META
Gaula de la Policía capturó ocho extorsionistas en el Meta
Ocho extorsionistas fueron capturados por el Departamento de Policía Meta en las últimas horas, durante la operación “Llano Libre” liderada por unidades del Gaula como parte de los planes operacionales. Seis casos resueltos positivamente, en los que las víctimas eran ganaderos, comerciantes, agricultores y mineros.
Estas capturas se lograron, con el objetivo de devolverle la tranquilidad a los ciudadanos que mediante llamadas telefónicas o visitas venían siendo objeto de constreñimiento bajo las amenazas de atentar contra ellos, sus familias o patrimonio económico.
‘Seremos contundentes con la extorsión, para que los ciudadanos de bien se sientan tranquilos y para contribuir al desarrollo económico de la región’, indicó el señor coronel Nicolás Alejandro Zapata Restrepo, Comandante Departamento de Policía Meta.
CASO#1. Alias ‘Negro’, de 23 años y ‘Karina’, de 19 años, presuntos integrantes de ‘Los Puntilleros’ bloque Libertadores del Vichada, quienes estaban exigiéndole a un comerciante cinco millones de pesos; siendo capturados en un establecimiento de abarrotes del barrio centro del municipio de Puerto Gaitán, en momentos que cobraban un millón de pesos y se llevaban varios comestibles como parte de la cuota extorsiva. Dejados a disposición de la Fiscalía 3 especializada ante el Gaula, por el delito de extorsión.
CASO#2. Alias ‘Fercho’, de 29 años y ‘Toño’, de 28 años, presuntos delincuentes que le estaban exigiendo a una comerciante 18 millones de pesos; siendo capturados en vía pública del barrio centro del municipio de Granada, en momentos que recibían de su víctima el pago de seis millones de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejados a disposición de la Fiscalía 18 especializada ante el Gaula Ariari por el delito de extorsión.
Estos sujetos se movilizaban en una motocicleta marca Suzuki AX, de placa XLM-96D, color rojo, y en poder de uno de ellos, se halló un revólver marca Ruger, calibre 38 largo especial, con seis cartuchos para el mismo.
CASO#3. Alias ‘Ruby’, 23 años, presunta delincuente que le exigía a una empresa de explotación minera 9.000 pesos por cada vehículo que fuera cargado con material pétreo; siendo capturada en la vereda Brisas del Guayuriba del municipio de Puerto López, en momentos que recibía la suma de 15 millones de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejada a disposición de la Fiscalía 14 especializada ante el Gaula, por el delito de extorsión.
Al parecer, esta empresa desde el año 2013 hasta la fecha, han pagado más de 90 millones de pesos en chantajes para poder trabajar en la zona. Lo que deja en claro que, acceder a las exigencias de los delincuentes no es garantía de que no lo vuelvan a extorsionar. Denúncielos a la línea 165 del Gaula de la Policía.
CASO#4. Alias ‘Sandra’, de 33 años, presunta delincuente que exigía dinero a nombre del ‘Clan del Golfo’, grupo diezmado en esta región; siendo capturada sobre la vía de ingreso al municipio de Granada, en momentos que recibía de un agricultor un millón de pesos como parte de la cuota extorsiva. Dejada a disposición de la Fiscalía 18 especializada delegada ante el Gaula Ariari, por el delito de extorsión.
CASO#5. Alias ‘El Perro’, de 23 años, presunto integrante de ‘Los Puntilleros’ bloque Libertadores del Vichada, señalado de exigir hasta 10.000 pesos por cada cabeza de ganado, a los ganaderos en la región del Ariari.
Siendo ubicado en vía pública del barrio La Sabana del municipio de Granada, en donde fue notificado de la orden de captura en su contra, expedida por la Fiscalía 18 especializada Gaula Ariari ante el Juzgado promiscuo municipal de Vista Hermosa, por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y fabricación, tráfico y porte de armas.
CASO#6. Alias ‘Yeferson’, de 28 años, presunto delincuente, señalado de exigir hasta un millón de pesos a los agricultores en la región del Ariari; siendo capturado en vía pública del barrio Tunal de Bogotá, en momentos que recibía 400 mil pesos de manos de una de sus víctimas. De igual forma, fue notificado de la orden de captura en su contra, expedida por la Fiscalía 18 especializada Gaula Ariari ante el Juez promiscuo municipal de Puerto Lleras, por el delito de extorsión.
Durante el año anterior fueron capturados 128 delincuentes por el delito de extorsión, flagelo que registra una disminución de 62% (13 casos menos), al pasar de 21 en 2018 a 8 en el 2019. Para denunciar este flagelo, comuníquese a la línea 165 del Gaula de la Policía Nacional; el 98% de los casos denunciados logran la captura de los delincuentes y ponen a salvo a las víctimas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
