META
Hoy regresan a clases 105.000 estudiantes en el Meta
Un nuevo año escolar inicia este lunes 6 de febrero para 105.000 estudiantes de 947 sedes educativas del departamento, cumpliendo así con la resolución 003 de 2023 que establece el calendario académico, emitida por la Secretaría de Educación del departamento del Meta.
El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, expresó que todo está listo para el regreso a clases y desde el equipo de la Secretaría de Educación del Meta se han estado visitado diferentes instituciones con el fin de planear y concertar los temas de interés para el inicio del año escolar.
Los padres de familia y/o acudientes que aún estén en la búsqueda de un cupo podrán realizar la solicitud de matrícula de manera formal, acercándose a la institución de su preferencia de acuerdo a la disponibilidad y oferta de cada plantel educativo.
PAE y transporte escolar
Frente al Plan de Alimentación Escolar (PAE), Jhon Sanabria, secretario de Educación de departamento, aseguró que se entregará desde el primer día de calendario, como se ha hecho de manera continua desde el primer día del actual gobierno, dirigido a estudiantes registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT) de las Instituciones Educativas oficiales.
El funcionario indicó que el proyecto distribuirá cerca de 86.000 raciones diarias. La canasta educativa está contemplada entre ración industrializada y ración en caliente en los lugares donde corresponde. Adicionalmente, el PAE también se entrega en las residencias escolares del departamento del Meta.
Sobre el transporte escolar de los estudiantes en zonas rurales, el secretario de Educación mencionó que, debido al ajuste en el precio del combustible para este año, se realizaron cambios y ya se tienen los pliegos definitivos por lo que se espera que desde el 12 de febrero estén listas las rutas establecidas que transportan más de 11.000 niños, en aproximadamente 400 rutas en todo el Meta.
Desde la gerencia de cobertura se seguirá trabajando de manera articulada con las estrategias de acceso y permanencia escolar para los niños, niñas y adolescentes del departamento.
Fuente: Gobernación del Meta
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
