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CASANARE

Esta es la propuesta del Gobernador de Casanare para solucionar crisis del sector arrocero en Colombia

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Durante el debate de control político sobre la situación del arroz en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, insistió en su propuesta sobre la creación del “Fondo de Estabilización de Precios del Arroz” como solución a la crisis que afecta a los productores del sector.

En su intervención, el mandatario habló en representación de los 16.500 arroceros del país, destacando que Casanare es el departamento de mayor producción de arroz en Colombia. En este sentido, instó al Gobierno nacional a expedir un decreto presidencial que garantice que el precio pagado a los agricultores siempre esté por encima de los costos de producción. Ortiz Zorro señaló que esta propuesta se fundamenta en un proyecto de ley que presentó en su período como Representante a la Cámara y que hoy cuenta con el respaldo de los agricultores, los gobernadores de las regiones productoras y la Federación Nacional de Departamentos.

Asimismo, el gobernador lideró la solicitud de 22 gobernadores quienes, a través de una misiva enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, expresaron su preocupación por la crisis arrocera. Los mandatarios departamentales alertaron sobre el impacto económico y social que la caída del precio del arroz genera en sus territorios, ya que esta situación amenaza la estabilidad de la cadena productiva, el empleo rural y el desarrollo del sector agroindustrial.

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el arroz aporta el 2,92% al PIB agropecuario y el 2,4% en su transformación agroindustrial. Sin embargo, la reducción del precio por tonelada en casi un 20% respecto a 2024 y en un 30% en comparación con 2023, ha puesto en riesgo la rentabilidad del sector, afectando a 25.000 unidades productivas rurales y generando incertidumbre para más de 441.700 empleos directos.

Los gobernadores también advirtieron sobre el riesgo de que la crisis económica derive en un aumento de la violencia y de las economías ilícitas, debido a la cooptación de los territorios por parte de grupos armados al margen de la ley.

Ante este panorama, los mandatarios departamentales presentaron nueve propuestas concretas para solucionar la crisis arrocera:

  1. 1. Reactivar el incentivo al almacenamiento para garantizar estabilidad a los productores de cara a la cosecha 2025.
  2. 2. Crear el “Fondo de Estabilización de Precios para el Arroz Paddy” mediante decreto presidencial, asegurando un valor mínimo de $220.000 por carga.
  3. 3. Aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer los fondos de fomento agropecuario y de estabilización de precios.
  4. 4. Crear líneas de crédito flexibles y con plazos convenientes para los productores, modificando la clasificación crediticia de los agricultores para facilitar el acceso a incentivos.
  5. 5. Incluir financiación para la mejora de la infraestructura de almacenamiento y secamiento del arroz.
  6. 6. Controlar las importaciones e imponer aranceles temporales o salvaguardas para proteger la producción nacional.
  7. 7. Revisar los Tratados de Libre Comercio vigentes, en especial el acuerdo con la Comunidad Andina (CAN), para evitar impactos negativos en el sector.
  8. 8. Intervenir el oligopolio de la industria molinera para evitar la especulación en los precios del arroz.
  9. 9. Priorizar la mejora y mantenimiento de las vías estratégicas para el transporte agropecuario.

El gobernador Ortiz Zorro enfatizó la necesidad de encontrar soluciones tanto coyunturales como estructurales para el sector arrocero, destacando que “si bien los problemas del sector son estructurales, se requiere una respuesta urgente para evitar la quiebra de miles de productores y la pérdida de cientos de miles de empleos”.

Finalmente, advirtió que, de no adoptarse medidas inmediatas, la crisis del arroz podría derivar en graves consecuencias sociales y económicas. “El sector arrocero genera más de 40.000 empleos en Casanare y es una de las principales economías del departamento. Si nos quebramos, se abre la puerta a los cultivos ilícitos y a la violencia”, concluyó el mandatario.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Casanare inicia año lectivo con clases desde el 26 de enero y canasta educativa garantizada

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El año lectivo 2026 en Casanare iniciará con una agenda clara enfocada en el mejoramiento continuo de la calidad educativa y en el fortalecimiento de todo el ciclo formativo, desde la educación inicial hasta el tránsito a la educación superior. Así lo confirmó el secretario de Educación Departamental, Diego Ardila Plazas, al destacar que este propósito responde al mandato del gobernador César Ortiz Zorro de consolidar una educación integral y con mayores oportunidades para los estudiantes del departamento.

De acuerdo con el calendario escolar, los docentes regresarán a las instituciones educativas este martes 13 de enero para cumplir con las semanas institucionales y adelantar los procesos de planeación académica. Entre tanto, el 26 de enero comenzará oficialmente el calendario escolar para los estudiantes de los 18 municipios no certificados de Casanare, marcando el inicio de las clases en todas las sedes educativas oficiales.

