REGIÓN
Indígenas recuperan más de 16 mil hectáreas de territorio ancestral en Meta y Vichada
Los pueblos Sikuani y Piapoco recuperaron su territorio ancestral Florida Kawananae, ubicado entre el municipio de Puerto Gaitán, Meta y Cumaribo, Vichada.
Esto obedece al fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, en la que restablece los derechos territoriales de esta comunidad seminómada sobre un total de 16.035 hectáreas y 250 metros cuadrados.
La decisión responde al trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras al demostrar que la comunidad a lo largo de cuatro décadas ha sufrido todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales, perdiendo además de su territorio, su cultura, cosmogonía y tradiciones. Los Sikuani y Piapoco, antes de este fallo, parecían un pueblo condenado al exterminio.
La sentencia reconoce la calidad de víctima a la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae, por los hechos, situaciones, violaciones y afrentas sufridas como son: el desplazamiento, confinamiento (como una forma de abandono y/o despojo forzado de tierras) en el marco del conflicto interno armado.
Según la investigación adelantada por la Unidad de Restitución de Tierras el extinto INCORA, en 1968, reservó la región conocida como Planas, en los departamentos del Meta y Vichada como zona exclusiva para la ocupación de las comunidades indígenas y con esta declaración se constituyeron los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Un proceso que fue favorable para las comunidades en mención, pero que excluyó a las comunidades Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae, como resultado de esta decisión parte del territorio fue formalizado a comunidades no indígena entre los años de 1984 y 2011.
El paso de los años, el interés por la tierra y el control territorial promovió la desaparición forzada de líderes representativos para las comunidades indígenas de la zona, el desplazamiento forzado y el origen del fenómeno de confinamiento de la comunidad Sikuani y Piapoco.
Posteriormente, para 1970, el Estado promovió la explotación de hidrocarburos que afectaron el ingreso de las comunidades a las fuentes de agua y de manera simultánea comenzó la expansión de cultivos de uso ilícitos en la zona, aspectos que generaron la colonización de la zona por actores armados ilegales, para ese entonces el Bloque Oriental de las Farc- EP, Frente 16.
La enorme riqueza natural de las tierras de los Sikuani y Piapoco hizo que los intereses legales e ilegales buscarán tener control de este territorio en el cual proliferaron los laboratorios para el procesamiento de coca, se construyeran pistas de aterrizaje clandestina para uso de las economías ilegales. Además, varios sectores del territorio fueron destinados como fosas comunes.
Los hechos victimizantes se recrudecieron para 1980 con el auge del narcotráfico y la compra de tierras por parte de esmeralderos. Situación que se tornó más difícil para los habitantes de la zona con la llegada de las autodefensas.
La forma en que la comunidad Sikuani y Piapoco fue desplazada de su territorio hizo que este fuera ocupado por comunidad no étnica y la forma como se procedió para adquirir el territorio llevó al Tribunal Superior de Bogotá a no reconocer la buena fe exenta de culpa en cuatro casos. Además, determinó la nulidad absoluta de las resoluciones de adjudicación en otros cuatro casos y declaró la inexistencia de acuerdos escritos que transferían los derechos reales de la tierra en cinco casos. Por último, ordenó el cierre inmediato de folios de matrícula en otros seis casos.
Entre las órdenes también se establece la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor del Resguardo de la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior a través de su Dirección de Asuntos Indígenas deberán de manera inmediata constituir el resguardo con el debido censo poblacional, identificando a las autoridades tradicionales y de manera paralela instalar placas demarcatorias del territorio.
Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá que adelantar la entrega material del territorio restituido en un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo del nivel nacional y el acompañamiento de las Fuerzas Militares y de Policía de los departamentos del Meta y Vichada. Además, en un trabajo conjunto con la Unidad para las Víctimas implementará el Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRC).
Este fallo es el primer pronunciamiento que se da a favor de la comunidad indígena en el departamento del Meta y el segundo en el departamento del Vichada.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – URT
A través del diálogo social que lideraron los delegados de los Ministerios de Trabajo, Minas, Interior, Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Gobernación de Boyacá y autoridades locales, se logró levantar la protesta que adelantaban en Santa María y municipios aledaños, las organizaciones sociales y comunitarias.
En un pliego de peticiones que sometieron a consideración de las autoridades nacionales, departamentales y locales, los habitantes y trabajadores de la zona, exigen solución a problemas generados por la ola invernal y por las afectaciones causadas por la Central Hidroeléctrica de Chivor y la empresa AES Colombia.
En el acuerdo que se firmó este miércoles, MinTrabajo lidera acciones de inspección a las empresas, el fortalecimiento de la asociatividad de los trabajadores y el diálogo social para la búsqueda de soluciones integrales en el marco de los derechos laborales y de huelga de los participantes.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, quien estuvo en el sitio, en compañía del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya y del representante Jaime Raúl Salamanca dijo: “No solo vengo por delegación del presidente de la República, Gustavo Petro, de quien traigo un saludo y abrazo muy especial, estoy por un compromiso personal y afecto por esta tierra, con los trabajadores, campesinos y la ciudadanía boyacense”.
“Lo logrado, es un acuerdo entre las comunidades, trabajadores, representantes de la empresa AES Colombia y autoridades nacionales, departamentales y locales, donde la cartera que lidero ejercerá control con las normas y derechos de los trabajadores”, anotó Sanguino.
