CASANARE
Ingreso Solidario se extenderá hasta junio de 2021
El Presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció que el Gobierno extenderá hasta junio de 2021 el giro del programa Ingreso Solidario a 3 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica que no reciben ayudas de los programas sociales Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y la Devolución del IVA.
En consecuencia, a partir de enero de 2021 y durante el primer semestre del próximo año los beneficiarios de esta ayuda recibirán $160.000 mensuales, que suman $960.000 adicionales a los giros que ya han recibido cerca de 3 millones de hogares en el país.
La decisión del Gobierno Nacional fue adoptada para mitigar los efectos económicos causados por la pandemia del covid-19 y aumentar el ingreso de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.
Con el anuncio de hoy, los hogares beneficiados con el programa de Ingreso Solidario recibirán en total $1.440.000 este año y $960.000 en 2021 para atender las necesidades básicas de sus familias.
Este programa, que se focalizó e implementó en cuestión de días en un esfuerzo logístico del Gobierno Nacional, había previsto inicialmente un giro total de $240.000, pero dadas las condiciones de la emergencia se aumentó a $320.000 a comienzos de mayo y, posteriormente, a $480.000, ante la ampliación del Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta junio. Luego se tomó la decisión de que el programa se extendiera hasta diciembre de 2020.
Beneficiario de Ingreso Solidario
El primer paso para obtener el subsidio consiste en verificar en la página ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co si es beneficiario, y luego dar clic al link (enlace) de la entidad financiera que le corresponde.
Este link lo llevará al portal web del banco asignado para conocer el proceso específico de entrega de los recursos, según cada caso; se podrá abrir una cuenta de trámite simplificado o digital, descargar una aplicación para el depósito electrónico o se determinará un canal de pago.
Fuente: Presidencia de la República
CASANARE
Deuda de Enerca con Sayop sigue creciendo, ya son cerca de $9 mil millones de pesos
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
CASANARE
Alertan sobre comercialización ilegal de Aguardiente Amarillo con imagen de Yeison Jiménez
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.



