CASANARE
Fiscalía entregó balance de redada contra la violencia intrafamiliar en Casanare
La Seccional Casanare de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, logró la judicialización de seis hombres quienes, al parecer, serían responsables del delito de violencia intrafamiliar.
Hermanos le pegaron a la mamá
Uno de los casos se presentó en el municipio Paz de Ariporo (Casanare), donde fueron capturados el pasado 26 de agosto los hermanos Edwar y Santiago Cocoma Tumay, quienes viven en condición de calle.
Servidores del CTI en coordinación con uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, luego de que, al parecer, el 16 de noviembre del 2021, habrían agredido física y psicológicamente a su progenitora. La denuncia se conoció gracias a la comisaría de familia del municipio de Pore.
Un fiscal los presentó ante un juez del circuito de Paz de Ariporo, quien avaló los elementos materiales probatorios presentados y, en consecuencia, aceptó la solicitud de la Fiscalía de legalizar su captura y dictar medida de aseguramiento en centro carcelario de los imputados, que no aceptaron los cargos.
También golpeó a su progenitora
Otra captura se registró en el barrio Castillo del Llano en la vereda El Taladro, de Yopal, donde Pablo Gómez Ayala fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional por una orden judicial en su contra. Se desprende de la investigación adelantada por la Fiscalía que el 17 de agosto pasado el hombre habría llegado hasta la finca donde vive su madre y sin mediar palabra empezó a golpearla con un hierro de marcar ganado.
Asegura la víctima que en varias oportunidades la ha amenazado de muerte con armas cortopunzantes y un hacha. En una ocasió la habría atacado fracturándole uno de sus brazos. El capturado presenta más de 20 antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, abuso de confianza, constreñimiento, daño en bien ajeno, hurto calificado, violación de habitación ajena, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, entre 2008 y 2022.
El pasado 24 de agosto, un juez de Yopal acogió todas las pretensiones de la Fiscalía en el sentido de legalizar su captura y dictar medida carcelaria en su contra. Pablo Gómez Ayala fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó.
Maltratando a sus ex
De otra parte, el 27 de agosto pasado fue capturado en flagrancia Adolfo Errenuma Guacarapare, luego de que fuera detenido por la comunidad que evitó siguiera maltratando físicamente a su ex pareja sentimental, una mujer de 21 años, quien fue abordada por el capturado a la salida de su trabajo.
El 29 de agosto un fiscal lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías quien, por petición del ente acusador, lo envió a la cárcel. Fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero no aceptó el cargo. Errenuma Guacarapare tenía una orden de alejamiento de la víctima por ser reincidente en el maltrato.
Así mismo, Óscar David Romero fue capturado en flagrancia el 13 de agosto anterior en zona rural de Tauramena (Casanare), luego de que ingresara de manera violenta a la vivienda de su expareja a la cual, presuntamente, agredió física y psicológicamente. El 16 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo imputó por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptó. El juez acogió la solicitud del ente acusador y le dictó medida carcelaria en su contra.
Un caso más se registró el 15 de agosto pasado en el barrio Villa Lucía de Yopal, cuando hombres de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Mardonys Andrés Martínez Bohórquez, quien fue denunciado por su hermana porque, presuntamente, la habría atacado en el baño de su casa. Un juez decidió en días pasados acoger la petición de la Fiscalía de legalizar su captura y enviarlo a la cárcel. No aceptó el cargo imputado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Con Acción Popular buscan definir si deudas con el IFC de hace cerca de 20 años son irrecuperables
El concejal de Yopal, Leonardo Infante, interpuso una acción popular con el objetivo de proteger el patrimonio público y la moralidad administrativa frente a los cobros que viene adelantando el Instituto Financiero de Casanare (IFC) sobre antiguas carteras crediticias. Según explicó, la iniciativa surge tras evidenciar inconsistencias entre decisiones de juzgados administrativos, que negaban mandamientos de pago, y juzgados civiles que sí los otorgaban, permitiendo embargos a ciudadanos por deudas que podrían estar prescritas.
