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Fuerza Pública garantiza seguridad para llevar la restitución de tierras a La Macarena
La restitución de tierras continúa avanzando en favor de los campesinos que han sido víctimas de despojo y abandono forzado de tierras, esta vez en la zona rural de La Macarena, Meta gracias al respaldo de la Fuerza Pública que dio el aval para ingresar a 20 veredas donde antes no se había podido llegar por falta de condiciones óptimas de seguridad.
El director general de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro y Adriana Trujillo, directora (e) de la Territorial Meta, presidieron el Comité Operativo de Restitución de Tierras, escenario en el cual se ratificó el compromiso de las autoridades para acompañar las labores de la entidad. En La Macarena hay 540 solicitudes, de las cuales 211 cuentan con decisión de fondo y 205 están pendientes por intervenir; además, se han radicado 17 demandas ante los jueces y magistrados de restitución.
En los 33 meses de Gobierno del presidente Iván Duque, la Unidad de Restitución de Tierras con el acompañamiento de la Fuerza Pública ha logrado iniciar intervención en 171 nuevas zonas del país.
Las veredas habilitadas por la Fuerza Pública son: Los Alpes, La Machaca, Marimbas, Bocana Caño Gringo, Brisas del Gringo, Caño Gringo Medio, Caño La Sal, Caño Mono, Caserío, El Oriente, El Paraíso, Flor de Mayo, La Sierra, Las Delicias, Los Andes, Risaralda, San Juan de Lozada, Topacio, Aguas Claras y Unión Macarena. En estos sectores se impactarán 42 solicitudes de restitución, en un área de 358 hectáreas con 39 metros cuadrados reclamados.
El Comité se desarrolló de manera semipresencial y asistieron además el Procurador Judicial 25 Especializado en Restitución de Tierras, Nelson Ordoñez; el Brigadier General Raúl Flórez, Comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta OMEGA; el Brigadier General Roger Gómez, Comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido; y el Coronel Oscar Fernando Daza, Comandante del Departamento de Policía Meta.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
