CASANARE
Esta es la propuesta del Gobernador de Casanare para solucionar crisis del sector arrocero en Colombia
Durante el debate de control político sobre la situación del arroz en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, insistió en su propuesta sobre la creación del “Fondo de Estabilización de Precios del Arroz” como solución a la crisis que afecta a los productores del sector.
En su intervención, el mandatario habló en representación de los 16.500 arroceros del país, destacando que Casanare es el departamento de mayor producción de arroz en Colombia. En este sentido, instó al Gobierno nacional a expedir un decreto presidencial que garantice que el precio pagado a los agricultores siempre esté por encima de los costos de producción. Ortiz Zorro señaló que esta propuesta se fundamenta en un proyecto de ley que presentó en su período como Representante a la Cámara y que hoy cuenta con el respaldo de los agricultores, los gobernadores de las regiones productoras y la Federación Nacional de Departamentos.
Asimismo, el gobernador lideró la solicitud de 22 gobernadores quienes, a través de una misiva enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, expresaron su preocupación por la crisis arrocera. Los mandatarios departamentales alertaron sobre el impacto económico y social que la caída del precio del arroz genera en sus territorios, ya que esta situación amenaza la estabilidad de la cadena productiva, el empleo rural y el desarrollo del sector agroindustrial.
De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el arroz aporta el 2,92% al PIB agropecuario y el 2,4% en su transformación agroindustrial. Sin embargo, la reducción del precio por tonelada en casi un 20% respecto a 2024 y en un 30% en comparación con 2023, ha puesto en riesgo la rentabilidad del sector, afectando a 25.000 unidades productivas rurales y generando incertidumbre para más de 441.700 empleos directos.
Los gobernadores también advirtieron sobre el riesgo de que la crisis económica derive en un aumento de la violencia y de las economías ilícitas, debido a la cooptación de los territorios por parte de grupos armados al margen de la ley.
Ante este panorama, los mandatarios departamentales presentaron nueve propuestas concretas para solucionar la crisis arrocera:
- 1. Reactivar el incentivo al almacenamiento para garantizar estabilidad a los productores de cara a la cosecha 2025.
- 2. Crear el “Fondo de Estabilización de Precios para el Arroz Paddy” mediante decreto presidencial, asegurando un valor mínimo de $220.000 por carga.
- 3. Aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer los fondos de fomento agropecuario y de estabilización de precios.
- 4. Crear líneas de crédito flexibles y con plazos convenientes para los productores, modificando la clasificación crediticia de los agricultores para facilitar el acceso a incentivos.
- 5. Incluir financiación para la mejora de la infraestructura de almacenamiento y secamiento del arroz.
- 6. Controlar las importaciones e imponer aranceles temporales o salvaguardas para proteger la producción nacional.
- 7. Revisar los Tratados de Libre Comercio vigentes, en especial el acuerdo con la Comunidad Andina (CAN), para evitar impactos negativos en el sector.
- 8. Intervenir el oligopolio de la industria molinera para evitar la especulación en los precios del arroz.
- 9. Priorizar la mejora y mantenimiento de las vías estratégicas para el transporte agropecuario.
El gobernador Ortiz Zorro enfatizó la necesidad de encontrar soluciones tanto coyunturales como estructurales para el sector arrocero, destacando que “si bien los problemas del sector son estructurales, se requiere una respuesta urgente para evitar la quiebra de miles de productores y la pérdida de cientos de miles de empleos”.
Finalmente, advirtió que, de no adoptarse medidas inmediatas, la crisis del arroz podría derivar en graves consecuencias sociales y económicas. “El sector arrocero genera más de 40.000 empleos en Casanare y es una de las principales economías del departamento. Si nos quebramos, se abre la puerta a los cultivos ilícitos y a la violencia”, concluyó el mandatario.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Secretaría de Educación de Yopal informa a la ciudadanía sobre múltiples solicitudes y quejas de padres de familia. Estas están relacionadas con dificultades para matricular a sus hijos debido a inconsistencias en la validez de estudios cursados previamente en modalidades no presenciales o “homeschooling”.
