META
Extorsión, el delito que más afecta a los habitantes de el Meta
Durante el consejo de seguridad regional que se adelantó en Villanueva, el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, recalcó la importancia que tiene la denuncia ciudadanía para combatir el delito de extorsión, que durante el último mes se ha triplicado.
El mandatario aseguró que la seguridad se ha convertido en la mayor preocupación de la gente en el Departamento. Donde el delito que más les preocupa es la extorsión, porque les espanta todos los esfuerzos que hacen en inversión y turismo.
Ofensiva contra extorsión
La ofensiva contra de la extorsión es contundente en el departamento del Meta: bajo la campaña ‘Yo no pago, yo denuncio’, más de 300 hombres de los grupos Gaula se dedican exclusivamente a combatir este delito. Según cifras de los grupos Gaula Militar y de Policía, en lo corrido de este año se han recibido 470 denuncias por extorsión y logrado 260 capturas por este delito.
Se destacó el trabajo realizado por el grupo Gaula Ariari Militar, que ejerce operación en los municipios de Granada, Lejanías, Mesetas, San Juan de Arama, Puerto Rico, Puerto Lleras, Puerto Concordia, Vista Hermosa, El Castillo, Uribe, La Macarena y en todo el departamento del Guaviare.
Este grupo militar de vital importancia para la tranquilidad en la región del Ariari y sur del Meta, desde que inició labores en el territorio ha efectuado 420 capturas por el delito de extorsión. Además, gracias a la rápida reacción y trabajo articulado de este grupo con el Gaula Policía, se logró el rescate de un ciudadano, quien desde el 18 de agosto había sido secuestrado en la vereda La Argentina del municipio de Mesetas.
Recompensas y capturas
Cabe destacar que en el Meta, se han desarticulado nueve bandas delincuenciales, entre las que se encuentran ‘Los eróticos’, ‘Los DJ, ‘Los Macabi’, ‘Los de la sala’, y asestado golpes contundentes a estructuras de alta influencia como ‘Los Puntilleros’, ‘El Clan del Golfo’ y estructuras GAO-r E39 y ‘Jorge Briceño Suárez’. Este negocio criminal que gira en torno a la extorsión y al secuestro alcanza a manejar cifras de hasta 1.200.000.000 millones de pesos.
Por otra parte, la Secretaría de Gobierno del Meta, durante el primer semestre del año 2022, realizó el pago de $300.000.000 millones en recompensas por información que permitió la captura y judicialización de delincuentes. Además, cuenta con un fondo de 1.000 millones de pesos para seguir promoviendo la cooperación de los ciudadanos con la Policía y el Ejército.
Fuente: Gobernación del Meta
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
