Con el fin de aplicar medidas fitosanitarias para control y erradicación de la mosca del Mediterráneo, contribuir a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico de la región, el ICA realizó una jornada de supervisión y toma de muestras de las frutas que llegan para comercialización a la Central de Abastos de Villavicencio, actividades dirigidas a evitar la dispersión de la plaga y protección del estatus fitosanitario en áreas libres y de baja prevalencia de la mosca.

En la central de abastos de esta ciudad, se adelantaron actividades en 28 puntos de monitoreo, así como en predios traspatios del anillo vial circundante. El área tratada fue de cerca de 18 hectáreas con 538 árboles, entre mango, guayaba, pomarrosa, cítricos y una gran variedad de especies nativas y forestales.

Se utilizaron los insumos autorizados para las acciones de control, botellas plásticas para trampeo masivo y paneles amarillos para captura de adultos de mosca del Mediterráneo (Ceratitis capitata). Adicionalmente, y para reforzar las acciones de vigilancia, se realizó muestreo de frutos para determinar hospederos de la mosca de la fruta.

El ICA en el Meta trabaja para proteger los cultivos de exportación de fruta fresca como mangostino, rambután, papaya y cítricos en las zonas productoras de frutales del piedemonte, altillanura, Bajo y Alto Ariari y otros cultivos frutícolas como sandía, mango y piña, entre otros, que hacen parte de la economía campesina en los municipios de estas provincias.

Estas acciones contribuyen al fortalecimiento en la prevención de la mosca de la fruta mediante el trabajo en equipo con productores y comercializadores en implementación de acciones de manejo para contribuir al mejoramiento en la calidad e inocuidad de la fruta para consumo interno y permitir el acceso a nuevos mercados de exportación.

Fuente: Comunicaciones ICA

La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer identificada como Vanessa Alexandra Contreras Nieto, como responsable de hurtar a un ciudadano extranjero en la ciudad de Villavicencio, en agosto de 2024.

Un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Meta le imputó el delito de hurto calificado y agravado. La procesada aceptó su responsabilidad en el hecho.

De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando Contreras Nieto contactó por una página web de citas a la víctima, con quien se encontró en el lugar donde se hospedaba.

Se conoció que esta mujer le suministró una sustancia tóxica que lo puso en estado de indefensión, para después apoderarse de sus pertenencias, avaluadas en más de 24 millones de pesos.

Un juez de control de garantías le impuso a Contreras Nieto medida de aseguramiento en el lugar de domicilio.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la restitución mediante compensación del predio rural ‘La Cristalina’, ubicado en la inspección del mismo nombre en el municipio de Puerto Gaitán (Meta), en favor de una adulta mayor, cabeza de hogar y víctima del conflicto armado.

El predio, con  una extensión de 999 hectáreas, fue adjudicado a la mujer en 1996 mediante resolución del antiguo INCORA, tras haberlo explotado económicamente desde 1975 junto a su compañero. Pero en 1998, ella fue desplazada en medio de los enfrentamientos entre las Farc y los paramilitares, lo que dio paso a una ocupación progresiva del terreno por parte de terceros.

Con el paso  del tiempo, la mujer presentó la solicitud ante la Unidad de Restitución de Tierras (URT), entidad que en efecto llevó el caso ante la justicia especializada, que a su vez emitió sentencia. El fallo establece que la mujer debe ser compensada, y se ordena al Municipio de Puerto Gaitán comprar el inmueble conforme a un avalúo comercial, debido a que parte del predio fue urbanizado, intervenido institucionalmente o está ocupado por familias con buena fe exenta de culpa.

Petrolera pagó servidumbres irregulares en ese terreno

Además, el Tribunal reconoce la participación de la empresa petrolera HOCOL S.A., que durante años realizó inversiones dentro del predio sin consentimiento de la propietaria legítima. Estas incluyeron obras de infraestructura social como centros de salud, andenes, guarderías y apoyo agrícola, así como pagos irregulares a ocupantes no legitimados por concepto de servidumbres petroleras.

El fallo reitera que HOCOL deberá evitar el enriquecimiento injustificado, preservando solo las servidumbres legalmente constituidas y sin vulnerar los derechos restituidos. También se reconoce el derecho de otros solicitantes sobre los predios ‘La Orquídea’ y ‘Casa Caserío’, tras comprobar su condición de víctimas.

El director territorial de la URT en Meta, Robert Gabriel Barreto Lara, recalcó: “este fallo es un precedente en la protección de los derechos territoriales de las víctimas del conflicto, en escenarios de alta complejidad social, institucional y empresarial”.

Fuente: Comunicaciones Restitución de Tierras