CASANARE
Esta es la propuesta del Gobernador de Casanare para solucionar crisis del sector arrocero en Colombia
Durante el debate de control político sobre la situación del arroz en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, insistió en su propuesta sobre la creación del “Fondo de Estabilización de Precios del Arroz” como solución a la crisis que afecta a los productores del sector.
En su intervención, el mandatario habló en representación de los 16.500 arroceros del país, destacando que Casanare es el departamento de mayor producción de arroz en Colombia. En este sentido, instó al Gobierno nacional a expedir un decreto presidencial que garantice que el precio pagado a los agricultores siempre esté por encima de los costos de producción. Ortiz Zorro señaló que esta propuesta se fundamenta en un proyecto de ley que presentó en su período como Representante a la Cámara y que hoy cuenta con el respaldo de los agricultores, los gobernadores de las regiones productoras y la Federación Nacional de Departamentos.
Asimismo, el gobernador lideró la solicitud de 22 gobernadores quienes, a través de una misiva enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, expresaron su preocupación por la crisis arrocera. Los mandatarios departamentales alertaron sobre el impacto económico y social que la caída del precio del arroz genera en sus territorios, ya que esta situación amenaza la estabilidad de la cadena productiva, el empleo rural y el desarrollo del sector agroindustrial.
De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el arroz aporta el 2,92% al PIB agropecuario y el 2,4% en su transformación agroindustrial. Sin embargo, la reducción del precio por tonelada en casi un 20% respecto a 2024 y en un 30% en comparación con 2023, ha puesto en riesgo la rentabilidad del sector, afectando a 25.000 unidades productivas rurales y generando incertidumbre para más de 441.700 empleos directos.
Los gobernadores también advirtieron sobre el riesgo de que la crisis económica derive en un aumento de la violencia y de las economías ilícitas, debido a la cooptación de los territorios por parte de grupos armados al margen de la ley.
Ante este panorama, los mandatarios departamentales presentaron nueve propuestas concretas para solucionar la crisis arrocera:
- 1. Reactivar el incentivo al almacenamiento para garantizar estabilidad a los productores de cara a la cosecha 2025.
- 2. Crear el “Fondo de Estabilización de Precios para el Arroz Paddy” mediante decreto presidencial, asegurando un valor mínimo de $220.000 por carga.
- 3. Aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer los fondos de fomento agropecuario y de estabilización de precios.
- 4. Crear líneas de crédito flexibles y con plazos convenientes para los productores, modificando la clasificación crediticia de los agricultores para facilitar el acceso a incentivos.
- 5. Incluir financiación para la mejora de la infraestructura de almacenamiento y secamiento del arroz.
- 6. Controlar las importaciones e imponer aranceles temporales o salvaguardas para proteger la producción nacional.
- 7. Revisar los Tratados de Libre Comercio vigentes, en especial el acuerdo con la Comunidad Andina (CAN), para evitar impactos negativos en el sector.
- 8. Intervenir el oligopolio de la industria molinera para evitar la especulación en los precios del arroz.
- 9. Priorizar la mejora y mantenimiento de las vías estratégicas para el transporte agropecuario.
El gobernador Ortiz Zorro enfatizó la necesidad de encontrar soluciones tanto coyunturales como estructurales para el sector arrocero, destacando que “si bien los problemas del sector son estructurales, se requiere una respuesta urgente para evitar la quiebra de miles de productores y la pérdida de cientos de miles de empleos”.
Finalmente, advirtió que, de no adoptarse medidas inmediatas, la crisis del arroz podría derivar en graves consecuencias sociales y económicas. “El sector arrocero genera más de 40.000 empleos en Casanare y es una de las principales economías del departamento. Si nos quebramos, se abre la puerta a los cultivos ilícitos y a la violencia”, concluyó el mandatario.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En Yopal, un comerciante denunció haber sido víctima de una sofisticada modalidad de estafa digital que estaría afectando a varios establecimientos comerciales. Se trata de un grupo de aproximadamente 15 jóvenes, entre ellos varios estudiantes universitarios, quienes utilizan aplicaciones clonadas conocidas como “Nequi Glitch” o “Nequi Daisy” para simular pagos que nunca se hacen efectivos, generando pérdidas económicas a negocios locales.
El caso fue revelado por Mateo Tarquino, propietario del club deportivo “Taco de Oro”, quien aseguró que en tan solo una semana su establecimiento fue defraudado por una suma cercana a los $2 millones de pesos. La irregularidad fue detectada tras un arqueo de caja y revisión de inventarios que no coincidían con los ingresos registrados, lo que llevó a identificar múltiples comprobantes falsificados.
¿Cómo estafan a los comerciantes?
Según la denuncia, el modus operandi consiste en mostrar en tiempo real un supuesto pago desde una aplicación fraudulenta que replica con precisión los comprobantes originales, incluyendo datos como número de teléfono y nombre del destinatario. Esto engaña al personal del establecimiento, que valida visualmente la transacción sin verificar el ingreso real del dinero.
