El presidente del sindicato Sintraemsdes de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal (EAAAY), Fredy Isaza, advirtió que la situación financiera, administrativa y operativa de la entidad es “crítica” y aseguró que, tras dos años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos, “ninguna de las causales por las cuales fue intervenida la empresa ha sido superada”. Según señaló, la intervención iniciada el 4 de octubre de 2023 no ha generado correctivos reales y, por el contrario, ha profundizado las dificultades.

Isaza explicó que durante el periodo de intervención se han adquirido créditos por cerca de $20 mil millones, compromisos que —aseguró— la empresa no podrá pagar. Indicó que a partir de octubre de 2026 la EAAAY deberá comenzar a cancelar dos mutuos con la Superservicios, con cuotas superiores a los $500 millones mensuales, una obligación que calificó como “imposible de asumir”, dado que actualmente la empresa no alcanza a cubrir sus propios costos de operación. “La misma Superintendencia que nos intervino por estar en crisis es la que nos endeuda y luego pretende cobrarnos”, cuestionó.

Cinco agentes interventores en 2 años

El dirigente sindical también manifestó preocupación por la inestabilidad en los agentes especiales designados por la Superservicios, pues en dos años han pasado cinco interventores, situación que —dijo— ha impedido la ejecución de un plan serio de recuperación. Sumado a ello, recordó que problemas estructurales como el relleno sanitario, que posee menos de un año de vida útil, así como los altos índices de agua no contabilizada, siguen sin resolverse. “La intervención no ha servido para nada; estamos igual o peor que antes”, afirmó.

Frente a los rumores sobre una posible devolución de la empresa al municipio, Isaza aclaró que, jurídicamente, esto no es viable mientras no se superen las causales de intervención. Señaló que lo más probable es que la medida sea ampliada más allá de febrero de 2026, fecha en que concluye la actual resolución, y advirtió que el sindicato espera que sea una extensión con fines de administración y no de liquidación.

“Lo público debe seguir siendo administrado por lo público. No podemos permitir que la crisis termine siendo la excusa para entregar la empresa a un privado”, puntualizó.