REGIÓN
Gobernador de Boyacá pide ayuda al gobierno nacional para atender la ola invernal
El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, se refirió a la situación por la que atraviesa el departamento a raíz de las emergencias por ola invernal y que ha generado problemas en 33 puntos del departamento.
El mandatario de los boyacenses indicó que dentro de las emergencias más difíciles se encuentra el paso por Puente Sisa, Aquitania, Cubará; y crecientes en los ríos Ricaurte, Márquez y Lengupá.
“Ya no damos abasto, necesitamos ayuda del Gobierno nacional y esperamos se agilicen las gestiones que hemos venido realizando ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo a la que le solicitamos desde hace cuatro meses un puente y nos lo aprobó para Puente Sisa. Nos comprometimos con 1.100 millones de pesos para construir la estructura, que se está terminando de ejecutar”, expresó el gobernador.
Además, indicó que el reporte entregado por parte de la Secretaría de Infraestructura, es que las zapatas y demás obras soportaron la crecida del río, así que lo único que falta es instalar es la estructura del puente militar, que se espera por parte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para solucionar el problema de comunicación vial existente.
Graves problemas en la Transversal del Cusiana
La Gobernación de Boyacá, en coordinación con la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Transversal del Sisga, realizaron un recorrido conjunto por ese corredor vial ante la declaratoria de calamidad pública en Santa María y de alerta roja en Macanal como consecuencia de la emergencia invernal que afecta esa región del Valle de Tenza.
Tras la inspección se identificaron un total de 17 afectaciones a la transitabilidad por causa de eventos naturales, las cuales incluyen 15 cierres parciales por movimientos en masa y dos cierres totales por pérdida parcial de banca con alto riesgo de pérdida total.
Luis Carlos Mantilla, director de Desarrollo de Infraestructura Vial de Boyacá, señaló que la concesión está trabajando activamente en los sitios afectados por medio de actividades de remoción y transporte de material, control de escorrentía superficial y protección de banca para prevenir mayores daños.
Además, la ANI emitió una solicitud formal a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para convocar un Puesto de Mando Unificado desde el orden nacional y gestionar un puente metálico modular de 50 metros y ayudas humanitarias.
Fuente: Gobernación de Boyacá
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