El secretario informó que el departamento cuenta con la canasta educativa asegurada para esta vigencia. En diciembre de 2025 fue adjudicado el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que beneficiará a más de 15 mil estudiantes, así como la estrategia de residencias escolares, ambos en proceso de alistamiento para iniciar de manera oportuna. Además, el servicio de transporte escolar continúa garantizado mediante un contrato vigente desde septiembre de 2025 hasta mediados de 2026.

Finalmente, Ardila Plazas hizo un llamado a padres de familia, acudientes y alcaldes municipales a sumarse a la “matriculatón”, una estrategia que busca evitar que niños, niñas y jóvenes queden por fuera del sistema educativo. El objetivo es lograr una matrícula estable desde el inicio de febrero y avanzar, de manera paralela, en la articulación con la educación superior, para facilitar el acceso de los estudiantes casanareños a la universidad, uno de los principales sueños de la comunidad educativa del departamento.

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CASANARE

Accidente en la Marginal del Llano deja una motociclista fallecida en Paz de Ariporo

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Las autoridades de tránsito adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de un siniestro vial que dejó una mujer fallecida, ocurrido en la vía Marginal del Llano, al norte de Casanare, más exactamente a la salida del municipio de Paz de Ariporo hacia Pore.

De manera preliminar, la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía señaló como hipótesis que el conductor de un microbús afiliado a la empresa Libertadores no habría conservado la distancia de seguridad, mientras que en el caso de la motocicleta se analiza una posible impericia en la conducción.

El hecho se registró el pasado domingo 11 de enero de 2026, hacia la 1:30 de la tarde, en el kilómetro 89+200 de esta importante arteria vial, en jurisdicción del municipio de Paz de Ariporo. El choque involucró un busetón de placas SSR-570, y una motocicleta identificada con la placa RRX51G.

De acuerdo con el informe oficial, ambos vehículos se desplazaban en sentido Paz de Ariporo – Yopal cuando, al parecer, la conductora de la motocicleta realizó un cambio repentino de carril, situación que habría desencadenado el impacto.

Como consecuencia del fuerte choque, Bertha Leticia Guerrero, quien conducía la motocicleta, falleció en el lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para el respectivo proceso de investigación y determinación de responsabilidades.

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CASANARE

Personería de Pore se pronunció por parálisis en la construcción de la Plaza de Mercado

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La Personería Municipal de Pore dio a conocer e informó a la Contraloría General de la República, los resultados de una mesa de trabajo adelantada para analizar la crítica situación de las obras de construcción de la plaza de mercado, las cuales permanecen paralizadas pese al tiempo transcurrido desde su inicio. La mesa de trabajo, realizada con participación del contratista, la interventoría, la supervisión del contrato y concejales del municipio, evidenció serias falencias en la ejecución del proyecto y riesgos para los recursos públicos invertidos.

Según lo expuesto, la obra, contratada en 2023 y financiada con recursos del Sistema General de Participaciones y un crédito bancario, presenta un avance físico de apenas el 43 %, luego de más de 27 meses desde su acta de inicio. Aunque el contrato tenía un plazo inicial de seis meses y ha contado con prórrogas, suspensiones y un reinicio en julio de 2025, los avances recientes han sido mínimos, situación que genera preocupación por el posible incumplimiento del nuevo plazo, fijado para febrero de 2026.

Durante la mesa de trabajo se concluyó que una de las principales causas de la parálisis es la falta de autorización del Ministerio de Cultura para las modificaciones contractuales realizadas en 2024, requisito indispensable por tratarse de una obra ubicada en zona declarada patrimonio histórico y cultural. La Personería advirtió una débil gestión por parte del contratista, quien no ha entregado oportunamente los informes técnicos necesarios para dicho trámite, mientras que la interventoría y la supervisión señalaron que existen actividades no sujetas a esa autorización que deberían ejecutarse para evitar el deterioro de la estructura ya construida.

El organismo de control alertó sobre este proyecto, teniendo en cuenta que el mismo se financia con un crédito del cual ya se han desembolsado recursos, se han pagado actas parciales al contratista y se han realizado abonos a capital e intereses a la entidad bancaria, sin que la obra esté al servicio de la comunidad.

La Personería anunció que continuará ejerciendo seguimiento estricto como veedora del tesoro público, y no descarta remitir informes a las autoridades competentes para que se adelanten las acciones fiscales, disciplinarias o penales a que haya lugar.

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