CASANARE
Gerente de Capresoca explicó procedimiento para la toma de pruebas Covid
Frente a algunas inquietudes de ciudadanos sobre la toma de pruebas para determinar si tienen COVID-19 o no, la gerente de Capresoca EPS, Nuria Yarley Bohórquez, explicó que estos procedimientos están ajustados a las directrices del Ministerio de Salud y la Protección Social, a través de los diferentes protocolos donde se establecen algunas características específicas.
Dentro de los protocolos establecidos al interior de Capresoca EPS, cuando una persona hace un reporte de posible caso sospechoso, bien sea por cercanía a una persona por caso positivo o porque presente síntomas asociados al virus, lo primero que se hace es contactarla a través de llamada telefónica por parte de un profesional capacitado, quien hace una indagación preliminar.
Mediante la llamada se hace una clasificación y si tiene alguna relación, se remite para que un médico le haga una valoración a través de una teleconsulta o si lo requiere, mediante una visita domiciliaria.
Luego de que la persona es valorada, el médico es quien decide si se le realiza o no la toma de muestra para COVID-19, si el profesional tratante ordena la prueba, la EPS automáticamente notifica al laboratorio contratado para que se desplacen hasta la vivienda del paciente para realizarla; luego se envía al laboratorio en Bogotá para ser analizada, pero como todos los departamentos envían pruebas a los diferentes laboratorios avalados por el Ministerio de Salud, estos se están demorando hasta 15 días en procesar los resultados.
Esas demoras han causado mucha inquietud en las personas, pero la entrega del resultado no depende de la EPS sino del análisis que se hace en Bogotá, por lo que el llamado a la comunidad es a que sigan extremando todas las medidas de bioseguridad, porque en la medida en que van aumentando los contagios, el país no tiene la capacidad de procesar las pruebas, por lo que, de continuar así, llegará el momento que no se puedan tomar pruebas así sean personas sintomáticas, porque los laboratorios no van a tener la capacidad de procesar toda la cantidad que llegan del territorio nacional.
Fuente: Gobernación de Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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