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Familia desplazada por las FARC en Mapiripán regresó a sus tierras
Los integrantes de la familia Téllez regresaron felices a la tierra que hace 26 años les arrebató la violencia guerrillera. De la mano de la Unidad de Restitución de Tierras y de la Fuerza Pública, sus integrantes retornaron al predio El Progreso, ubicado en la vereda Caño Ovejas de Mapiripán, Meta.
En 1995, esta familia integrada por Fernando Téllez, su esposa y sus cinco hijos, se vio obligada a abandonar el municipio de Mapiripán, y a desplazarse hacia Villavicencio para proteger sus vidas, debido a las presiones y amenazas perpetradas por la guerrilla de las FARC, que pretendían reclutar a los hijos menores para incorporarlos a sus filas.
La Unidad de Restitución de Tierras ejerció la representación judicial de esta familia, logrando así que la justicia los declarara víctimas de desplazamiento y abandono forzado de tierras y a su vez, ordenara la restitución jurídica y material del predio.
El director de la Unidad en Meta, Wilson Leyton, señaló que con la entrega material de las 58 hectáreas y 5.632 metros que componen el predio, se dio cumplimiento a la orden del Juez de restitución de tierras, no obstante, la restitución va más allá de la devolución de la tierra, porque al retornar al campo, la familia Téllez se beneficiará con un proyecto productivo y recibirá asesoría técnica que le permitirá garantizar su seguridad alimentaria y tener un futuro sostenible.
Asimismo, como complemento para su reparación integral, los Téllez, serán objeto de otro tipo de medidas a su favor por parte de las diferentes entidades del Estado como subsidio de vivienda, condonación de deudas por concepto de impuestos, acompañamiento psicosocial, e inclusión en programas de formación, entre otros.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
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Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
