NACIONALES
Gobierno Nacional y alcaldes acuerdan estrategia unificada para combatir delito callejero
El Gobierno Nacional y los alcaldes de las ciudades capitales del país acordaron, una estrategia unificada para combatir el delito callejero y el crimen organizado en los centros urbanos y ciudades capitales del país.
Así lo señaló el Portavoz del Gobierno Nacional y Ministro del Interior, Alfonso Prada, al terminó de un Consejo de Seguridad que se adelantó en la Casa de Nariño. La ruta a seguir considera una campaña de desarme, encabezada por el Presidente de la República y los alcaldes, mediante una estrategia conjunta que contemple la posibilidad de hacer ofertas de pago por las armas.
El Portavoz del Gobierno indicó que también se plantearon mecanismos para el crecimiento del pie de fuerza en las ciudades, el aumento de las actividades de interdicción y el equilibrio de responsabilidades en el tratamiento penitenciario entre el Gobierno Nacional, los departamentos y las alcaldías.
Lo mismo que una sanción especial a la recurrencia y los agravantes de los delitos que pongan en riesgo a los colombianos. Es decir, que al Congreso se va a llevar iniciativas para que quienes incurran en ese tipo de crímenes tengan un tratamiento penal y procedimental especial.
De la misma manera se discutieron alternativas que incluyan una detención relativamente corta, pero eficaz que envíe un mensaje contundente de combate al delito y que los delincuentes entiendan que delinquir tiene consecuencias jurídicas, expresó el vocero del Gobierno.
Proyectos de ley
En ese sentido, el Ministro Prada anunció que se van a complementar varias iniciativas que se han presentado al Congreso, tanto por las bancadas y los partidos que representan a Bogotá, para contar con un procedimiento penal expedito para tratar delitos con penas cortas y facilitar la construcción de cárceles con estándares sencillos, facilidades de financiación y de construcción que incorporen todo el proyecto de humanización de la justicia restaurativa.
Un segundo proyecto de ley que va a ser estudiado por el Congreso en el curso de esta estrategia, presentado por la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) –que reúne a todos los alcaldes de las capitales de departamento–, plantea un mecanismo de financiación para tener la posibilidad de construir centros de atención ciudadana como casas de justicia o Unidades de Atención Inmediata (URI).
La norma propuesta establece que en la ejecución de estos proyectos se dividan responsabilidades para su financiación y puesta en marcha entre el Gobierno Nacional, las administraciones departamentales y las alcaldías, de acuerdo con el número de años de condena para delitos menores, intermedios y altos.
En el marco de esta estrategia, agregó Prada, las iniciativas propuestas contarán con unidad de criterio ante el Congreso de la República para ser tramitadas sin ningún tipo de contradicción con el proyecto de ley que radicó esta mañana el Gobierno Nacional de humanización de la pena.
Fuente: Presidencia de la República
Hasta el 10 de junio estará abierta la etapa de inscripciones del proceso de selección INPEC 11 con el que la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) oferta 1.200 vacantes en todo el país, 300 de las cuales son para ascender dentro de la entidad y 900 para ingresar en el cargo de dragoneantes.
Los funcionarios interesados en ascender dentro de la entidad, y hombres y mujeres entre los 18 y 25 años interesados en ser dragoneantes podrán inscribirse a uno de estos empleos en el aplicativo SIMO, así como pagar los derechos de participación, de acuerdo con el nivel para el que apliquen cuyos valores para este año son:
• Niveles técnico y asistencial: $47.450
• Empleos pertenecientes a los demás niveles jerárquicos: $71.200
Es importante recordar que cada aspirante puede aplicar solo a un (1) empleo en una de las modalidades (ascenso o ingreso) y debe realizar la inscripción con tiempo cancelando los derechos de participación en las sucursales de Bancolombia, corresponsales bancarios, por el botón PSE y el botón Bancolombia.
