se prestan a la población migrante.

Una mujer identificada como Mariela Riaño Bermúdez, de 66 años, falleció luego de resultar gravemente herida con arma blanca durante un hecho de violencia ocurrido este lunes 1 de junio hacia la 1:30 de la tarde en la calle 18 con carrera 4 de Maní.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la agresión se presentó en medio de una confrontación con su arrendador. La víctima fue trasladada inicialmente para recibir atención médica y posteriormente remitida al Hospital Regional de la Orinoquía (HORO) en Yopal, donde falleció sobre las 5:30 de la tarde debido a la gravedad de las lesiones.

La rápida reacción de la Policía permitió la captura de Germán Antonio Gaitán, de 70 años, señalado como presunto responsable del ataque. Durante el procedimiento, los uniformados le hallaron un cuchillo que habría sido utilizado en la agresión.

Las autoridades informaron además que el capturado registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) por el delito de violencia intrafamiliar. Los actos urgentes y la investigación del caso fueron asumidos por unidades de la SIJIN.

Las ciudades que están apostando por sistemas modernos de videovigilancia ya no solo “graban lo que pasa”. Hoy, las nuevas cámaras equipadas con inteligencia artificial pueden identificar rostros, reconocer placas de vehículos en segundos y generar alertas automáticas para apoyar la reacción de las autoridades. Expertos en seguridad coinciden en que esta tecnología se está convirtiendo en una de las herramientas más fuertes para combatir delitos urbanos, mejorar la capacidad de respuesta policial y fortalecer la investigación judicial.

Esa es la apuesta que está estructurando la Gobernación de Casanare para la ciudad de Yopal, un moderno sistema de videovigilancia que incluye cámaras de última tecnología, acompañado de un Centro de Monitoreo que consta de sala especial para realizar reuniones de Puesto de Mando Unificado PMU, Sala de Crisis, Sala de Pausas Activas y recuperación para el personal que estará frente a las cámaras, y otros espacios, que lo convierten en el más moderno de Colombia en este tipo.

¿Para qué sirve el reconocimiento facial?

El reconocimiento facial permite detectar y comparar rostros captados en espacios públicos con bases de datos autorizadas por las autoridades. Esto facilita la ubicación de personas buscadas por la justicia, desaparecidos o sospechosos vinculados a investigaciones. Sistemas de este tipo ya funcionan en ciudades de América Latina y Europa, donde han sido usados para identificar prófugos y apoyar operativos de captura en estaciones, avenidas y terminales de transporte.

¿Para qué sirve el reconocimiento de placas?

Por otro lado, la lectura automática de placas vehiculares, conocida como tecnología LPR o ANPR, permite identificar vehículos en movimiento incluso a altas velocidades, registrar horarios de ingreso y salida, generar trazabilidad de rutas y emitir alertas cuando aparece un automóvil reportado como robado o relacionado con actividades criminales.

En términos prácticos, ¿Qué le garantiza esto al ciudadano? Principalmente tres cosas: mayor capacidad de prevención, reacción más rápida y mejores investigaciones. La presencia de cámaras inteligentes suele generar un efecto disuasivo sobre delitos como hurto, vandalismo, extorsión o atraco. Además, cuando ocurre un hecho delictivo, las autoridades pueden reconstruir recorridos de vehículos o movimientos de personas en cuestión de minutos, algo que antes podía tardar días.

Estas herramientas también permiten adelantar procedimientos como:

• Seguimiento en tiempo real de vehículos sospechosos
• Identificación de motocicletas o carros usados en hurtos
• Reconstrucción de rutas de fuga
• Control de acceso a zonas restringidas
• Búsqueda forense de imágenes tras un crimen
• Detección de personas con requerimientos judiciales
• Monitoreo de puntos críticos de microtráfico o vandalismo
• Verificación de incidentes de tránsito y apoyo a investigaciones judiciales

Otro punto clave es la integración. Los sistemas más modernos no funcionan de manera aislada: conectan cámaras, centros de monitoreo, bases de datos, drones y patrullas policiales en una sola plataforma. Esto convierte la videovigilancia en un “multiplicador de fuerza” para la Policía, permitiendo cubrir más territorio sin aumentar proporcionalmente el número de uniformados.

Sin embargo, la implementación de esta tecnología también abre debates sobre privacidad y protección de datos personales. Organizaciones civiles y expertos han advertido que el reconocimiento facial debe operar bajo estrictos controles legales, protocolos de uso y supervisión judicial para evitar abusos o seguimientos indebidos a ciudadanos.

Aun así, en ciudades donde la delincuencia se mueve cada vez más rápido y utiliza vehículos para cometer delitos, las cámaras inteligentes están dejando de ser un lujo tecnológico para convertirse en una herramienta estratégica de seguridad urbana. La diferencia ya no está solamente en tener cámaras, sino en contar con sistemas capaces de analizar, identificar y reaccionar en tiempo real.