CASANARE
Fiscalía entregó balance de redada contra la violencia intrafamiliar en Casanare
La Seccional Casanare de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, logró la judicialización de seis hombres quienes, al parecer, serían responsables del delito de violencia intrafamiliar.
Hermanos le pegaron a la mamá
Uno de los casos se presentó en el municipio Paz de Ariporo (Casanare), donde fueron capturados el pasado 26 de agosto los hermanos Edwar y Santiago Cocoma Tumay, quienes viven en condición de calle.
Servidores del CTI en coordinación con uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, luego de que, al parecer, el 16 de noviembre del 2021, habrían agredido física y psicológicamente a su progenitora. La denuncia se conoció gracias a la comisaría de familia del municipio de Pore.
Un fiscal los presentó ante un juez del circuito de Paz de Ariporo, quien avaló los elementos materiales probatorios presentados y, en consecuencia, aceptó la solicitud de la Fiscalía de legalizar su captura y dictar medida de aseguramiento en centro carcelario de los imputados, que no aceptaron los cargos.
También golpeó a su progenitora
Otra captura se registró en el barrio Castillo del Llano en la vereda El Taladro, de Yopal, donde Pablo Gómez Ayala fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional por una orden judicial en su contra. Se desprende de la investigación adelantada por la Fiscalía que el 17 de agosto pasado el hombre habría llegado hasta la finca donde vive su madre y sin mediar palabra empezó a golpearla con un hierro de marcar ganado.
Asegura la víctima que en varias oportunidades la ha amenazado de muerte con armas cortopunzantes y un hacha. En una ocasió la habría atacado fracturándole uno de sus brazos. El capturado presenta más de 20 antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, abuso de confianza, constreñimiento, daño en bien ajeno, hurto calificado, violación de habitación ajena, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, entre 2008 y 2022.
El pasado 24 de agosto, un juez de Yopal acogió todas las pretensiones de la Fiscalía en el sentido de legalizar su captura y dictar medida carcelaria en su contra. Pablo Gómez Ayala fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó.
Maltratando a sus ex
De otra parte, el 27 de agosto pasado fue capturado en flagrancia Adolfo Errenuma Guacarapare, luego de que fuera detenido por la comunidad que evitó siguiera maltratando físicamente a su ex pareja sentimental, una mujer de 21 años, quien fue abordada por el capturado a la salida de su trabajo.
El 29 de agosto un fiscal lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías quien, por petición del ente acusador, lo envió a la cárcel. Fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero no aceptó el cargo. Errenuma Guacarapare tenía una orden de alejamiento de la víctima por ser reincidente en el maltrato.
Así mismo, Óscar David Romero fue capturado en flagrancia el 13 de agosto anterior en zona rural de Tauramena (Casanare), luego de que ingresara de manera violenta a la vivienda de su expareja a la cual, presuntamente, agredió física y psicológicamente. El 16 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo imputó por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptó. El juez acogió la solicitud del ente acusador y le dictó medida carcelaria en su contra.
Un caso más se registró el 15 de agosto pasado en el barrio Villa Lucía de Yopal, cuando hombres de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Mardonys Andrés Martínez Bohórquez, quien fue denunciado por su hermana porque, presuntamente, la habría atacado en el baño de su casa. Un juez decidió en días pasados acoger la petición de la Fiscalía de legalizar su captura y enviarlo a la cárcel. No aceptó el cargo imputado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
