CASANARE
Exalcaldesa de Nunchía Martha Cecilia Pérez, condenada a 15 años de prisión
En fallo de primera instancia, el Juez Segundo Penal del Circuito de Yopal condenó a la exalcaldesa del municipio de Nunchía, Martha Cecilia Pérez Rodríguez, a 15 años de prisión, 200 meses de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas y una multa de 183.5 salarios mínimos legales mensuales vigentes, es decir, algo más de $150 millones de pesos.
La condena de la exalcaldesa se da por el delito de Contrato sin el cumplimiento de requisitos legales, en concurso heterogéneo con falsedad ideológica en documento público, dentro de lo que son considerados como delitos contra la Administración Pública.
Dentro de la investigación liderada por la Fiscalía 13 de Administración Publica de Casanare, se determinó que un contrato celebrado por Martha Cecilia Pérez en su calidad de Alcaldesa del municipio de Nunchía para señalizar las distintas dependencias de la sede de la Alcaldía, fue desarrollado sin el cumplimiento de los requisitos legales, de la misma forma el contrato fue liquidado sin haberse cumplido la totalidad del objeto contractual.
El denunciante ante la Fiscalía fue el propio Secretario de Gobierno de la época, Javier Roa Alarcón, quien había sido designado como supervisor del mencionado Contrato, pero el documento apareció liquidado el 31 de diciembre de 2012 sin que Roa Alarcón lo hubiese firmado. Se estableció que ante la negativa del funcionario a firmar para liquidar porque faltaban algunos elementos, la Alcaldesa acudió a la almacenista quien le firmó como Supervisora, por lo que se habrá configurado la falsedad en documento público.
La defensa de la exalcaldesa apeló la sentencia emitida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Yopal, por lo que deberá esperarse para saber qué decisión toma el superior jerárquico, que en este caso es el Tribunal Superior del Circuito.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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