REGIÓN
Indígenas recuperan más de 16 mil hectáreas de territorio ancestral en Meta y Vichada
Los pueblos Sikuani y Piapoco recuperaron su territorio ancestral Florida Kawananae, ubicado entre el municipio de Puerto Gaitán, Meta y Cumaribo, Vichada.
Esto obedece al fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, en la que restablece los derechos territoriales de esta comunidad seminómada sobre un total de 16.035 hectáreas y 250 metros cuadrados.
La decisión responde al trabajo liderado por la Unidad de Restitución de Tierras al demostrar que la comunidad a lo largo de cuatro décadas ha sufrido todo tipo de violaciones a sus derechos fundamentales, perdiendo además de su territorio, su cultura, cosmogonía y tradiciones. Los Sikuani y Piapoco, antes de este fallo, parecían un pueblo condenado al exterminio.
La sentencia reconoce la calidad de víctima a la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae, por los hechos, situaciones, violaciones y afrentas sufridas como son: el desplazamiento, confinamiento (como una forma de abandono y/o despojo forzado de tierras) en el marco del conflicto interno armado.
Según la investigación adelantada por la Unidad de Restitución de Tierras el extinto INCORA, en 1968, reservó la región conocida como Planas, en los departamentos del Meta y Vichada como zona exclusiva para la ocupación de las comunidades indígenas y con esta declaración se constituyeron los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Un proceso que fue favorable para las comunidades en mención, pero que excluyó a las comunidades Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae, como resultado de esta decisión parte del territorio fue formalizado a comunidades no indígena entre los años de 1984 y 2011.
El paso de los años, el interés por la tierra y el control territorial promovió la desaparición forzada de líderes representativos para las comunidades indígenas de la zona, el desplazamiento forzado y el origen del fenómeno de confinamiento de la comunidad Sikuani y Piapoco.
Posteriormente, para 1970, el Estado promovió la explotación de hidrocarburos que afectaron el ingreso de las comunidades a las fuentes de agua y de manera simultánea comenzó la expansión de cultivos de uso ilícitos en la zona, aspectos que generaron la colonización de la zona por actores armados ilegales, para ese entonces el Bloque Oriental de las Farc- EP, Frente 16.
La enorme riqueza natural de las tierras de los Sikuani y Piapoco hizo que los intereses legales e ilegales buscarán tener control de este territorio en el cual proliferaron los laboratorios para el procesamiento de coca, se construyeran pistas de aterrizaje clandestina para uso de las economías ilegales. Además, varios sectores del territorio fueron destinados como fosas comunes.
Los hechos victimizantes se recrudecieron para 1980 con el auge del narcotráfico y la compra de tierras por parte de esmeralderos. Situación que se tornó más difícil para los habitantes de la zona con la llegada de las autodefensas.
La forma en que la comunidad Sikuani y Piapoco fue desplazada de su territorio hizo que este fuera ocupado por comunidad no étnica y la forma como se procedió para adquirir el territorio llevó al Tribunal Superior de Bogotá a no reconocer la buena fe exenta de culpa en cuatro casos. Además, determinó la nulidad absoluta de las resoluciones de adjudicación en otros cuatro casos y declaró la inexistencia de acuerdos escritos que transferían los derechos reales de la tierra en cinco casos. Por último, ordenó el cierre inmediato de folios de matrícula en otros seis casos.
Entre las órdenes también se establece la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor del Resguardo de la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior a través de su Dirección de Asuntos Indígenas deberán de manera inmediata constituir el resguardo con el debido censo poblacional, identificando a las autoridades tradicionales y de manera paralela instalar placas demarcatorias del territorio.
Por su parte, la Unidad de Restitución de Tierras tendrá que adelantar la entrega material del territorio restituido en un trabajo conjunto con la Defensoría del Pueblo del nivel nacional y el acompañamiento de las Fuerzas Militares y de Policía de los departamentos del Meta y Vichada. Además, en un trabajo conjunto con la Unidad para las Víctimas implementará el Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRC).
Este fallo es el primer pronunciamiento que se da a favor de la comunidad indígena en el departamento del Meta y el segundo en el departamento del Vichada.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras – URT
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