Se ha evidenciado que algunos estudiantes provienen de instituciones que ofrecen educación virtual o homeschooling sin la licencia de funcionamiento reconocida por el Ministerio de Educación Nacional. Esta situación impide la homologación, validación o reconocimiento oficial de los grados cursados, conforme a la normativa vigente.
La secretaría recuerda que en Colombia, la educación formal debe ser impartida por establecimientos educativos debidamente autorizados, con licencia de funcionamiento expedida por el Ministerio de Educación y registro en el Directorio Único de Establecimientos Educativos (DUE). Las instituciones sin este reconocimiento no pueden emitir certificaciones válidas.
Además, se han identificado casos de estudiantes con estudios en el exterior que realizaron supuestas “validaciones” en instituciones no facultadas legalmente, afectando la continuidad académica. La presentación de Pruebas Saber 11° (ICFES) y los procesos de validación de bachillerato están regulados por el Estado y requieren autorización oficial.
Por lo anterior, se hace un llamado preventivo a padres y acudientes para que verifiquen que la institución educativa cuente con licencia de funcionamiento vigente, esté registrada oficialmente ante el Ministerio de Educación y tenga reconocimiento para la prestación del servicio educativo formal. La secretaría reitera su compromiso con el derecho a la educación y la orientación familiar.
Un nuevo hecho de violencia sacudió al municipio de Tauramena la tarde del 21 de febrero de 2026. Sobre las 6:12 p.m., en la vereda Cabañas, fue ultimado con arma de fuego el ciudadano Jaime Orlando León Sierra, en circunstancias que son materia de investigación por parte de las autoridades.
De acuerdo con la información preliminar, la víctima se encontraba departiendo bebidas embriagantes en una tienda del sector cuando fue abordado por otro hombre que también permanecía en el establecimiento. Entre ambos se habría generado una discusión, al parecer por linderos de un predio, que escaló rápidamente, momento en el que el presunto agresor desenfundó un arma de fuego y disparó contra León Sierra, causándole la muerte en el lugar.
Tras el ataque, el señalado responsable huyó en una motocicleta color negro con azul con rumbo hacia la zona rural. Las autoridades confirmaron que el presunto agresor ya está plenamente identificado y adelantan labores para lograr su captura en el menor tiempo posible.
Según información conocida, el hombre registra antecedentes en calidad de investigado por delitos como homicidio, lesiones personales, daño en bien ajeno, violencia intrafamiliar, porte ilegal de armas, amenazas y acceso carnal. Testigos lo describen como una persona con comportamiento violento cuando consume licor. El caso quedó en manos de los organismos competentes, que avanzan en la recolección de pruebas y testimonios.
A 31 años y 3 meses de prisión fue condenado Olegario Mendivelso, de 55 años, por el feminicidio agravado de su compañera sentimental Fidelia Tarache Tumay, en hechos ocurridos el pasado 25 de septiembre de 2025 en zona rural de Yopal. La decisión fue adoptada por un juez de conocimiento, quien avaló el preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.
De acuerdo con las pruebas recopiladas por el ente acusador, el hoy sentenciado llegó hasta la finca donde trabajaba la víctima e ingresó a la vivienda por una ventana. Una vez dentro, la atacó con un arma cortopunzante, causándole múltiples heridas que le provocaron la muerte. Según la investigación, el ataque se originó porque la víctima no quería continuar con la relación.
El fallo judicial también impuso como pena accesoria la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 20 años, además de la suspensión de cualquier mecanismo sustitutivo o subrogado penal.
La sentencia es de primera instancia y contra ella proceden los recursos de ley. Con este resultado, la Fiscalía destacó el avance del proceso judicial y la sanción impuesta por este crimen que enluta a una familia en el departamento de Casanare.
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