CASANARE
Fiscalía entregó balance de redada contra la violencia intrafamiliar en Casanare
La Seccional Casanare de la Fiscalía General de la Nación, en coordinación con la Policía Nacional, logró la judicialización de seis hombres quienes, al parecer, serían responsables del delito de violencia intrafamiliar.
Hermanos le pegaron a la mamá
Uno de los casos se presentó en el municipio Paz de Ariporo (Casanare), donde fueron capturados el pasado 26 de agosto los hermanos Edwar y Santiago Cocoma Tumay, quienes viven en condición de calle.
Servidores del CTI en coordinación con uniformados de la Policía Nacional hicieron efectiva una orden de captura en su contra por el delito de violencia intrafamiliar, luego de que, al parecer, el 16 de noviembre del 2021, habrían agredido física y psicológicamente a su progenitora. La denuncia se conoció gracias a la comisaría de familia del municipio de Pore.
Un fiscal los presentó ante un juez del circuito de Paz de Ariporo, quien avaló los elementos materiales probatorios presentados y, en consecuencia, aceptó la solicitud de la Fiscalía de legalizar su captura y dictar medida de aseguramiento en centro carcelario de los imputados, que no aceptaron los cargos.
También golpeó a su progenitora
Otra captura se registró en el barrio Castillo del Llano en la vereda El Taladro, de Yopal, donde Pablo Gómez Ayala fue aprehendido por efectivos de la Policía Nacional por una orden judicial en su contra. Se desprende de la investigación adelantada por la Fiscalía que el 17 de agosto pasado el hombre habría llegado hasta la finca donde vive su madre y sin mediar palabra empezó a golpearla con un hierro de marcar ganado.
Asegura la víctima que en varias oportunidades la ha amenazado de muerte con armas cortopunzantes y un hacha. En una ocasió la habría atacado fracturándole uno de sus brazos. El capturado presenta más de 20 antecedentes judiciales por delitos como violencia intrafamiliar, abuso de confianza, constreñimiento, daño en bien ajeno, hurto calificado, violación de habitación ajena, tráfico fabricación o porte de estupefacientes, entre 2008 y 2022.
El pasado 24 de agosto, un juez de Yopal acogió todas las pretensiones de la Fiscalía en el sentido de legalizar su captura y dictar medida carcelaria en su contra. Pablo Gómez Ayala fue imputado por los delitos de violencia intrafamiliar, cargos que no aceptó.
Maltratando a sus ex
De otra parte, el 27 de agosto pasado fue capturado en flagrancia Adolfo Errenuma Guacarapare, luego de que fuera detenido por la comunidad que evitó siguiera maltratando físicamente a su ex pareja sentimental, una mujer de 21 años, quien fue abordada por el capturado a la salida de su trabajo.
El 29 de agosto un fiscal lo presentó ante un juez con funciones de control de garantías quien, por petición del ente acusador, lo envió a la cárcel. Fue imputado por el delito de violencia intrafamiliar agravada, pero no aceptó el cargo. Errenuma Guacarapare tenía una orden de alejamiento de la víctima por ser reincidente en el maltrato.
Así mismo, Óscar David Romero fue capturado en flagrancia el 13 de agosto anterior en zona rural de Tauramena (Casanare), luego de que ingresara de manera violenta a la vivienda de su expareja a la cual, presuntamente, agredió física y psicológicamente. El 16 de agosto un fiscal de la Seccional Casanare lo imputó por el delito de violencia intrafamiliar, cargo que no aceptó. El juez acogió la solicitud del ente acusador y le dictó medida carcelaria en su contra.
Un caso más se registró el 15 de agosto pasado en el barrio Villa Lucía de Yopal, cuando hombres de la Policía Nacional capturaron en flagrancia a Mardonys Andrés Martínez Bohórquez, quien fue denunciado por su hermana porque, presuntamente, la habría atacado en el baño de su casa. Un juez decidió en días pasados acoger la petición de la Fiscalía de legalizar su captura y enviarlo a la cárcel. No aceptó el cargo imputado.
Fuente: Fiscalía General de la Nación
Un trágico accidente de tránsito cobró la vida de Hugo Díaz la tarde de este domingo 4 de enero de 2026, en cercanías al Peaje de San Pedro en la vía Villanueva – Monterrey, en la vereda Aeropuerto, jurisdicción del municipio de Villanueva.
De acuerdo con el informe preliminar de las autoridades, el siniestro vial involucró una camioneta Mazda CX-5 y una motocicleta Bajaj Boxer de placa MRF50C, en la que se movilizaba la víctima fatal.
Según el reporte de las autoridades, el automóvil se desplazaba en sentido Villanueva – Monterrey y, al parecer, habría invadido el carril contrario, colisionando de frente con la motocicleta que transitaba por la misma vía en sentido contrario.
El impacto fue tan brutal, que el motociclista quedó fuera de la vía con múltiples lesiones. Testigos cuestionan que la ambulancia tardó cerca de 20 minutos para llegar a atender la emergencia. Unidades de policía judicial del CTI adelantaron los actos urgentes que permitan esclarecer las circunstancias exactas del accidente.
Hugo Díaz era habitante del municipio de Barranca de Upía, donde era reconocido como una persona apreciada por su comunidad, que hoy lamenta profundamente su fallecimiento. Las autoridades continúan con la investigación para establecer responsabilidades.
El reciente incremento en la tarifa del peaje San Pedro, ubicado en jurisdicción del municipio de Villanueva (Casanare), desató una fuerte inconformidad entre usuarios frecuentes de la vía que comunica a Monterrey con Yopal.