“Junto con la Dirección Territorial se harán visitas cada mes para constatar el cumplimiento de los acuerdos y de las normas laborales que se derivan de la reciente Reforma Laboral, la Ley 2466 aprobada en el Congreso de la República el 26 de junio”, precisó.
Revisiones cada mes
Se revisarán asuntos como la mano de obra local, el respeto a la protesta social y de los trabajadores, la tercerización, la precarización laboral, garantizando salarios justos y contratos a término indefinido, así como proteger la calidad del empleo.
“Para nosotros es muy importante estos proyectos eléctricos e hidroeléctricos, pero tiene que existir y ofrecerle energía al país, sobre la base del trabajo digno y decente de los trabajadores”, puntualizó Sanguino Páez.
Incluyó dentro de los temas a revisar y que está en el pliego de peticiones el de Seguridad y Salud en el Trabajo, “este tipo de proyectos incorpora niveles de riesgos especiales, así es que la inspección que vamos a realizar va a revisar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, de tal suerte que la empresa garantice las normas y las condiciones que la normatividad exige para los trabajadores y sus comunidades”, indicó.
El Ministro compartió que se adelantará con los inspectores de trabajo y desde la Dirección de Derechos Fundamentales, una jornada pedagógica de la reforma laboral, con los trabajadores, directivos de las empresas y ciudadanos, “la cual fue pensada en clave de derechos de los trabajadores. Es la más importante de este siglo, que recupera derechos que todos deben conocer”.
El director de Derechos Fundamentales, Yomar Benítez, quien acompañó este espacio de diálogo, señaló: “Desde el MinTrabajo, se respaldó la protesta social y a las organizaciones sindicales. Se hace énfasis a la generación de nuevos empleos en el sector con las condiciones que manda la nueva reforma laboral”.
Agregó: “este acompañamiento va de la mano de generar las condiciones para que el diálogo social sea respetado, que no haya discriminación sindical y se incentive el trabajo digno y decente”.
Fuente: Comunicaciones MinTrabajo
El Instituto Nacional de Vías (Invías) cerró el proceso de licitación pública para adjudicar un nuevo contrato de mantenimiento de la Transversal del Cusiana, vía clave entre Boyacá y Casanare. En total, 25 empresas presentaron sus ofertas para ejecutar las obras, cuyo costo rondará los $15.500 millones y cuya adjudicación se prevé para la primera semana de septiembre.
Sin embargo, para los habitantes de la región, la historia parece repetirse. Desde hace años, los millonarios contratos de mantenimiento solo han servido para que la carretera se mantenga “medianamente transitable”, sin que se ejecuten soluciones estructurales que garanticen una conectividad segura y estable. Los deslizamientos, hundimientos y fallas en la carpeta asfáltica, donde la hay, son un problema crónico que se reitera cada temporada invernal.
No es una solución de fondo
La comunidad recuerda que, mientras se anuncian recursos y licitaciones, los cierres parciales y totales son una constante que afecta el comercio, el turismo y el transporte de productos agrícolas. Muchos temen que este nuevo contrato sea apenas un paliativo más y no una solución de fondo.
Pese a las críticas, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Transporte y el Invías, sostiene que el proyecto busca mejorar la transitabilidad y responder a las necesidades históricas de la región. No obstante, en el Cusiana las expectativas son cautelosas: la carretera ha escuchado demasiadas promesas para creer que esta vez será diferente.
Fuente: El Diario del Llano
REGIÓN
La ANI supervisa puntos críticos de la Transversal del Sisga, hay dos puntos con cierre total
El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI, Oscar Torres Yarzagaray, su equipo técnico, la Concesión y la Interventoría, recorrieron el proyecto Transversal del Sisga, para supervisar las actividades de atención de emergencia que permitan restablecer la operación de este importante corredor vial en dos puntos que actualmente presentan cierre total de vía como consecuencia de los efectos de la temporada invernal.
Los cierres totales se presentan en el PR42+050 y PR42+580, en jurisdicción del municipio de Santa María (Unidad Funcional 3), debido a pérdida de banca generada por la creciente súbita del río Bata. “En respuesta, se habilitó una plataforma peatonal más amplia y segura en el PR42+050, que permite el tránsito de personas y el trasbordo de
alimentos, medicamentos y mercancías de forma controlada y continua. Así mismo, el concesionario tiene instalados en esos puntos ambulancias para la atención al usuario.
A través de corredores comunitarios la población afectada dispone de horarios durante el día con el fin de mitigar la emergencia, permitiendo su movilidad y comunicación. Es de destacar que, este corredor vial como vía alterna al Llano es clave para conectar el centro con el oriente del país”, señaló Oscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.
Adicionalmente, en este mismo sector, se dio inicio a las actividades de corte, demolición de rocas y adecuación del terreno, de forma conjunta con la empresa AES Chivor, como parte del proceso de construcción del carreteable alterno que permitirá el paso de vehículos livianos. Esta intervención ha contado con el apoyo técnico de labores previas como los estudios topográficos, la rocería y limpieza del área.
El avance de estas actividades está condicionado por las variables climáticas de la zona, ya que se requiere que las condiciones sean seguras tanto para el personal como para la operación de maquinaria en terrenos inestables.
Fuente: Comunicaciones ANI
