CASANARE
Gestión del Riesgo recuperó movilidad hacia 2 veredas de Hato Corozal
Para proteger la vía hacia dos veredas y evitar la pérdida de una alcantarilla se realizaron varios trabajos sobre el río Tocaría, a la altura de la vereda San Luis del Aricaporo.
A través de un trabajo conjunto entre la Gobernación de Casanare, la Alcaldía Municipal y el diputado Alejandro López, se logró recuperar la bancada de la vía que conduce hacia las veredas San Luis del Aricaporo y La Nueva Libertad; se protegió una alcantarilla ampliamente afectada por la socavación progresiva del río Aricaporo y se consiguió alejar el afluente para evitar que este fenómeno se siga presentando sobre el punto crítico.
De acuerdo con Guillermo Pérez, director de Gestión del Riesgo de Desastres, el éxito de este trabajo obedece a la articulación de las entidades y el acompañamiento de la comunidad. “Iniciamos con la visita técnica, luego realizamos el desplazamiento de la maquinaria. Se canalizó el río en un tramo de unos 200 metros, direccionándolo hacia la margen izquierda para poder realizar la recuperación de la alcantarilla, y la reconstrucción de la bancada de la vía en un tramo de 50 metros aproximadamente”, señaló Pérez.
En el lugar, también se realizaron canalizaciones y jarillones, para reducir el peligro de que a futuro se vuelva a presentar el fenómeno natural sobre el importante corredor vial, que beneficia alrededor de 60 familias hato corozaleñas.
Otra obra
Recordemos que en el mismo río, en días recientes el gobernador de los casanareños entregó a la comunidad una obra de protección y mitigación, compuesta por una canalización y un jarillón de medio kilómetro, que protege la bocatoma del acueducto de la vereda Aricaporo en Hato Corozal, donde se abastecen 40 familias campesinas.
Paso elevado en riesgo. Otro compromiso con este Municipio.
Culminado el trabajo en San Luis del Aricaporo, Salomón Sanabria desplazó su equipo de Gestión del Riesgo de Desastres a evaluar la socavación que presenta el río Tate, sobre el paso elevado del acueducto de las veredas Manare y Llano Grande de esta localidad.
Hacia este punto crítico, la primera autoridad del Departamento trasladará maquinaria con el objeto de proteger el acueducto que nutre del valioso líquido a 75 familias campesinas.
Fuente: Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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