CASANARE
Fiscalía apeló por no encarcelamiento de violadores en Casanare
La Fiscalía General de la Nación apeló tres decisiones en las que los jueces de control de garantías decidieron imponer detenciones domiciliarias y medidas no privativas de la libertad, contra igual número de personas capturadas en la última semana por abuso sexual de menores de 14 años de edad en el departamento de Casanare.
El primer caso apelado por la Seccional Casanare en cabeza de Jhon Fredy Encinales, ocurrió en Pore, donde el Juez de Garantías de esa municipalidad impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de residencia a E.G, por el delito de acceso carnal abusivo contra menor de 14 años.
El victimario fue capturado por el CTI de la Fiscalía con apoyo del Ejército, el pasado lunes. La menor se encuentra bajo la tutela del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en un hogar sustituto.
En el segundo caso un Juzgado de Control de Garantías de Yopal se abstuvo de imponer medida de aseguramiento en contra de LEC, quien fue capturado e imputado por el cargo de actos sexuales con menor de catorce años con circunstancia de agravación punitiva.
Según la narrativa de los hechos, el sujeto, arrendatario de una habitación, aprovechó que la propietaria de la residencia y madre de la menor salió de la casa, para abusar sexualmente de su hija menor de 14 años.
Un tercer caso apelado por la Fiscalía se registró en Paz de Ariporo, donde el Juez de Garantías impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad con presentaciones periódicas, en contra de GASO, por el cargo de secuestro en concurso heterogéneo con acceso carnal violento.
Según los hechos, el sujeto habría secuestrado y abusado sexualmente de una menor de 14 años de edad en agosto de 2011.
Asegurado en Aguazul
En Aguazul, el Juez de Garantías impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión, en contra de W.F.R.H. por cargos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, con circunstancia de agravación punitiva.
El indiciado fue capturado el pasado lunes en Aguazul, como presunto responsable de los cargos imputados en contra de su hijastra en enero pasado.
Asegurado en Yopal
En Yopal, el Juzgado de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra de J.E.G.T, quien fue imputado por haber abusado de una menor de 12 años de edad, quien al parecer sostenía una relación sentimental con su victimario.
Según los hechos J.E.G.T en julio de 2015, llevó a la menor de doce años, a la casa de un amigo, donde luego de ver películas la desnudaron y la accedió carnalmente.
En este caso el Juzgado para tomar la decisión tuvo en cuenta que el procesado no registra antecedentes, tiene arraigo y desde la época en que sucedieron los hechos no volvió a tener contacto con la víctima.
Asegurado por abusar de hijastros
Un Juez Penal Municipal de control de garantías impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario en contra de C.A.R.S, quien entre 2011 y 2012, aprovechando las ausencias de la madre cabeza de familia, abusaba sexualmente de sus hijastros a cambio de dejarlos ver televisión o usar el computador.
El padrastro fue capturado el pasado 24 de abril y llevado ante los jueces de garantías el mismo día.
Capturado adolescente por abuso de menor de 4 años
Un juez de control de garantías de Yopal impuso medida de internamiento preventivo en contra del adolescente R.A.B.Z. quien según la denuncia, habría abusado de una menor de 4 años de edad el 22 de septiembre de 2016.
Su captura se hizo efectiva el 22 de abril por parte de la Policía Judicial de Infancia y Adolescencia y asegurado el 24 del mismo mes.
Dos asegurados en Paz de Ariporo
En Paz de Ariporo un Juez de Control de Garantías impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra de W.A.V.L, capturado el 26 de abril y quien según la denuncia abusó de su hijastra desde que ella tenía siete años, hasta los 15, dejándola embarazada.
En otro caso registrado, el Juzgado de Garantías impuso de medida de aseguramiento no privativa de la libertad a MLG, quien el 11 de febrero del año pasado habría abusado de una menor de dos años de edad, en la casa donde vivía de arriendo.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.
El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.
¿Cómo estafan a los comerciantes?
Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.
El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.
CASANARE
Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso
El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.
El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.
Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.
El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:
• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.
Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.
Una defensa que terminó respaldada por la justicia
El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.
Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.
Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.
CASANARE
Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.
De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.
A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.
El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.
En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.
Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.
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