REGIÓN
Funcionarios y particulares habrían apoyado destrucción de bosques en Boyacá y Cundinamarca
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de 12 presuntos integrantes de una red delictiva señala de deforestar algo más de 7.000 hectáreas de bosque nativo en varios municipios de Cundinamarca y Boyacá, obtener madera de especies protegidas y comercializarla.
Dos de los procesados son funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y uno más es contratista de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR). Estas personas, al parecer, usaban sus cargos e influencia, y a cambio de dádivas, facilitaban la expedición de permisos para aprovechar el recurso maderable en zonas de reserva forestal o gestionaban salvoconductos que le permitían a la organización mover grandes cantidades de madera y darles apariencia de legalidad.
El grupo delincuencial, presuntamente, compraba o se apropiaba de manera irregular de bosques, talaba árboles indiscriminadamente y trasladaba la madera a distintos puntos de acopio, donde se coordinaba la venta y distribución. En las labores investigativas se constató que la actividad ilícita afectó áreas protegidas en Tunja, Pesca y Combita (Boyacá); y en Zipaquirá y municipios de la sabana norte y occidente de Bogotá, en Cundinamarca.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a estas 12 personas, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir, aprovechamiento ilícito de recursos naturales renovables y cohecho por dar u ofrecer. Ante la contundencia de los argumentos de la Fiscalía, nueve de los procesados aceptaron los cargos.
Según la Fiscalía, entre las personas investigadas están Omar Pineda González e Isaías Cita Uribe, los presuntos articuladores principales de todo el andamiaje ilegal, encargados de la financiación y compra de los bosques, la preparación de la madera, el transporte del producto en tractocamiones y el contacto directo con los funcionarios que estarían al servicio de la red.
También están: el ingeniero del ICA David Enrique Rodríguez Cifuentes, quien sería el responsable de emitir conceptos técnicos forestales que le permitían a la estructura ilegal explotar determinadas zonas; la servidora del ICA Sandra Liliana Páez Triviño, adscrita a un área de control fitosanitario, pero que, según las investigaciones, habría intervenido y gestionado la adquisición de salvoconductos para soportar la madera movilizada y comercializada; y el contratista de la CAR Jorge Augusto Cortés Rincón.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.

REGIÓN
Procuraduría indaga si en Guaviare utilizaron regalías para construir mangas de coleo
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
REGIÓN
Investigan al exgobernador de Boyacá Ramiro Barragán por contratar obras con Fondos Mixtos
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria al exgobernador de Boyacá, Ramiro Barragán Adame, por presuntas irregularidades en la contratación de trabajos de mejoramiento del parque principal del municipio de Cómbita, en ese departamento, financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por cerca de 4.100 millones de pesos.
La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR investiga aparentes irregularidades en la designación del Fondo Mixto para la Promoción de la Infraestructura, el Desarrollo Integral y la Gestión Social ‘Sierra Nevada’ como ejecutor del proyecto, pues no contaría, presuntamente, con la capacidad administrativa, técnica, operativa y financiera necesaria para garantizar su adecuada ejecución.
Entre otras pruebas, el órgano de control pidió a la Gobernación copia del decreto mediante el cual fue designado el ejecutor del proyecto, así como del estudio, análisis, evaluación y documentos previos que sirvieron de fundamento para esa decisión, así como los que sirvieron de base para contratar la interventoría.
Con la apertura de la investigación, el órgano de control busca verificar la ocurrencia de la conducta, establecer si la misma constituye falta disciplinaria y determinar si se actuó bajo el amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria.
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