META
Familia víctima de las Farc EP en Puerto Lleras será compensada
La familia Jiménez*, integrada por una pareja y sus cuatro hijos, volverá a contar con una vivienda propia, tras 20 años de desplazamiento y abandono de su predio como consecuencia de la violencia ocasionada por las Farc EP en zona rural de Puerto Lleras, Meta.
El Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado de Restitución de Tierras de Villavicencio ordenó el reconocimiento de una compensación por equivalencia medioambiental, debido a que el predio se encuentra en zona de riesgo de inundación y no puede ser habitado.
Historia de un desplazamiento
En el año 1994 la pareja de esposos adquirió el predio La Esmeralda de 7 hectáreas y 6.196 metros cuadrados en el que construyeron unas mejoras y se dedicaron a cultivos de pancoger y crianza de animales. Su tragedia comenzó en 2002 cuando guerrilleros del frente 26 de las Farc EP comenzaron a transitar por la finca e incluso tomaban gallinas, productos y otros elementos. Además, informaron al jefe del hogar que debían abandonar el predio, so pena de someterlos al reclutamiento forzado de sus hijos y de atentar contra las vidas de esa familia.
Ante estas amenazas, los Jimenez* no tuvieron más remedio que huir hacia Bogotá, para salvaguardar sus vidas. Con el paso del tiempo, acudieron a la Unidad de Restitución de Tierras, entidad que llevó su caso ante la justicia, logrando que fueran declarados víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a la vez, se ordenara la compensación por equivalencia medioambiental.
Jenny Andrea Capote, directora territorial de la Unidad en Meta, explicó que “en este caso, la familia Jiménez* no podrá retornar al predio abandonado porque se encuentra ubicado en Zona Ambiental Alta, y, por lo tanto, la trasferencia del dominio del terreno pasará a Cormacarena, mientras que la Unidad les comprará un nuevo predio en el lugar que ellos elijan. Además, se ordenan otros beneficios para esta familia, como: subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, proyecto productivo y acompañamiento de las entidades del Estado”.
*Nombres cambiados por seguridad de los beneficiarios.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