Transportadores, taxistas y residentes de la región denunciaron que el aumento —que en algunos casos supera el 60 %— se aplicó sin una socialización previa suficiente y está generando un impacto económico inmediato en las actividades laborales y comerciales.
Según la comunidad, teniendo en cuenta que están próximas a entrar en funcionamiento otras dos casetas de peaje en el trayecto Villanueva – Yopal, un viaje de ida y regreso podría costar entre $60.000 y $120.000 pesos, una carga que consideran insostenible para quienes deben transitar a diario por esta vía. La situación motivó protestas y reuniones con autoridades, en las que los usuarios expresaron su rechazo al alza y exigieron explicaciones a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y a la concesionaria Covioriente.
Frente a los reclamos, la ANI y Covioriente argumentaron que el incremento está respaldado “resolución en mano” y hace parte del contrato de concesión del proyecto vial Villavicencio–Yopal. Explicaron que el ajuste quedó habilitado tras la entrega de la Unidad Funcional número 4, correspondiente al tramo Villanueva–Monterrey, la cual fue recibida oficialmente en 2025.
Valores indexados desde 2015
De acuerdo con la ANI, las tarifas del peaje San Pedro fueron definidas desde 2015 mediante la Resolución 1070 de ese año, pero no se habían aplicado porque la unidad funcional no se había entregado en los tiempos previstos. Con la recepción del tramo, el contrato permite aplicar de una sola vez los valores indexados desde 2015, lo que explica el fuerte incremento registrado en 2026.
No obstante, uno de los puntos que más preocupa a la comunidad es que, en la práctica, se esté aplicando de manera retroactiva lo pactado en el contrato. Esta acumulación de ajustes no realizados durante casi una década es lo que, según los usuarios, hace que el aumento actual sea “inmenso”, más aún si se tiene en cuenta que a partir del próximo 16 de enero se sumará el incremento anual ordinario autorizado con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Durante los encuentros con la comunidad también se cuestionó que el peaje esté cobrando la tarifa plena cuando, a juicio de los usuarios, aún existen obras pendientes en el corredor vial, como señalización, iluminación, adecuaciones en zonas urbanas y soluciones en puntos críticos de accidentalidad. La ANI respondió que la entrega de la unidad funcional no depende de obras adicionales solicitadas posteriormente y que estas no impiden la aplicación de la tarifa contractual.
Tarifas preferenciales
Otro tema de debate fue el acceso a las tarifas preferenciales, que buscan mitigar el impacto del peaje en los habitantes de la zona de influencia. La comunidad señaló que los trámites son complejos, con demoras en la entrega de dispositivos electrónicos y requisitos que dejan por fuera a transportadores de carga y a usuarios que no transitan diariamente por el peaje.
Ante este panorama, el diputado Henry Pérez, presidente de la Asamblea de Casanare, propuso modificar la resolución que regula las tarifas preferenciales para flexibilizar los criterios de acceso y agilizar los trámites para los usuarios locales de Villanueva, Aguaclara y Monterrey. La delegada de la ANI manifestó disposición para estudiar ajustes normativos y elevar las propuestas al Ministerio de Transporte, aunque aclaró que mientras no se modifique la resolución vigente, Covioriente debe seguir aplicando las tarifas actuales.
Como conclusión del encuentro, se acordó la conformación de un comité de seguimiento entre comunidad y autoridades, así como el inicio de un trabajo articulado para proponer cambios a la normativa de tarifas preferenciales. Entre tanto, la concesionaria reiteró que los cobros continuarán bajo el marco legal vigente, mientras la comunidad anunció que mantendrá la presión social mediante manifestaciones pacíficas, a la espera de soluciones que reduzcan el impacto económico del peaje San Pedro sobre los usuarios frecuentes.
Con información y fotografía de Conexión Medios
La proliferación de mensajes de texto fraudulentos ha generado creciente preocupación entre ciudadanos de Casanare, quienes en los últimos días han reportado la llegada masiva de SMS que aparentan provenir de empresas reconocidas como operadores de telefonía móvil, cajas de compensación, prestadores de servicios públicos, inclusive, de entidades bancarias. En los mensajes se anuncian supuestos bonos, cortes de energía o suspensiones de servicios por presunto no pago, con el objetivo de inducir a las personas a ingresar a enlaces externos.
Según los afectados, los mensajes imitan el formato de comunicaciones oficiales y, en algunos casos, parecen originarse desde canales de mensajería asociados a empresas como Claro, lo que genera mayor confusión y credibilidad. Sin embargo, al intentar verificar la información, no hay respuesta por parte de los remitentes, no es posible bloquear los números ni reportarlos de manera efectiva, y las empresas consultadas aseguran no tener relación con dichos envíos.
Fraude digital
Autoridades y usuarios advierten que al acceder a los enlaces incluidos en estos mensajes se activa un mecanismo de fraude digital que permite a los delincuentes robar cuentas de WhatsApp, acceder a información personal y comprometer datos sensibles, lo que ha dejado a numerosas víctimas incomunicadas y expuestas a nuevos delitos informáticos.
Ante esta situación, se recomienda a la ciudadanía no abrir enlaces sospechosos, no ingresar datos personales ni códigos de verificación, y desconfiar de cualquier mensaje que genere urgencia o amenaza de suspensión de servicios. Asimismo, se insiste en verificar directamente con las empresas prestadoras por canales oficiales y denunciar estos hechos ante las autoridades competentes para evitar que más personas caigan en este tipo de estafas.