La aplicación de pruebas escritas se realizará en las ciudades de Bogotá D.C., Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cúcuta, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Pereira, Tunja y Villavicencio.
Ingresar como dragoneante
Hay 900 vacantes disponibles para el cargo de dragoneantes, de las cuales 100 son para mujeres. Pueden aplicar jóvenes entre los 18 y menores de 25 años de edad, para la fecha de inicio de las inscripciones. Así mismo, deberán acreditar el resultado de la prueba SABER 11 y tener definida su situación militar (en el caso de los hombres), entre otros requisitos que pueden ser consultados en los acuerdos y anexo del proceso de selección INPEC 11.
Entre las funciones del cargo están ejercer seguridad, resocialización, disciplina y orden de los establecimientos penitenciarios y carcelarios; ejecutar los servicios de orden, seguridad y disciplina de los establecimientos de reclusión; reportar el decomiso de los elementos, objetos, sustancias o productos ilícitos, prohibidos o restringidos; cumplir con las actividades de seguridad, custodia y vigilancia en las garitas, pabellones, puestos de acceso y control, áreas comunes, remisiones, patrullas, detención y prisión domiciliaria, entre otras.
Para ascender dentro del INPEC
Son 300 vacantes para los servidores pertenecientes a la carrera administrativa del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC que deseen crecer profesionalmente dentro de la entidad. Estos empleos se ofertan para los cargos de Distinguido, Inspector, Inspector jefe, teniente de prisiones, Capitán de prisiones, Mayor de prisiones, Oficial logístico y Oficial de tratamiento.
¿Cómo participar?
1. Consulte el acuerdo y el anexo en el que se establecen las reglas del proceso de selección la página web de la CNSC (Procesos en desarrollo) https://cnsc.gov.co/convocatorias/inpec-11-cuerpo-de-custodia-y-vigilancia?field_tipo_de_contenido_convocat_target_id=65
2. Ingrese a la página web y haga clic en el sistema de registro SIMO o entre directamente a través de https://simo.cnsc.gov.co/
3. Regístrese para establecer su usuario y la contraseña.
4. Consulte el empleo que se ajusta a su perfil e identifique el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (OPEC) correspondiente. En esta encontrará la información general del cargo (dependencia, ciudad o municipio, número de vacantes); manual de funciones del empleo y requisitos específicos como estudios y experiencia.
5. En el panel de control digite el número de la OPEC o seleccione la lista desplegable del campo convocatoria.
6. Puede marcar como favorito o seleccionar la vacante de su interés para acceder al formulario. Haga clic en el botón confirmación de empleo. Le saldrán las opciones de pago de los derechos de participación.
7. Luego de realizar el pago, deberá formalizar su aspiración en el botón Inscripción. Verifique la información y marque aceptar.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
NACIONALES
“Se están burlando del campo colombiano”: El reclamo de los arroceros al Ministerio de Agricultura
En el marco de la Audiencia Pública sobre el arroz y los distritos de riego, líderes gremiales, productores y campesinos de los departamentos de Tolima, Huila, Casanare y otras regiones del país, que participaron en la audiencia señalan que el Gobierno Nacional sigue tomando del pelo al campo y a los arroceros del país, hoy como en todas las mesas y reuniones siguen incumpliendo.
A tan solo días del vencimiento de la resolución que estipula el incentivo a la comercialización plazo que finaliza el 30 de junio, ningún agricultor ha recibido el apoyo, debido a que el operador encargado aún no ha sido designado. Esta omisión pone en riesgo no solo la sostenibilidad de las cosechas actuales, sino también la confianza del sector en el cumplimiento institucional.
