CASANARE
Formulan cargos a exalcalde de Monterrey por no atender temas relacionados con una menor de edad
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exalcalde municipal de Monterrey (Casanare), Orlando Martínez Ávila, y a su secretario de Gobierno, Juan Arley Bernal Martínez, quienes no habrían adelantado las acciones necesarias para garantizar los derechos de una menor de edad.
El exmandatario habría incurrido en falta disciplinaria al designar a su secretario de Gobierno para que actuara en un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos de una menor de edad, luego de que la comisaria de familia se declarara impedida.
El ente disciplinario advirtió que al nombrar un funcionario reemplazante, Martínez Ávila posiblemente desconoció la ruta de solución para los casos en que debiera hacerse uso de una competencia subsidiaria.
Entre tanto, de acuerdo con las pruebas recaudadas, el secretario de despacho no habría realizado ninguna acción respecto del encargo de tramitar de manera especial el proceso de restablecimiento de derechos de la niña.
En ese sentido, la Procuraduría señaló que, si bien la asignación efectuada a Bernal Martínez no era la correcta, el investigado no habría expresado sus argumentos para no efectuar ninguna actividad, tampoco alegó impedimento o falta de competencia o conocimiento del tema.
Señala el Ministerio Público que “sencillamente ignoró el asunto, no actuó y dejó transcurrir los seis meses que están reglamentados para efectuar el proceso”. En consecuencia, la misma administración de Monterrey debió remitir el asunto al Juzgado Promiscuo del Circuito de ese municipio.
A juicio del ente de control en ese lapso reglamentario, el disciplinado pudo haber tomado determinaciones respecto de los derechos vulnerados de la niña pues en ese aspecto estaba respaldado por la presunción de legalidad.
Las conductas reprochadas a los funcionarios fueron calificadas provisionalmente como falta grave a título de culpa gravísima.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Diputados Mancipe y Henry Pérez “se dijeron cositas” por elección del nuevo Contralor de Casanare
El presidente de la Asamblea de Casanare, Henry Pérez Hernández, respondió a los cuestionamientos del anterior presidente de la corporación, Juan Fernando Mancipe, sobre los avances en el proceso de elección del Contralor Departamental, señalando que al asumir la presidencia se identificaron inconsistencias que ponían en riesgo la seguridad jurídica de la convocatoria.
El cabildante explicó que, tras la revisión, la Mesa Directiva decidió revocar la convocatoria, aunque el contrato suscrito con la Universidad Distrital por Mancipe durante su presidencia se mantiene vigente. No obstante, indicó que, en su calidad de supervisor, solicitó a la institución una terminación anticipada bilateral debido a las situaciones detectadas que podrían comprometer la legalidad del proceso.
Piden intervención de la Procuraduría
El presidente de la Asamblea también informó que, actuando con diligencia, se radicó ante la Procuraduría General de la Nación una solicitud de conciliación extrajudicial, trámite necesario al tratarse de entidades públicas. Asimismo, advirtió que se evalúan posibles acciones por presuntas irregularidades como prevaricato, celebración de contratos sin el lleno de requisitos y eventual adulteración de firmas.
Pérez Hernández aseguró que la corporación ha actuado conforme al debido proceso y confía en que las autoridades competentes resuelvan la situación en los tiempos establecidos. Añadió que, una vez superados los trámites legales, se podrá avanzar en una nueva convocatoria que permita garantizar la elección del Contralor Departamental con plena seguridad jurídica.
Mancipe se defiende
CASANARE
Yopal asegura $15.000 millones tras fallo a favor en disputa con Asobancaria, por tarifa del ICA para los bancos
La Alcaldía de Yopal ha logrado un importante triunfo jurídico en su prolongada disputa con Asobancaria por el cobro del impuesto de industria y comercio (ICA).
Esta decisión, ratificada por la Corte Constitucional, reafirma la facultad del municipio para aplicar una tarifa del 20 x 1.000 a las entidades financieras que operan en la ciudad.
El fallo no solo garantiza ingresos anuales cercanos a los 15.000 millones de pesos, que serán vitales para financiar inversiones en infraestructura vial, vivienda y educación, sino que también establece un precedente jurídico de alcance nacional. Otras capitales del país podrán ahora referenciarse en esta decisión, fortaleciendo su autonomía fiscal.
La Administración Municipal destacó el arduo trabajo de su equipo legal, subrayando la defensa de los intereses de Yopal frente a una de las organizaciones más poderosas del país. En adelante, las entidades financieras deberán acatar las disposiciones del Estatuto de Rentas vigente.
El caso se originó cuando Asobancaria demandó el artículo 18 del Acuerdo 022 de 2021, argumentando que la tarifa máxima debía ser del 14 x 1.000. Sin embargo, las autoridades judiciales reconocieron la autonomía tributaria de Yopal para fijar tarifas dentro del rango permitido por la ley, que para ciudades capitales puede llegar hasta el 30 x 1.000 si se justifica ante el Concejo Municipal.
CASANARE
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