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Formulan cargos a exalcaldesa de Puerto Carreño por posibles irregularidades en ejecución de proyecto

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra la exalcaldesa (e) de Puerto Carreño (Vichada), Guadalupe Figueroa Cruz, por posibles irregularidades en el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Casuarito, en Puerto Carreño (Vichada), que supera los $ 2 mil millones.

La decisión también cobija a la entonces directora de infraestructura de la Alcaldía y supervisora del contrato, Valentina Granada Giraldo, quien elaboró los estudios previos.

Se trata de un contrato de consultoría para la elaboración de un diagnóstico que permita la optimización de la planta de tratamiento de agua potable y el diseño de la red de distribución de la inspección del citado municipio el cual, al parecer, se habría adelantado con base en unos estudios del sector elaborados para la “Infraestructura del centro de integración ciudadana”.

Se cuestiona entonces a la exalcaldesa por suscribir el cuestionado bilateral con base en unos estudios que no correspondían a un contrato de consultoría y aparentemente, haber calculado de manera errónea los costos de personal, situaciones que habrían generado sobrecostos.

La Procuraduría también formuló cargos a la supervisora de este contrato quien, al parecer, habría elaborado los aludidos estudios previos y del sector con criterios que presentaron las fallas ya mencionadas.

Adicionalmente, no habría adelantado el seguimiento, control y vigilancia correspondiente, lo que se evidenció en las deficiencias técnicas presentadas los productos entregados, los cuales “no contaban con la totalidad de la información requerida que permitiera viabilizar la ejecución de un proyecto futuro como, en efecto sucedió”.

Así mismo, la supervisora Granada Giraldo, al parecer, no exigió al contratista subsanar los requerimientos del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, tras la presentación del diagnóstico y tampoco habría utilizado los mecanismos legales y contractuales para garantizar el cumplimiento óptimo del contrato.

Fuente: Procuraduría General de la Nación

REGIÓN

Radican 14 demandas para reclamar 10 mil hectáreas despojadas en Meta y Guaviare

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La Unidad de Restitución de Tierras (URT) dio un paso significativo en la lucha por la justicia y la reparación a las víctimas del despojo y abandono forzado de tierras en los departamentos de Meta, Guaviare y tres municipios de Cundinamarca, que integran la jurisdicción de la Dirección Territorial Meta.

En un esfuerzo por restablecer los derechos de quienes han sufrido la violencia, la URT Meta, bajo el liderazgo la directora territorial encargada, Martha Liliana Arévalo, radicó recientemente 14 demandas ante los jueces de restitución, con las cuales son reclamadas 10.000 hectáreas en favor de los despojados. Gran parte de ellos adultos mayores y mujeres, por lo que se prioriza así el enfoque diferencial.

Estas acciones judiciales corresponden a varios municipios del Meta, incluyendo Puerto Gaitán, Uribe, Puerto Concordia, Granada y El Castillo, tal como Calamar en Guaviare y Medina en Cundinamarca.

Desde la vigencia de la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, en esta jurisdicción, la entidad ha llevado un total de 1.500 casos ante la justicia, destacando su compromiso con la representación judicial de las víctimas. De estos, 1.395 corresponden a Meta, 58 a Cundinamarca y 47 a Guaviare.

Hasta la fecha, los jueces y magistrados especializados han emitido 315 sentencias a favor de las víctimas, lo que ha implicado la restitución de alrededor de 75.000 hectáreas, que devuelven esperanza y dignidad a cerca de 1.300 campesinos e indígenas.

También se destaca que, a la fecha, se han implementado 110 proyectos productivos en predios restituidos del departamento del Meta, en líneas de fruta, café y ganadería, con una inversión de más de $3.261 millones de pesos.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)

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Sogamoso, riña entre colombianos y venezolanos deja una persona muerta

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A través de un comunicado la Alcaldía de Sogamoso confirmó el altercado que se presentó el domingo 15 de septiembre entre un grupo de personas de nacionalidad venezolana y otro grupo de colombianos.

Este hecho ocurrió en la esquina de la carrera 14 con calle primera, allí en medio de una reunión donde se estaban consumiendo bebidas alcoholicas y al parecer por una discusión derivada de una apuesta, se dio inicio al grave altercado que deja una persona muerta.

La información de las autoridades señala que un sujeto de nacionalidad venezolana, plenamente identificado, desenfundó un arma e hirió a un hombre de nacionalidad colombiana, quien murió mientras era trasladado al servicio de urgencia.

Se conoció que las partes involucradas al parecer se dedican al microtráfico en el Municipio, por lo que este lunes se adelantará consejo de seguridad para analizar la situación y tomar medidas de control.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Aplican extinción de dominio a bienes de ex militar vinculado con falsos positivos en el Meta

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La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares de secuestro, toma de posesión, embargo y suspensión del poder dispositivo sobre trece bienes que harían parte del patrimonio del mayor en retiro del Ejército Nacional Juan Carlos Rodríguez Agudelo, conocido como ‘Zeus’.

Las propiedades, avaluadas en más de 11.700 millones de pesos, estarían a nombre del oficial en retiro y algunos integrantes de su núcleo familiar. Los elementos de prueba indican que habrían sido adquiridas con recursos ilícitos provenientes del tráfico de estupefacientes y de armas, entre otras conductas delictivas por las que ha sido procesado.

Lea también: JEP expulsó a Mayor (r) del Ejército que siguió delinquiendo y ahora está prófugo

En una acción conjunta de la Fiscalía y la DIJIN de la Policía Nacional fueron identificados los bienes en Bogotá, Yondó (Antioquia) y Puerto Boyacá (Boyacá). Están representados en dos fincas ganaderas de más de 500 hectáreas, que superarían en valor 10.400 millones de pesos, tres inmuebles urbanos y ocho vehículos.

Rodríguez Agudelo fue condenado por los delitos de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes agravado; tráfico, fabricación y porte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas; tráfico, fabricación y porte de armas de uso personal, utilización ilegal de uniformes y falsedad marcaria.

Recientemente, en abril de 2024, fue judicializado luego de que fuera capturado en situación de flagrancia con otras cuatro personas, mientras transportaba armas de fuego, explosivos y munición, entre otros elementos, en zona rural de Mutiscua (Norte de Santander). Luego, se fugó del lugar en el que permanecía privado de la libertad preventivamente, por esta actuación se adelanta una investigación en la Seccional Norte de Santander.

Fuente: Fiscalía General de la Nación

 

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