META
Indígenas del resguardo Macuare en Mapiripán reclaman más de 21.000 hectáreas
Con el propósito de restituir los derechos territoriales de una comunidad en el Resguardo Indígena Macuare, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante un juzgado especializado de Villavicencio.
El territorio colectivo Macuare está conformado por 80 indígenas Jiw, integrados en 9 familias que se ubican entre la inspección de Puerto Alvira y las veredas Costa Rica, Yamu y Mocuare del municipio de Mapiripán, en el Meta.
César Santoyo, director territorial de la URT en dicho departamento, indicó que con la acción judicial se pretende reclamar 21.188 hectáreas y 317 metros cuadrados a favor de esta comunidad afectada por confinamiento, despojo y abandono forzoso.
Señaló que “el acompañamiento del equipo étnico de la Unidad tiene, como objetivo principal, lograr la reparación integral del resguardo indígena, que ha sido víctima del conflicto y afectado por la presencia de minas antipersonal sembradas por grupos armados al margen de la ley”.
Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales -para lo cual se solicitó, en concertación con la comunidad indígena, el diseño e instalación de vallas alusivas a los límites del resguardo-; la socialización de las actividades adelantas por la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en el territorio colectivo; la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva; y la protección de los derechos a la salud, etnoeducación, y medio ambiente, mediante órdenes dirigidas a las entidades competentes del Estado.
Asimismo, la Unidad solicitó al juez ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones de los hechos de los que ha sido víctima el Resguardo Indígena Macuare, toda vez que fueron denunciados y expuestos por la comunidad en el escrito de la demanda de restitución.
En la jurisdicción de Meta y Guaviare, la URT tiene a su cargo 48 casos que buscan el restablecimiento de los derechos territoriales de comunidades étnicas, con los cuales está reclamando ante la justicia más de 2 millones de hectáreas.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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