CASANARE
Gerente de Capresoca explicó procedimiento para la toma de pruebas Covid
Frente a algunas inquietudes de ciudadanos sobre la toma de pruebas para determinar si tienen COVID-19 o no, la gerente de Capresoca EPS, Nuria Yarley Bohórquez, explicó que estos procedimientos están ajustados a las directrices del Ministerio de Salud y la Protección Social, a través de los diferentes protocolos donde se establecen algunas características específicas.
Dentro de los protocolos establecidos al interior de Capresoca EPS, cuando una persona hace un reporte de posible caso sospechoso, bien sea por cercanía a una persona por caso positivo o porque presente síntomas asociados al virus, lo primero que se hace es contactarla a través de llamada telefónica por parte de un profesional capacitado, quien hace una indagación preliminar.
Mediante la llamada se hace una clasificación y si tiene alguna relación, se remite para que un médico le haga una valoración a través de una teleconsulta o si lo requiere, mediante una visita domiciliaria.
Luego de que la persona es valorada, el médico es quien decide si se le realiza o no la toma de muestra para COVID-19, si el profesional tratante ordena la prueba, la EPS automáticamente notifica al laboratorio contratado para que se desplacen hasta la vivienda del paciente para realizarla; luego se envía al laboratorio en Bogotá para ser analizada, pero como todos los departamentos envían pruebas a los diferentes laboratorios avalados por el Ministerio de Salud, estos se están demorando hasta 15 días en procesar los resultados.
Esas demoras han causado mucha inquietud en las personas, pero la entrega del resultado no depende de la EPS sino del análisis que se hace en Bogotá, por lo que el llamado a la comunidad es a que sigan extremando todas las medidas de bioseguridad, porque en la medida en que van aumentando los contagios, el país no tiene la capacidad de procesar las pruebas, por lo que, de continuar así, llegará el momento que no se puedan tomar pruebas así sean personas sintomáticas, porque los laboratorios no van a tener la capacidad de procesar toda la cantidad que llegan del territorio nacional.
Fuente: Gobernación de Casanare
Luego de acoger las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, un juez de conocimiento condenó a Juan Manuel Sánchez López a 35 años y 10 meses de prisión, como responsable del delito de homicidio agravado.
Como se informara en su momento, el 18 de junio del 2023 en una vivienda de Torres de San Marcos en Yopal, Sánchez
López de 28 años, le causó la muerte a su mamá a través de asfixia mecánica.
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Uniformados de la Policía Nacional acudieron a la vivienda tras una alerta recibida por una agresión que se estaba presentando en el lugar, sin embargo, al llegar la víctima ya había fallecido.
El juez del caso condenó al agresor a la inhabilitación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el término de 20 años, y la suspensión de todo tipo de mecanismo sustitutivo de la pena.
Esta decisión es de primera instancia y sobre ella proceden los recursos de ley.
La Fiscalía General de la Nación judicializó a Johan Merchán Jaimes, auxiliar del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quien, al parecer, tenía en su poder estupefacientes, durante su guardia en la cárcel donde trabaja.
Un fiscal de la Seccional Casanare le imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El procesado no aceptó los cargos.
Los hechos ocurrieron el pasado 11 de diciembre, cuando la guardia del Inpec capturó en flagrancia al auxiliar, después de que encontraron en su poder, al parecer, aproximadamente 3 kilos de marihuana y cocaína, además equipos de comunicación.
Un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad en su lugar de domicilio.
En el marco de las acciones orientadas al fortalecimiento del sector agropecuario y la seguridad alimentaria, la Gobernación de Casanare adelantó la entrega de activos productivos a comunidades indígenas del resguardo de Caño Mochuelo. La actividad fue liderada por la Dirección Rural de la Secretaría de Agricultura, bajo la coordinación de Cristian Cifuentes.
La jornada benefició a tres comunidades indígenas ubicadas en los sectores de Merey, El Calvario y Santa María de Iremene, donde se entregaron 74 semovientes bovinos, seis toneladas de sal mineralizada y melaza, además de kits conformados por sogas, vitaminas y desparasitantes.
Esta intervención se enmarca en la apuesta por impulsar el desarrollo rural y generar condiciones que fortalezcan la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas del departamento.