Incertidumbre con el precio
A esto se suma la completa falta de información sobre la fijación del precio del arroz para el segundo semestre. Hoy, el precio por carga se ubica en $185.000, pero circulan versiones no oficiales que anuncian una reducción a $165.000. Esta situación genera una profunda incertidumbre y vulnerabilidad económica para los productores, quienes ven cómo las decisiones clave se dilatan y se les deja sin garantías
“Se convoca a una audiencia pública solo a perder nuestro tiempo, lo que debería ser un ejercicio técnico y transparente se ha convertido en un terreno fértil para el rumor, la improvisación y el incumplimiento. El campo colombiano no necesita más promesas ni intermediarios sin facultades: necesita acciones urgentes, certezas y respeto por quienes sostienen la seguridad alimentaria del país.” señaló Carlos Arturo Rojas, líder arrocero y gerente de Usocoello.
Otras temáticas de la agenda de discusión giraron en torno a problemáticas estructurales del sector: la ausencia de una política clara de exportación, el abandono de los distritos de riego, y la falta de incentivos a la comercialización. Los arroceros durante toda la audiencia denunciaron el incumplimiento sistemático de los acuerdos pactados en marzo de este año, un hecho con el que advierten, pone en riesgo la viabilidad del cultivo de arroz y la seguridad alimentaria del país.
Gabriel Núñez, Líder arrocero y gerente de Coagrodistritos, aseguró “Ha habido un incumplimiento total. Nada se ha cumplido, ni en Tolima, ni en Huila, ni en ningún otro departamento. Hemos insistido en que el Ministerio de Ambiente ausente hoy instale mesas técnicas urgentes para revisar la tasa de uso del agua en el sector agropecuario. Si no hay compromisos serios hoy, entenderemos que se están burlando del campo colombiano”.
La falta de avances en los compromisos financieros, la ausencia de garantías frente al precio de compra de la cosecha del segundo semestre han sido también tema importante de discusión en la audiencia.
Fuente: Mabel Rocío Castillo Pineda – Periodista
La Unidad de Alimentos para Aprender (UApA) oficializó la formulación de esta política estructural, que convierte el PAE en una política de Estado y no solo en un programa gubernamental. El objetivo: blindar su operación más allá de los ciclos políticos y asegurar que cada niño, niña y joven reciba una alimentación balanceada y pertinente durante su formación escolar.
“Después de 60 años, este Gobierno le dejará a Colombia su primera política pública de alimentación escolar. El Gobierno del Cambio tomó la decisión de elevar el PAE a política de Estado”, afirmó Sebastián Rivera, director de la UApA.
La nueva política se basa en cinco ejes estratégicos que buscan fortalecer el impacto del programa en las aulas y las comunidades:
- Garantía de derechos: la alimentación escolar se reconoce como un derecho fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
- Financiamiento sostenible: se establecen mecanismos financieros a largo plazo para asegurar la continuidad y expansión del PAE.
- Calidad y nutrición mejoradas: las minutas alimentarias serán revisadas y actualizadas con base en criterios técnicos, nutricionales y participación comunitaria.
- Participación ciudadana: estudiantes, familias y comunidades educativas participarán en la toma de decisiones, promoviendo transparencia y pertinencia local.
- Monitoreo y evaluación rigurosos: se implementarán sistemas de seguimiento robustos para garantizar eficiencia, transparencia y rendición de cuentas.
La formulación de esta política responde a lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, donde se reconoce la seguridad alimentaria como un problema estructural. Para ello, la UApA ha habilitado un espacio de participación abierta a través de un formulario en línea y sus redes sociales.
“Esto va más allá de entregar alimentos en la jornada escolar. Hablamos de soberanía alimentaria, de nutrición saludable y de una política construida entre todos: sector público, privado, ONG, comunidad educativa y familias”, explicó Rivera.
La consolidación del PAE como política pública enfrenta retos en la gestión descentralizada, la infraestructura y la capacitación, pero representa un avance determinante para proteger los derechos de la niñez y la juventud.
Con esta decisión, el Gobierno nacional fortalece su compromiso con la equidad y el desarrollo humano, sentando las bases para una Colombia donde la alimentación escolar sea un derecho garantizado, no una excepción.
Fuente: Comunicaciones Mineducación
