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Idury se rajó en el control político realizado por el Concejo de Yopal
Estuvo marcado por las delicadas denuncias e inconformismos
El debate de control político realizado por el Concejo al Instituto para el Desarrollo Urbano y Rural de Yopal (Idury) estuvo marcado por las delicadas denuncias e inconformismos por la forma en que la entidad ha venido otorgando los subsidios de vivienda, donde podría presentarse algunas irregularidades.
Los concejales ponentes Heyder Silva y Wilmar Leal, polos opuestos en la política local concordaron por primera vez en una sesión y llegaron a la misma conclusión: el Idury le ha hecho ‘conejo’ a la comunidad del corregimiento de La Chaparrera con la asignación de dichos subsidios de vivienda.
Según el concejal Wilmar Leal, en la administración de Celemín y Jorge García, se dejaron listos un total de 155 lotes para ese corregimiento de los cuales fueron entregados 99, sin embargo, los 56 restantes es la hora que no se han asignado a pesar de que existen las familias que cumplen todos los requisitos.
“Aquí hay un actor intelectual de este desastre y es Leonardo Puentes, el en campaña se comprometió con gente de La Chaparrera y además de eso ha dejar listo los servicios públicos, pero ahora ni contesta el celular, ni aparece y no se sabe nada de ese proceso”, manifestó el Concejal Leal.
Por su parte el Concejal Silva aseguró que la responsabilidad recae principalmente en la oficina jurídica del Idury, además denunció que en el 2018 se emitió 5 resoluciones para diversos proyectos de vivienda, de los cuales 2 de esas se basan en convocatorias del año 2012.
Las posibles irregularidades denunciadas por Heyder Silva radican en que las resoluciones para los proyectos Villa David, La Decisión y Villa Sandra se basaron en la convocatoria del 2012, pero para la comunidad de La Chaparrera la respuesta por parte del Idury es que dicha convocatoria de hace 7 años ya no sirve.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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En Yopal, adulto mayor asesinó a su expareja tras discusión por intención de vender vivienda
Un nuevo caso de violencia intrafamiliar terminó en tragedia la mañana de este viernes 15 de mayo de 2026 en Yopal, cuando fue asesinada María Ofelia Mendoza Martínez, de 66 años, a manos de su excompañero sentimental en medio de una discusión dentro de su vivienda, en la carrera 12 con calle 42, barrio El Fical.
De acuerdo con la información oficial, la víctima, quien era modista y pertenecía a la Junta de Acción Comunal del sector, recibió una herida en el tórax con arma cortopunzante, lesión que le causó la muerte en la puerta del lugar de los hechos, hasta donde alcanzó a caminar en busca de ayuda. El ataque se habría producido tras una disputa relacionada con la intención del agresor de vender la casa en la que ambos habían residido.
El responsable fue identificado como Pedro Pablo Gualdrón Beltrán, de 73 años, quien luego de agredir a la mujer se autolesionó en el abdomen. La rápida reacción de la patrulla policial permitió su captura en flagrancia, luego de que uniformados acudieran al sitio alertados por voces de auxilio.
Como antecedente relevante, se conoció que la víctima había denunciado en 2009 a su agresor por violencia intrafamiliar, lo que vuelve a poner en evidencia la persistencia de este tipo de conflictos y su trágico desenlace cuando no se logran contener a tiempo. Las autoridades avanzan en el proceso judicial contra el capturado.
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En Villanueva, Juez declaró nulo Acuerdo Municipal que permitía legalizar asentamientos humanos
El Juzgado Primero Administrativo de Yopal declaró en primera instancia la nulidad del Acuerdo Municipal 015 del 31 de agosto de 2025, expedido por el Concejo Municipal de Villanueva, mediante el cual se delegaban facultades al alcalde para la legalización y regularización urbanística de asentamientos humanos de origen informal.
La decisión judicial se fundamenta en irregularidades en el trámite del proyecto de acuerdo. Dentro del proceso se encontró que este proyecto de acuerdo era de iniciativa exclusiva del Alcalde para su presentación ante el cabildo, pero el mismo fue presentado por el concejal Juan Carlos Caldas Ramírez, lo cual vició el proceso.
El despacho concluyó que el acuerdo fue tramitado sin cumplir el requisito según el cual este tipo de iniciativas, que implican delegación de funciones del concejo, deben ser presentadas exclusivamente por el alcalde. Esta omisión fue considerada un vicio sustancial en la formación del acto administrativo. Al emitir concepto dentro del proceso, la Procuraduría estuvo de acuerdo en solicitar, de igual manera, la nulidad del mencionado Acuerdo Municipal.
En consecuencia, el juzgado determinó que el Acuerdo 015 de 2025 incurrió en infracción de las normas en que debía fundarse, lo que llevó a declarar su nulidad. La demanda fue presentada por el ciudadano Elkin Almonacid Herrera, quien alega que la ejecución del acuerdo podría generar no solo daños patrimoniales al municipio sino riesgos ambientales, sanitarios, y ecológicos dada la eventual legalización de loteos ilegales sin servicios públicos.
El Concejo Municipal por su parte, rechazó las afirmaciones del demandante sobre supuestas intenciones ilícitas, favorecimientos políticos o encubrimiento de urbanización ilegal, señalando que tal afirmación carece de pruebas y constituyen apreciaciones subjetivas.
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Enerca le salió al paso a denuncias de presuntas irregularidades laborales de uno de sus contratistas
Ante la controversia, la empresa informó que actuó de manera inmediata solicitando al contratista un informe detallado que permita esclarecer cada uno de los casos denunciados, así como las acciones realizadas en cumplimiento de sus obligaciones contractuales. La respuesta busca determinar respuesta a las denuncias que se han venido conociendo.
ENERCA reiteró su compromiso con la transparencia, el respeto por los derechos de los usuarios y la integridad de los trabajadores, asegurando que todos los procesos, tanto directos como tercerizados, deben ajustarse a la normatividad vigente en la prestación del servicio de energía.
Finalmente, la entidad hizo un llamado a la ciudadanía para que utilice los canales oficiales de atención y denuncia, con el fin de reportar cualquier irregularidad. Esto, indicó, permitirá adelantar revisiones objetivas y garantizar que las situaciones sean atendidas con responsabilidad institucional.
