CASANARE
ICBF busca familias sustitutas en Casanare
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) inició el proceso de búsqueda de familias sustitutas en el departamento de Casanare, con el fin de aumentar la cobertura del número de hogares destinados a la ubicación provisional de niños, niñas y adolescentes que llegan al servicio de protección.
En la actualidad, el ICBF tiene habilitado un total de 93 hogares sustitutos en el departamento: 55 en Yopal, 21 en Villanueva y 17 más en el municipio de Paz de Ariporo, localidades en donde se encuentran ubicados los tres centros zonales en Casanare.
“Desde la institucionalidad estamos activando todas las rutas y escenarios posibles para informar esta nueva convocatoria, buscamos que muchas familias conozcan del programa, su alcance y se animen a hacer parte de este proceso de restablecimiento de derechos de cientos de niños, niñas y adolescentes”, aseveró la directora regional del ICBF en Casanare, Yenny Rincón.
Las familias que deseen postulare deben cumplir con algunos requisitos como: tener entre 23 y 55 años, haber cursado noveno grado de secundaria como mínimo, tener experiencia en crianza de niños y niñas, contar con una red de apoyo, demostrar ingresos económicos suficientes para el sostenimiento de su familia, ser residente de los municipios de Yopal, Villanueva o Paz de Ariporo y, finalmente, contar con un espacio físico adecuado para recibir entre uno o tres beneficiarios del programa de protección.
“Es importante recalcar que esta labor las familias la desarrollan de manera voluntaria, sin embargo, los seleccionados recibirán un apoyo económico para el sostenimiento de los niños, niñas y adolescentes que sean ubicados allí y, a su vez, un bono solidario como familias sustitutas”, subrayó Yenny Rincón.
Para postularse puede hacerlo contactando el celular 310 859 42 70 o escribir al correo electrónico maritzaviancha.fundepro@gmail.com
Fuente: ICBF
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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