CASANARE
Fiscalía entregó balance de redada contra la violencia intrafamiliar en Casanare
La Seccional Casanare de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, logró la judicialización de seis hombres quienes, al parecer, serían responsables del delito de violencia intrafamiliar.
Hermanos le pegaron a la mamá
Uno de los casos se presentó en el municipio Paz de Ariporo (Casanare), donde fueron capturados el pasado 26 de agosto los hermanos Edwar y Santiago Cocoma Tumay, quienes viven en condición de calle.
Servidores del CTI en coordinación con uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, luego de que, al parecer, el 16 de noviembre del 2021, habrían agredido física y psicológicamente a su progenitora. La denuncia se conoció gracias a la comisaría de familia del municipio de Pore.
Un fiscal los presentó ante un juez del circuito de Paz de Ariporo, quien avaló los elementos materiales probatorios presentados y, en consecuencia, aceptó la solicitud de la Fiscalía de legalizar su captura y dictar medida de aseguramiento en centro carcelario de los imputados, que no aceptaron los cargos.
También golpeó a su progenitora
Otra captura se registró en el barrio Castillo del Llano en la vereda El Taladro, de Yopal, donde Pablo Gómez Ayala fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional por una orden judicial en su contra. Se desprende de la investigación adelantada por la Fiscalía que el 17 de agosto pasado el hombre habría llegado hasta la finca donde vive su madre y sin mediar palabra empezó a golpearla con un hierro de marcar ganado.
Asegura la víctima que en varias oportunidades la ha amenazado de muerte con armas cortopunzantes y un hacha. En una ocasió la habría atacado fracturándole uno de sus brazos. El capturado presenta más de 20 antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, abuso de confianza, constreñimiento, daño en bien ajeno, hurto calificado, violación de habitación ajena, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, entre 2008 y 2022.
El pasado 24 de agosto, un juez de Yopal acogió todas las pretensiones de la Fiscalía en el sentido de legalizar su captura y dictar medida carcelaria en su contra. Pablo Gómez Ayala fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó.
Maltratando a sus ex
De otra parte, el 27 de agosto pasado fue capturado en flagrancia Adolfo Errenuma Guacarapare, luego de que fuera detenido por la comunidad que evitó siguiera maltratando físicamente a su ex pareja sentimental, una mujer de 21 años, quien fue abordada por el capturado a la salida de su trabajo.
El 29 de agosto un fiscal lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías quien, por petición del ente acusador, lo envió a la cárcel. Fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero no aceptó el cargo. Errenuma Guacarapare tenía una orden de alejamiento de la víctima por ser reincidente en el maltrato.
Así mismo, Óscar David Romero fue capturado en flagrancia el 13 de agosto anterior en zona rural de Tauramena (Casanare), luego de que ingresara de manera violenta a la vivienda de su expareja a la cual, presuntamente, agredió física y psicológicamente. El 16 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo imputó por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptó. El juez acogió la solicitud del ente acusador y le dictó medida carcelaria en su contra.
Un caso más se registró el 15 de agosto pasado en el barrio Villa Lucía de Yopal, cuando hombres de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Mardonys Andrés Martínez Bohórquez, quien fue denunciado por su hermana porque, presuntamente, la habría atacado en el baño de su casa. Un juez decidió en días pasados acoger la petición de la Fiscalía de legalizar su captura y enviarlo a la cárcel. No aceptó el cargo imputado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
CASANARE
Alcaldía de Yopal refuerza controles frente a la Brigada 16 para no permitir estacionamiento
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Movilidad, adelanta jornadas de socialización y control en la Transversal 18 para garantizar el cumplimiento del Decreto 059 de 2025, que prohíbe de manera permanente el estacionamiento en este corredor vial entre las calles 6 y 10.
La medida busca mejorar la movilidad, mantener despejada una vía estratégica de la ciudad y fortalecer las condiciones de seguridad en este sector. Durante las jornadas, los agentes de tránsito desarrollan acciones de sensibilización dirigidas a usuarios y al gremio transportador.
Las autoridades también hicieron un llamado a los pasajeros para comprender que los conductores de servicio público deben cumplir la normatividad vigente, por lo que no pueden realizar paradas o estacionamientos en áreas prohibidas.
Según la administración municipal, la restricción responde a criterios técnicos y recomendaciones de seguridad relacionadas con el entorno del Cantón Militar, ubicado en esta zona de la ciudad, permitiendo reducir riesgos y mejorar el flujo vehicular.
La Secretaría de Movilidad reiteró la invitación a conductores y ciudadanos para acatar la señalización y respetar las disposiciones vigentes, recordando que el cumplimiento de estas medidas contribuye a una ciudad más organizada y segura.
Un múltiple homicidio sacudió la noche de este 16 de abril de 2026 al municipio de Villanueva, luego de que cinco hombres fueran asesinados con arma de fuego en la vereda El Fical. El hecho se registró hacia las 7:30 p.m. en un establecimiento conocido como “Casa de Tabla”, hasta donde llegaron dos sujetos en motocicleta que, sin mediar palabra, abrieron fuego contra las víctimas.
De acuerdo con la información preliminar, los fallecidos fueron identificados como Ricardo Granada Diez, conocido como “Richi”; Ricardo Montaña Roa; Víctor Manuel Rodríguez Moreno, conocido como “Cagüeño”; Ilmer Johan Cáceres Moreno, conocido como “Rasguño”; y José Ariel Torres Macías, a quien llamaban “Cachicamo”. Las autoridades indicaron que las víctimas se encontraban en el lugar compartiendo luego de realizar labores relacionadas con la recolección de ganado en la zona.
Tras perpetrar el ataque, los sicarios huyeron del sitio con rumbo desconocido, lo que activó un operativo de las autoridades para dar con su paradero. Unidades de Policía y Ejército acordonaron el área y adelantan labores de investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.
Circula en redes sociales un video que muestra la crudeza del ataque, donde se observa que las víctimas no tuvieron la menor oportunidad de defenderse. Algunos quedaron alrededor de una mesa de billar existente en el negocio, mientras se escucha música popular estridente.
De manera preliminar, se maneja como principal hipótesis un posible ajuste de cuentas relacionado con el delito de abigeato. Asimismo, se conoció que las víctimas registraban antecedentes por diferentes conductas delictivas, aspecto que es analizado dentro del proceso investigativo.
El gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, al tiempo que rechazó el hecho ofreció una recompensa de hasta $50 millones de pesos, para la persona que suministre información que permita la captura de los responsables del hecho.
CASANARE
Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.
Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.
