META
Este 7 de julio se entrega completamente la autopista 4G Chirajara – Fundadores
Para el departamento del Meta, en los últimos cuatro años se han gestionado inversiones cercanas a los $8,5 billones, a través de las diferentes entidades del sector transporte. Esto, con el fin de mejorar y potenciar la infraestructura de transporte de esta región del país, fundamental para la movilización de productos agropecuarios, de hidrocarburos, para el comercio y el turismo.
Uno de los grandes proyectos en esta región es la autopista Chirajara – Fundadores, que mejora sustancialmente la conectividad de los metenses con el centro del país. Este tramo de 22,6 km de segunda calzada, seis túneles, 20 puentes vehiculares y siete puentes peatonales, en el que se invirtieron $3,21 billones, genera mayores eficiencias logísticas en esta vía y reduce en 22 minutos el tiempo de desplazamiento por el sector. Uno de los hitos de esta obra, que se entrega totalmente este 7 de julio, es el túnel Buenavista II, que tiene una longitud de 4,5 km, lo que lo convierte en el más largo de esta entrega y uno de los más extensos del país.
Cabe destacar que durante el proceso de construcción de esta 4G, que se convierte en la décima entregada por el Gobierno del presidente Iván Duque, se generaron más de 14.000 empleos. Además, beneficia directamente a más de 600.000 habitantes de la zona de influencia. Este corredor, que tenía un avance cercano al 32%, genera empleo, desarrollo, progreso, competitividad, movilidad, comercio y turismo en el departamento y en toda la región de los Llanos Orientales.
De igual manera, la Agencia Nacional de Infraestructura avanza en la construcción de la vía Villavicencio – Yopal, que tiene una inversión de $2,7 billones y una extensión de 266 km de longitud. Vale mencionar que en agosto de 2018 este proyecto se encontraba sin ningún avance, mientras que, con corte al 30 de mayo de 2022, la ejecución del mismo está en un 73,88% y será entregado antes de que finalice este mandato presidencial.
Asimismo, en 2021 se logró reactivar la Malla vial del Meta, del programa de Cuarta Generación, que había estado paralizado por varios años. De esta forma, el Gobierno avanza en esta obra de $689.576 millones que tiene como propósito aportar a la competitividad y el desarrollo del departamento del Meta, con el mejoramiento de las condiciones de conectividad de su capital, con los municipios de Granada, San Martín, Guamal, Acacías, Puerto López y Puerto Gaitán, beneficiando a cerca de 1 millón de habitantes.
El Ministerio de Transporte, a través de la ANI, avanza en la estructuración del corredor Sogamoso – Aguazul – Puerto Gaitán, que hace parte de la segunda ola de las Concesiones del Bicentenario (5G) y con la cual se prevé generar cerca de 30.000 entre directos, indirectos e inducidos, gracias a unas inversiones cercanas a los $1,7 billones.
Fuente: Ministerio de Transporte
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