El comerciante advirtió que los presuntos responsables ya han sido identificados mediante cámaras de seguridad y no descartó acciones legales ante la Fiscalía. Asimismo, hizo un llamado a los comerciantes a verificar directamente en la aplicación oficial los pagos recibidos o utilizar herramientas de validación como el escaneo de códigos QR, con el fin de evitar este tipo de fraudes.
CASANARE
Anulan actos de la moción de censura de Cateryne Porras en el Concejo de Aguazul, por violar el debido proceso
El proceso se originó en noviembre de 2021, cuando el Concejo Municipal de Aguazul promovió una moción de censura contra Cateryne Porras Martínez, entonces secretaria de Gobierno, tras un control político sobre la gestión de su despacho. En su momento, Porras presentó impedimentos y recusaciones contra nueve de los trece concejales, alegando que el trámite vulneró garantías procesales y el reglamento interno del Concejo.
El fallo, de primera instancia, concluye que el proceso adelantado por el Concejo Municipal estuvo marcado por irregularidades que vulneraron garantías fundamentales, especialmente el debido proceso y el derecho a la defensa de la funcionaria.
Según la sentencia, la funcionaria tuvo menos de cinco días para responder el cuestionario exigido por ley; a pesar de ello, nueve concejales promovieron una moción de censura que posteriormente fue aprobada, lo que derivó en su retiro del cargo mediante decreto municipal.
El elemento determinante del fallo fue el alegato de Porras Martínez contra varios concejales sobre posibles conflictos de interés, las que debían ser resueltas por la Procuraduría; pero ocurrió lo contrario, el Concejo:
• Asumió una competencia que no le correspondía, resolviendo directamente la recusación.
• Permitió que concejales recusados participaran en decisiones sobre su propio caso.
• Tomó decisiones a través de instancias internas sin facultad legal para ello.
Finalmente, la sentencia ordena remitir copias del expediente a la Procuraduría para que evalúe si procede la investigación disciplinaria contra los concejales que participaron en esta decisión irregular.
Una defensa que terminó respaldada por la justicia
El caso de Cateryne Porras se convierte en un precedente relevante para la política regional y el uso de la figura de moción de censura, que, si bien es una herramienta legítima como parte del control político, no puede ejercerse por fuera de la ley, ni sacrificando garantías fundamentales.
Con este fallo la justicia reconoce que la actuación de la funcionaria no fue evaluada bajo condiciones justas, y que su salida del cargo estuvo basada en un procedimiento viciado.
Más allá del resultado individual, la sentencia envía un mensaje a los integrantes de las corporaciones: deben actuar con rigor jurídico, especialmente cuando sus decisiones afectan derechos fundamentales de los ciudadanos, más allá de su rol como funcionarios.
CASANARE
Aumento del salario mínimo y costos operativos ponen en aprietos a Bomberos de Yopal en 2026
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Yopal enfrenta un panorama financiero complejo para 2026, marcado principalmente por el incremento del salario mínimo y nuevas exigencias laborales. Así lo dio a conocer el comandante, teniente Rafael Rojas, quien advirtió que estos factores representan hoy la mayor preocupación económica para la institución.
De acuerdo con Rojas, más de la mitad del personal —alrededor de 30 de los 60 bomberos— devenga el salario mínimo, lo que obliga a asumir un incremento cercano al 23% en sus ingresos. Esta situación impacta directamente las finanzas del organismo, que ha tenido que ajustar su presupuesto y buscar alternativas para sostener la operación.
A esto se suma la reducción de la jornada laboral semanal, que este año quedará en 42 horas, en cumplimiento de las disposiciones del Ministerio de Trabajo. Esta medida obligó a la institución a vincular más personal durante el último año para garantizar la prestación del servicio las 24 horas del día, incrementando aún más los costos de funcionamiento.
El comandante también explicó que en 2026 aumentaron los recargos nocturnos —que ahora inician desde las 7:00 de la noche—, así como los pagos por trabajo dominical y festivo, que alcanzan el 90%. Además, deben asumir un régimen especial de pensiones con un 10% adicional, junto con otros gastos obligatorios como exámenes médicos, dotación y elementos de protección personal.
En este último aspecto, Rojas fue enfático en señalar que los costos son considerablemente altos. Equipar completamente a un bombero puede costar cerca de 45 millones de pesos, incluyendo trajes especializados y equipos de respiración que cumplen normas internacionales. A esto se suma el mantenimiento del parque automotor, con vehículos que ya superan los 10 y hasta 15 años de servicio, lo que incrementa la necesidad de repuestos y revisiones constantes.
Frente a este panorama, el Cuerpo de Bomberos ha implementado estrategias para generar recursos propios, como la recarga de extintores y la realización de capacitaciones. Sin embargo, el comandante reiteró que el reto sigue siendo grande y que la sostenibilidad del servicio depende de una adecuada gestión financiera y del apoyo institucional para seguir garantizando la atención de emergencias en Yopal.
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