CASANARE
Indígenas NASA denuncian amenazas de muerte para que abandonen Yopal
La Comunidad Indígena NASA, su autoridad tradicional y la guardia indígena, informaron a la opinión pública, a los organismos de Derechos Humanos, a la Defensoría del Pueblo y a la comunidad nacional e internacional, que recibieron amenazas de muerte para que abandonen Casanare.
De acuerdo con la información, son reiterativas las amenazas de muerte de las que han sido víctimas, la más reciente ocurrió el pasado jueves, cuando recibieron un panfleto en el que les dan 30 días como plazo máximo para abandonar la ciudad. También amenazan con asesinar al líder de esta comunidad Wilmer Aranda, y a miembros de la guardia indígena.
“Requerimos que usted y toda su comunidad se vayan de Yopal, ya que usted no quiere hacer caso por las buenas, nos veremos a utilizar la fuerza, ya tenemos identificados a sus hijos y sobrinos que estudian en el SENA. Tiene 30 días para que tomen nuevo rumbo y si no el primero con la boca llena de moscas será usted”, se lee en parte del panfleto.
Señala la comunidad indígena NASA, que sus acciones en Yopal han sido conforme a los principios morales y ancestrales propios de su comunidad, poniendo a disposición sus conocimientos y labores agrícolas, de medicina ancestral y de protección y conservación ambiental que los caracterizan. “Si bien es cierto, hemos protagonizado invasiones temporales en predios del Estado, han sido como resultado de la necesidad de una reubicación en una zona idónea. Hacemos un llamado de urgencia a las autoridades, organismos de control y organizaciones nacionales e internacionales que velan por los Derechos Humanos para que nos brinden protección y se nos otorguen garantías para el desarrollo tranquilo de nuestras labores como comunidad indígena”, señala el comunicado hecho llegar a los medios de comunicación.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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