META
Indígenas del resguardo Macuare en Mapiripán reclaman más de 21.000 hectáreas
Con el propósito de restituir los derechos territoriales de una comunidad en el Resguardo Indígena Macuare, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante un juzgado especializado de Villavicencio.
El territorio colectivo Macuare está conformado por 80 indígenas Jiw, integrados en 9 familias que se ubican entre la inspección de Puerto Alvira y las veredas Costa Rica, Yamu y Mocuare del municipio de Mapiripán, en el Meta.
César Santoyo, director territorial de la URT en dicho departamento, indicó que con la acción judicial se pretende reclamar 21.188 hectáreas y 317 metros cuadrados a favor de esta comunidad afectada por confinamiento, despojo y abandono forzoso.
Señaló que “el acompañamiento del equipo étnico de la Unidad tiene, como objetivo principal, lograr la reparación integral del resguardo indígena, que ha sido víctima del conflicto y afectado por la presencia de minas antipersonal sembradas por grupos armados al margen de la ley”.
Entre las principales pretensiones de la demanda se encuentran: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales -para lo cual se solicitó, en concertación con la comunidad indígena, el diseño e instalación de vallas alusivas a los límites del resguardo-; la socialización de las actividades adelantas por la Acción Integral Contra Minas Antipersonal en el territorio colectivo; la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva; y la protección de los derechos a la salud, etnoeducación, y medio ambiente, mediante órdenes dirigidas a las entidades competentes del Estado.
Asimismo, la Unidad solicitó al juez ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones de los hechos de los que ha sido víctima el Resguardo Indígena Macuare, toda vez que fueron denunciados y expuestos por la comunidad en el escrito de la demanda de restitución.
En la jurisdicción de Meta y Guaviare, la URT tiene a su cargo 48 casos que buscan el restablecimiento de los derechos territoriales de comunidades étnicas, con los cuales está reclamando ante la justicia más de 2 millones de hectáreas.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
