META
Hombre asesinó un perro a piedra, ahora enfrenta proceso judicial
Un hombre de 19 años de edad que asesinó a piedra a un perro de raza criolla delante de sus propietarios, tres niños de 8, 9 y 13 años de edad, fue capturado en flagrancia por la Policía Nacional en el municipio de Granada, y ahora se enfrenta a un proceso judicial por este acto de intolerancia.
Según las autoridades, el hombre es señalado de agredir en repetidas ocasiones al animal hasta quitarle la vida. ‘Mateo’ como se llamaba el canino, era la mascota y el fiel amigo de los tres niños, quienes quedaron profundamente conmovidos al tener que presenciar la cruel escena en el parque de su barrio.
Gracias a la oportuna llamada de la comunidad fue ubicado el agresor por unidades de la Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes y de Protección Ambiental y Ecológica. El indiciado fue dejado a disposición de la Fiscalía 26 seccional de Granada, por delitos contra la vida y la integridad física y emocional de los animales.
La historia de amor a Mateo
‘Mateo’ vivió siete meses junto a una humilde familia, a la cual llegó como parte de un regalo de cumpleaños que el hermano mayor hizo al menor. Fue pagado por el hermanito mayor con el dinero que sus padres le daban para el recreo, sacrificio que no le importó en ese momento con tal de ver feliz al menor de la familia.
Entendiendo esta triste situación, el Comando del Departamento de Policía Meta, en cabeza del coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, como gesto de solidaridad y en busca de alegrarle nuevamente la vida estos infantes, especialmente durante estos días de regocijo y celebraciones navideñas, les regaló un nuevo cachorro al que adoptaron y también llamaron ‘Mateo’.
EN VIDEOEl comandante del Departamento de Policía Meta, coronel Nicolás Alejandro Zapata, le obsequió un cachorro a tres hermanitos que estaban muy tristes porque un vecino les asesinó su mascota a piedra en el municipio de Granada. El hombre fue capturado y enfrenta proceso judicial.
Posted by El Diario Del Llano on Sunday, December 9, 2018
La posible pena para el acusado
Recuerde que el Código Penal en su artículo 339A, trata sobre los delitos contra la vida, la integridad física y emocional de los animales: el que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
