CASANARE
Feminicida no aceptó cargos por asesinato de Jennifer Velandia y fue enviado a la cárcel
Tras la reanudación de las audiencias en contra de William David Márquez Muñoz, un juez de control de garantías ordenó su traslado inmediato a la cárcel de La Guafilla en Yopal, donde tendrá que esperar el juicio en su contra.
El sujeto enfrenta cargos por feminicidio en concurso heterogéneo y sucesivo con secuestro extorsivo agravado y hurto calificado, del que fue víctima Jennifer Velandia, una profesora de 24 años, con discapacidad auditiva, con quien había tenido una relación tiempo atrás.
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Aunque la Fiscalía presentó pruebas contundentes entre las que se encuentran videos de cámaras de seguridad y testimonios, que fueron tomadas en cuenta por el juez, Márquez Muñoz quien presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio -SPOA por delitos sexuales, no aceptó cargos.
En rueda de prensa el director seccional de Fiscalía Anderson Pinilla, confirmó que se tienen denuncias de tres mujeres que habrían sido víctimas del actuar violento del sujeto, a las que se suman la víctima mortal y la actual pareja del presunto feminicida quien presenció el crimen y aportará testimonio en el juicio.
El funcionario señaló que Jennifer Velandia ingresó a la vivienda mediante engaños, allí fue amarrada y sometida y su celular se utilizó para extorsionar a su familia; posteriormente de acuerdo a la investigación se estableció que la asfixió y tras causarle la muerte la envolvió en bolsas de basura, estos hechos habrían ocurrido entre la media noche y las 2:00am.
Al día siguiente vendió la motocicleta de la joven y el 2 de octubre se marchó a Orocué en compañía de su pareja, allí fue capturado y puesto a disposición de las autoridades.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Alcaldía de Yopal refuerza controles frente a la Brigada 16 para no permitir estacionamiento
La Alcaldía de Yopal, a través de la Secretaría de Movilidad, adelanta jornadas de socialización y control en la Transversal 18 para garantizar el cumplimiento del Decreto 059 de 2025, que prohíbe de manera permanente el estacionamiento en este corredor vial entre las calles 6 y 10.
La medida busca mejorar la movilidad, mantener despejada una vía estratégica de la ciudad y fortalecer las condiciones de seguridad en este sector. Durante las jornadas, los agentes de tránsito desarrollan acciones de sensibilización dirigidas a usuarios y al gremio transportador.
Las autoridades también hicieron un llamado a los pasajeros para comprender que los conductores de servicio público deben cumplir la normatividad vigente, por lo que no pueden realizar paradas o estacionamientos en áreas prohibidas.
Según la administración municipal, la restricción responde a criterios técnicos y recomendaciones de seguridad relacionadas con el entorno del Cantón Militar, ubicado en esta zona de la ciudad, permitiendo reducir riesgos y mejorar el flujo vehicular.
La Secretaría de Movilidad reiteró la invitación a conductores y ciudadanos para acatar la señalización y respetar las disposiciones vigentes, recordando que el cumplimiento de estas medidas contribuye a una ciudad más organizada y segura.
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Sindicatos dicen que Interventora temporal de Capresoca estructuró el modelo que agravó el caos
El sindicato Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado SUNET Casanare, solicitó al Gobierno Nacional la designación urgente de un agente interventor especial externo para CAPRESOCA EPS, tras cuestionar la reciente designación de Bibi Dayana Daniels Rueda como agente interventora sustituta temporal de la entidad, quien se venía desempeñando como Gerente Operativa.
La petición fue elevada al presidente Gustavo Petro, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud, en medio de crecientes preocupaciones por la prestación del servicio a más de 170.000 afiliados en el departamento.


Ante este panorama, SUNET pidió que se designe un interventor independiente externo con perfil técnico y sin conflictos de interés, y solicitó incluir a CAPRESOCA en un plan nacional de salvamento. Asimismo, defendió el carácter público de la EPS y su potencial como modelo de gestión en salud, reiterando la urgencia de medidas que garanticen la atención oportuna y la estabilidad institucional.


