CASANARE
En Bogotá y Medellín capturados presuntos extorsionistas que delinquían en Casanare
Mediante operaciones coordinadas por parte del Gaula Militar Casanare, el CTI –Fiscalía Quinta Especializada y el Grupo Gaula de la Policía, en diferentes lugares del País, se logró en las últimas horas la captura de cinco personas, por el delito de extorsión.
Una primera acción se llevó a cabo en la Estación Acevedo del Metro de Medellín, donde se hizo efectiva una orden de captura en contra de un sujeto de 25 años de edad, oriundo de esa ciudad.
Así mismo, en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Kennedy, Engativá, barrio Palermo norte y barrio Mirador Engativá, se hicieron efectivas sendas órdenes judiciales en contra de tres mujeres de 30, 27 y 24 años de edad y un sujeto de 34 años, por el mismo delito. Todas las órdenes de captura fueron emitidas por el Juzgado Promiscuo Municipal de Pajarito por el delito de Extorsión Agravada.
La investigación
Según información recopilada por los investigadores y labores de inteligencia, estas cinco personas pertenecerían a la banda conocida como “Los Tíos”, integrado también por un sujeto que, al parecer, desde un centro carcelario llama a sus víctimas y se hace pasar como integrante de grupos al margen de la ley como ELN y Autodefensas, para intimidarlas y presionarlas a consignar sumas de dinero, a través de empresas de giros.
Las personas capturadas serían las encargadas de cobrar los giros realizados por las víctimas desde varios departamentos del País, (entre ellos Casanare), y distribuir el dinero entre sus cómplices.
Según la Fiscalía, la banda delincuencial “Los Tíos” se dedicada a la extorsión mediante la modalidad de llamada, en la cual se hacían pasar por un familiar que se encontraba en serios problemas con las autoridades, y una vez tenían contacto con la víctima les solicitaban que les consignaran dinero a través de EFECTY y Supergiros y así poder salir del problema; en una de las llamadas lograron convencer a la víctima de hacer consignaciones por valor de $14.000.000.
El Gaula Militar Casanare, el CTI-Fiscalía Quinta Especializada en coordinación con el Gaula de la Policía Nacional, continúan las investigaciones con el objetivo de desarticular este grupo delincuencial en su totalidad.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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