Infante señaló que el IFC ha continuado con procesos de cobro, incluso mediante la modalidad de cobro coactivo, afectando a numerosos casanareños con embargos sobre cuentas, viviendas, vehículos y salarios, en algunos casos por valores superiores a las deudas originales. Además, advirtió que varias decisiones judiciales recientes han empezado a revertir estos procesos, ordenando levantar embargos, devolver recursos retenidos y condenar en costas al Instituto, es decir, que el IFC debe asumir los costos del abogado del demandante.
Que se haga claridad sobre las deudas
El cabildante también cuestionó el actuar jurídico del IFC, al asegurar que se estarían utilizando sentencias desactualizadas para sustentar cobros, pese a existir fallos posteriores que las contradicen. A su juicio, esta situación no solo genera incertidumbre jurídica, sino que podría derivar en un detrimento patrimonial para la entidad, teniendo en cuenta los costos de los procesos y eventuales demandas de los afectados.
Con la acción popular, el concejal busca que la justicia defina de fondo si estas deudas deben seguir siendo cobradas o si, por el contrario, deben ser consideradas irrecuperables. Asimismo, pretende que se establezca un criterio unificado que brinde claridad tanto a la administración departamental como a los ciudadanos, muchos de los cuales han accedido a acuerdos de pago o han sido objeto de medidas cautelares en medio de un panorama jurídico aún incierto.
Un hombre herido por arma de fuego llegó al Hospital Central de Yopal (Antiguo Materno Infantil) tras ser abandonado por su cómplice, luego de un fallido intento de hurto registrado en pleno centro de la ciudad la noche del martes santo. Las autoridades confirmaron que el sujeto estaría implicado en el asalto frustrado a un punto de Supergiros ubicado en pleno centro de la ciudad, por lo que de inmediato se desplegó un operativo para ubicar al segundo responsable.
El hecho se presentó en la calle 10 con carreras 20 y 21, donde dos hombres que se movilizaban en motocicleta ingresaron al establecimiento aprovechando la lluvia que a esa hora caía sobre la ciudad. Según información preliminar, los individuos portaban armas traumáticas e intimidaron al personal con la intención de cometer el robo.
La rápida reacción del vigilante evitó el hurto. El guarda de seguridad accionó su arma de fuego e impactó a uno de los atacantes en una pierna, generando un intercambio de disparos en el lugar. Durante el enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó contra el trabajador, quien recibió un impacto en el pecho, pero el proyectil, al parecer de goma, fue contenido por su chaleco de protección.
Tras lo ocurrido, los sospechosos huyeron sin lograr su objetivo, mientras la Policía adelanta las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del segundo implicado.
En plenaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 005, una medida que amplía los plazos para que los contribuyentes de Yopal accedan a descuentos por pronto pago del impuesto predial, así como a la opción de pago por cuotas sin intereses.
La decisión representa un alivio para los ciudadanos, quienes ahora contarán con más tiempo para ponerse al día con sus obligaciones tributarias y aprovechar los incentivos económicos dispuestos por la alcaldía de Yopal, en cabeza del mandatario Marco Tulio Ruíz.
De acuerdo con lo aprobado, los predios no sujetos a los límites de la ley 44 de 1990 tendrán un descuento del 30% si realizan el pago antes del 31 de mayo de 2026 (este beneficio es aplicable únicamente para quienes cancelaron la vigencia 2025 en octubre del año anterior). posteriormente, podrán acceder a un 20% de descuento antes del 31 de julio y un 10% antes del 30 de septiembre de 2026.
Por su parte, los predios sujetos a los límites legales contarán con un 15% de descuento si pagan antes del 31 de mayo, un 10% antes del 31 de julio y un 5% si cancelan antes del 30 de septiembre del 2026. Además, el acuerdo contempla la ampliación de los plazos para el pago por cuotas sin intereses, una alternativa que busca facilitar el cumplimiento de esta obligación, especialmente para quienes requieren distribuir el valor del impuesto en varios periodos.
Desde la Administración Municipal se destacó que esta medida no solo brinda mayor flexibilidad a los contribuyentes, sino que también contribuye a fortalecer la cultura de pago y el recaudo de recursos que se destinan a la inversión social y al desarrollo de la ciudad.
