REGIÓN
Indígenas del resguardo Barranco Colorado en Guaviare reclaman más de 9 mil hectáreas
Con el fin de restituir los derechos territoriales de la comunidad perteneciente al Resguardo Indígena Barranco Colorado, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante la justicia especializada.
Actualmente, el territorio está conformado por 22 familias que se ubican principalmente en el municipio de San José del Guaviare, capital del departamento del Guaviare. Con la acción judicial, se pretende reclamar 9.468 hectáreas y 9.265 metros cuadrados a favor del pueblo ancestral Jiw, afectado por confinamiento, reclutamiento, desplazamiento y abandono forzoso.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta y Guaviare, indicó que el acompañamiento de la entidad tiene como objetivo lograr la reparación integral de esta comunidad indígena, que ha sido víctima del conflicto armado por cuenta de la presencia de los grupos armados al margen de la ley. Estos han sembrado minas antipersonal y han vulnerado sus derechos a la vida, a la integridad física, al uso y disfrute del territorio; a la libre circulación, a la seguridad alimentaria, y a los recursos naturales.
La demanda, radicada por el equipo de Asuntos Étnicos de la Dirección Territorial Meta, también pretende que los integrantes del pueblo Jiw restablezcan su autonomía y gobierno propio, tal como sus derechos a la propiedad colectiva.
Algunas de las pretensiones de la demanda son: garantizar el goce y disfrute pleno de los derechos territoriales, para lo cual se solicitó la entrega material del resguardo, bajo garantías de seguridad. Así mismo, la Unidad solicitó, en concertación con la comunidad indígena, el saneamiento del territorio, el diseño e instalación de vallas alusivas a los límites del resguardo; la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva, tal como la protección a los derechos de la salud, etnoeducación, y medio ambiente, mediante órdenes dirigidas a las entidades competentes.
Finalmente, la Unidad solicitó al juez, ordenar a la Fiscalía General de la Nación que adelante las respectivas investigaciones de los hechos victimizantes, tomando como referente lo expuesto por la comunidad en la demanda.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
