META
Este 7 de julio se entrega completamente la autopista 4G Chirajara – Fundadores
Para el departamento del Meta, en los últimos cuatro años se han gestionado inversiones cercanas a los $8,5 billones, a través de las diferentes entidades del sector transporte. Esto, con el fin de mejorar y potenciar la infraestructura de transporte de esta región del país, fundamental para la movilización de productos agropecuarios, de hidrocarburos, para el comercio y el turismo.
Uno de los grandes proyectos en esta región es la autopista Chirajara – Fundadores, que mejora sustancialmente la conectividad de los metenses con el centro del país. Este tramo de 22,6 km de segunda calzada, seis túneles, 20 puentes vehiculares y siete puentes peatonales, en el que se invirtieron $3,21 billones, genera mayores eficiencias logísticas en esta vía y reduce en 22 minutos el tiempo de desplazamiento por el sector. Uno de los hitos de esta obra, que se entrega totalmente este 7 de julio, es el túnel Buenavista II, que tiene una longitud de 4,5 km, lo que lo convierte en el más largo de esta entrega y uno de los más extensos del país.
Cabe destacar que durante el proceso de construcción de esta 4G, que se convierte en la décima entregada por el Gobierno del presidente Iván Duque, se generaron más de 14.000 empleos. Además, beneficia directamente a más de 600.000 habitantes de la zona de influencia. Este corredor, que tenía un avance cercano al 32%, genera empleo, desarrollo, progreso, competitividad, movilidad, comercio y turismo en el departamento y en toda la región de los Llanos Orientales.
De igual manera, la Agencia Nacional de Infraestructura avanza en la construcción de la vía Villavicencio – Yopal, que tiene una inversión de $2,7 billones y una extensión de 266 km de longitud. Vale mencionar que en agosto de 2018 este proyecto se encontraba sin ningún avance, mientras que, con corte al 30 de mayo de 2022, la ejecución del mismo está en un 73,88% y será entregado antes de que finalice este mandato presidencial.
Asimismo, en 2021 se logró reactivar la Malla vial del Meta, del programa de Cuarta Generación, que había estado paralizado por varios años. De esta forma, el Gobierno avanza en esta obra de $689.576 millones que tiene como propósito aportar a la competitividad y el desarrollo del departamento del Meta, con el mejoramiento de las condiciones de conectividad de su capital, con los municipios de Granada, San Martín, Guamal, Acacías, Puerto López y Puerto Gaitán, beneficiando a cerca de 1 millón de habitantes.
El Ministerio de Transporte, a través de la ANI, avanza en la estructuración del corredor Sogamoso – Aguazul – Puerto Gaitán, que hace parte de la segunda ola de las Concesiones del Bicentenario (5G) y con la cual se prevé generar cerca de 30.000 entre directos, indirectos e inducidos, gracias a unas inversiones cercanas a los $1,7 billones.
Fuente: Ministerio de Transporte
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
META
Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
