META
Indígenas del resguardo Macuare en Mapiripán reclaman más de 21.000 hectáreas
Con el propósito de restituir los derechos territoriales de una comunidad en el Resguardo Indígena Macuare, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante un juzgado especializado de Villavicencio.
El territorio colectivo Macuare está conformado por 80 indígenas Jiw, integrados en 9 familias que se ubican entre la inspección de Puerto Alvira y las veredas Costa Rica, Yamu y Mocuare del municipio de Mapiripán, en el Meta.
César Santoyo, director territorial de la URT en dicho departamento, indicó que con la acción judicial se pretende reclamar 21.188 hectáreas y 317 metros cuadrados a favor de esta comunidad afectada por confinamiento, despojo y abandono forzoso.
Señaló que “el acompañamiento del equipo étnico de la Unidad tiene, como objetivo principal, lograr la reparación integral del resguardo indígena, que ha sido víctima del conflicto y afectado por la presencia de minas antipersonal sembradas por grupos armados al margen de la ley”.
Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales -para lo cual se solicitó, en concertación con la comunidad indígena, el diseño e instalación de vallas alusivas a los límites del resguardo-; la socialización de las actividades adelantas por la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en el territorio colectivo; la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva; y la protección de los derechos a la salud, etnoeducación, y medio ambiente, mediante órdenes dirigidas a las entidades competentes del Estado.
Asimismo, la Unidad solicitó al juez ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones de los hechos de los que ha sido víctima el Resguardo Indígena Macuare, toda vez que fueron denunciados y expuestos por la comunidad en el escrito de la demanda de restitución.
En la jurisdicción de Meta y Guaviare, la URT tiene a su cargo 48 casos que buscan el restablecimiento de los derechos territoriales de comunidades étnicas, con los cuales está reclamando ante la justicia más de 2 millones de hectáreas.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
