CASANARE
Gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Yopal pasó a debate de control político
En el recinto del Concejo Municipal de Yopal, se llevó a cabo el viernes 21 de octubre, el debate de control político al gerente de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Yopal, Jairo Bossuet Pérez Barrera, debate que se prolongó por más nueve horas.
La concejal citante Laura Barrera, dio inicio al debate expresando la importancia de conocer de manera oficial por parte del gerente de la EAAAY los detalles de la suscripción de los contratos de colaboración estratégica.
De acuerdo con el reglamento interno de la corporación, Pérez Barrera por cerca de una hora se refirió a los pormenores de los contratos 00147.22 que tiene por objeto la Construcción e implementación de una planta de tratamiento aprovechamiento y manejo integral e industrial de residuos sólidos y el contrato 00148.22 cuyo objeto es la transferencia tecnológica de la PTAR existente con tecnología KWI para un qm: 500lps, eficiencia >90% y lodos tratados n-virus, y diseño y construcción de la nueva PTAR qm: 1500lps, y diseño de plan maestro de acueducto y alcantarillado del casco urbano del municipio de Yopal.
En este debate como siempre, se brindó el espacio de participación ciudadana en el que más de 25 personas entre ediles, líderes, presidentes de junta de acción comunal, estudiantes y comunidad en general expresaron su posición frente al tema objeto de la discusión.
Por su parte el presidente de la corporación, Jesús Alberto Vega, afirmó que: El Concejo Municipal de Yopal es conocedor de la problemática del manejo de aguas residuales y el relleno sanitario que posee la ciudad, NO se opone a la solución de esta problemática, por el contrario, la corporación es partidaria que Yopal cuente con un óptimo sistema de tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos, siempre y cuando estos procesos se realicen de cara a la comunidad.
Finalmente, para la corporación en general queda en incertidumbre la pertinencia y conveniencia de la suscripción de estos contratos de colaboración estratégica de acuerdo al momento que atraviesa la empresa de acueducto y la realidad social de la comunidad yopaleña, de igual manera no se dio claridad sobre el beneficio que obtendrá el municipio con la ejecución de dichos contratos.
Fuente: Concejo de Yopal
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
