META
Gaula de la Policía capturó ocho extorsionistas en el Meta
Ocho extorsionistas fueron capturados por el Departamento de Policía Meta en las últimas horas, durante la operación “Llano Libre” liderada por unidades del Gaula como parte de los planes operacionales. Seis casos resueltos positivamente, en los que las víctimas eran ganaderos, comerciantes, agricultores y mineros.
Estas capturas se lograron, con el objetivo de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que mediante llamadas telefónicas o visitas venían siendo objeto de constreñimiento bajo las amenazas de atentar contra ellos, sus familias o patrimonio económico.
‘Seremos contundentes con la extorsión, para que los ciudadanos de bien se sientan tranquilos y para contribuir al desarrollo económico de la región’, indicó el señor coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, Comandante Departamento de Policía Meta.
CASO#1. Alias ‘Negro’, de 23 años y ‘Karina’, de 19 años, presuntos integrantes de ‘Los Puntilleros’ bloque Libertadores del Vichada, quienes estaban exigiéndole a un comerciante cinco millones de pesos; siendo capturados en un establecimiento de abarrotes del barrio centro del municipio de Puerto Gaitán, en momentos que cobraban un millón de pesos y se llevaban varios comestibles como parte de la cuota extorsiva. Dejados a disposición de la Fiscalía 3 especializada ante el Gaula, por el delito de extorsión.
CASO#2. Alias ‘Fercho’, de 29 años y ‘Toño’, de 28 años, presuntos delincuentes que le estaban exigiendo a una comerciante 18 millones de pesos; siendo capturados en vía pública del barrio centro del municipio de Granada, en momentos que recibían de su víctima el pago de seis millones de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejados a disposición de la Fiscalía 18 especializada ante el Gaula Ariari por el delito de extorsión.
Estos sujetos se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki AX, de placa XLM-96D, color rojo, y en poder de uno de ellos, se halló un revólver marca Ruger, calibre 38 largo especial, con seis cartuchos para el mismo.
CASO#3. Alias ‘Ruby’, 23 años, presunta delincuente que le exigía a una empresa de explotación minera 9.000 pesos por cada vehículo que fuera cargado con material pétreo; siendo capturada en la vereda Brisas del Guayuriba del municipio de Puerto López, en momentos que recibía la suma de 15 millones de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejada a disposición de la Fiscalía 14 especializada ante el Gaula, por el delito de extorsión.
Al parecer, esta empresa desde el año 2013 hasta la fecha, han pagado más de 90 millones de pesos en chantajes para poder trabajar en la zona. Lo que deja en claro que, acceder a las exigencias de los delincuentes no es garantía de que no lo vuelvan a extorsionar. Denúncielos a la línea 165 del Gaula de la Policía.
CASO#4. Alias ‘Sandra’, de 33 años, presunta delincuente que exigía dinero a nombre del ‘Clan del Golfo’, grupo diezmado en esta región; siendo capturada sobre la vía de ingreso al municipio de Granada, en momentos que recibía de un agricultor un millón de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejada a disposición de la Fiscalía 18 especializada delegada ante el Gaula Ariari, por el delito de extorsión.
CASO#5. Alias ‘El Perro’, de 23 años, presunto integrante de ‘Los Puntilleros’ bloque Libertadores del Vichada, señalado de exigir hasta 10.000 pesos por cada cabeza de ganado, a los ganaderos en la región del Ariari.
Siendo ubicado en vía pública del barrio La Sabana del municipio de Granada, en donde fue notificado de la orden de captura en su contra, expedida por la Fiscalía 18 especializada Gaula Ariari ante el Juzgado promiscuo municipal de Vista Hermosa, por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y fabricación, tráfico y porte de armas.
CASO#6. Alias ‘Yeferson’, de 28 años, presunto delincuente, señalado de exigir hasta un millón de pesos a los agricultores en la región del Ariari; siendo capturado en vía pública del barrio Tunal de Bogotá, en momentos que recibía 400 mil pesos de manos de una de sus víctimas. De igual forma, fue notificado de la orden de captura en su contra, expedida por la Fiscalía 18 especializada Gaula Ariari ante el Juez promiscuo municipal de Puerto Lleras, por el delito de extorsión.
Durante el año anterior fueron capturados 128 delincuentes por el delito de extorsión, flagelo que registra una disminución de 62% (13 casos menos), al pasar de 21 en 2018 a 8 en el 2019. Para denunciar este flagelo, comuníquese a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional; el 98% de los casos denunciados logran la captura de los delincuentes y ponen a salvo a las víctimas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, que ordena devolver 34.534 hectáreas a las comunidades indígenas Awalibá y La Campana, ubicadas en la inspección de Planas, en Puerto Gaitán (Meta).
La entrega fue liderada por el director territorial de la URT en el departamento, Robert Barreto, y la líder del equipo étnico, Gina Villalobos, quienes en representación del director general, el mayor Giovani Yule, reiteraron el compromiso con la reparación de las comunidades ancestrales víctimas del conflicto.
La decisión judicial reconoce que estas comunidades del pueblo Sikuani han sido objeto de una victimización sistemática y prolongada, relacionada con el despojo, la violencia, la ocupación indebida de sus tierras y la falta de garantías estatales.
Los gobernadores de Awalibá, Ricardo Moreno, y de La Campana, Jonathan León, agradecieron al Gobierno de Gustavo Petro por hacer realidad su retorno al territorio. “Ahora nos sentimos libres. Podemos continuar con nuestras prácticas ancestrales, gobierno propio y cosmovisión. Muchas gracias a Restitución de Tierras y a los magistrados por hacer justicia para nuestro pueblo”, agregaron.
Por su parte, el director territorial recalcó: “con este fallo, el Estado colombiano da un paso decisivo hacia la reparación de comunidades indígenas afectadas por el conflicto armado, reafirmando que la restitución de tierras no solo implica devolver el territorio, sino dignificar a los pueblos y garantizar su permanencia en el tiempo. De esta manera, el Gobierno Petro cumple con dignidad a las víctimas”.
El Tribunal evidenció que estas comunidades han enfrentado violaciones a los derechos humanos, como desplazamientos forzados, confinamientos, persecución, homicidios y afectaciones a su cultura y espiritualidad. Asimismo, determinó que existió una relación directa entre la explotación de recursos y el despojo, sumado a la ausencia de consulta previa en proyectos desarrollados en su territorio.
Por ello, el Tribunal ordena no solo la restitución jurídica del territorio, sino avanzar en la formalización del resguardo indígena de La Campana, anulación de adjudicaciones irregulares, protección de sitios sagrados y medidas de reparación con enfoque intercultural.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
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