CASANARE
Esta es la propuesta del Gobernador de Casanare para solucionar crisis del sector arrocero en Colombia
Durante el debate de control político sobre la situación del arroz en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, insistió en su propuesta sobre la creación del “Fondo de Estabilización de Precios del Arroz” como solución a la crisis que afecta a los productores del sector.
En su intervención, el mandatario habló en representación de los 16.500 arroceros del país, destacando que Casanare es el departamento de mayor producción de arroz en Colombia. En este sentido, instó al Gobierno nacional a expedir un decreto presidencial que garantice que el precio pagado a los agricultores siempre esté por encima de los costos de producción. Ortiz Zorro señaló que esta propuesta se fundamenta en un proyecto de ley que presentó en su período como Representante a la Cámara y que hoy cuenta con el respaldo de los agricultores, los gobernadores de las regiones productoras y la Federación Nacional de Departamentos.
Asimismo, el gobernador lideró la solicitud de 22 gobernadores quienes, a través de una misiva enviada al presidente de la República, Gustavo Petro, expresaron su preocupación por la crisis arrocera. Los mandatarios departamentales alertaron sobre el impacto económico y social que la caída del precio del arroz genera en sus territorios, ya que esta situación amenaza la estabilidad de la cadena productiva, el empleo rural y el desarrollo del sector agroindustrial.
De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el arroz aporta el 2,92% al PIB agropecuario y el 2,4% en su transformación agroindustrial. Sin embargo, la reducción del precio por tonelada en casi un 20% respecto a 2024 y en un 30% en comparación con 2023, ha puesto en riesgo la rentabilidad del sector, afectando a 25.000 unidades productivas rurales y generando incertidumbre para más de 441.700 empleos directos.
Los gobernadores también advirtieron sobre el riesgo de que la crisis económica derive en un aumento de la violencia y de las economías ilícitas, debido a la cooptación de los territorios por parte de grupos armados al margen de la ley.
Ante este panorama, los mandatarios departamentales presentaron nueve propuestas concretas para solucionar la crisis arrocera:
- 1. Reactivar el incentivo al almacenamiento para garantizar estabilidad a los productores de cara a la cosecha 2025.
- 2. Crear el “Fondo de Estabilización de Precios para el Arroz Paddy” mediante decreto presidencial, asegurando un valor mínimo de $220.000 por carga.
- 3. Aumentar el presupuesto del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para fortalecer los fondos de fomento agropecuario y de estabilización de precios.
- 4. Crear líneas de crédito flexibles y con plazos convenientes para los productores, modificando la clasificación crediticia de los agricultores para facilitar el acceso a incentivos.
- 5. Incluir financiación para la mejora de la infraestructura de almacenamiento y secamiento del arroz.
- 6. Controlar las importaciones e imponer aranceles temporales o salvaguardas para proteger la producción nacional.
- 7. Revisar los Tratados de Libre Comercio vigentes, en especial el acuerdo con la Comunidad Andina (CAN), para evitar impactos negativos en el sector.
- 8. Intervenir el oligopolio de la industria molinera para evitar la especulación en los precios del arroz.
- 9. Priorizar la mejora y mantenimiento de las vías estratégicas para el transporte agropecuario.
El gobernador Ortiz Zorro enfatizó la necesidad de encontrar soluciones tanto coyunturales como estructurales para el sector arrocero, destacando que “si bien los problemas del sector son estructurales, se requiere una respuesta urgente para evitar la quiebra de miles de productores y la pérdida de cientos de miles de empleos”.
Finalmente, advirtió que, de no adoptarse medidas inmediatas, la crisis del arroz podría derivar en graves consecuencias sociales y económicas. “El sector arrocero genera más de 40.000 empleos en Casanare y es una de las principales economías del departamento. Si nos quebramos, se abre la puerta a los cultivos ilícitos y a la violencia”, concluyó el mandatario.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Las autoridades mantienen una alerta preventiva en Casanare ante posibles acciones de grupos armados ilegales y anunciaron que reforzarán los operativos de control en puntos estratégicos de Yopal. En ese contexto, fue activado un plan candado en la ciudad, con sobrevuelos y revisión de cámaras de seguridad, para establecer la ruta de escape de dos hombres que perpetraron un atentado con explosivos en la capital.
El ataque ocurrió la noche del martes contra la empresa de Seguridad Avizor, ubicada en la calle 11 con carrera 31, sobre la vía a Sirivana, a pocos metros de la Estación de Policía Yopal. Según testigos, los responsables se movilizaban en una motocicleta NKD y vestían prendas negras, además portaban cascos del mismo color.
De acuerdo con el coronel Pablo Galindo, comandante del Departamento de Policía Casanare, los sujetos lanzaron, al parecer, una granada contra las instalaciones de la empresa. La explosión causó daños materiales en ventanales y parte de la estructura del inmueble, pero no dejó personas heridas.
La información preliminar indica que el hecho podría estar relacionado con un presunto caso de extorsión. El oficial señaló que horas antes la empresa habría recibido una llamada a su línea corporativa por WhatsApp; sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una denuncia formal por exigencias económicas ante las autoridades.
Un hombre identificado como Bladimir Castillo Urintive, conocido con el alias de “Blacho”, fue asesinado la tarde del miércoles en inmediaciones de Torres de San Marcos, en Yopal. De acuerdo con información preliminar, la víctima recibió cuatro impactos de arma de fuego en la región torácica y, aunque fue trasladado de urgencia a un centro médico por dos hombres en motocicleta, ingresó sin signos vitales.
Versiones iniciales indican que antes del ataque se habría presentado un altercado con un individuo y no se descarta un posible ajuste de cuentas por temas de microtráfico. Según las autoridades, Castillo Urintive registraba antecedentes judiciales por hurto, receptación, porte ilegal de armas y tentativa de homicidio. Además, en 2023 fue judicializado por el ataque contra Jéferson Pidiache, hecho que dejó a la víctima en condición de discapacidad.
Según fuentes extraoficiales, el hoy occiso habría estado vinculado recientemente a actividades de microtráfico en el sector, situación que es materia de verificación por parte de las autoridades judiciales. Tras el crimen comenzó a circular un panfleto con membrete atribuido a las disidencias de las antiguas Farc, en el que se le señalaba como supuesto “objetivo militar”. Panfleto donde también figura el nombre del hombre asesinado la noche del lunes en la Marginal de la Selva, en inmediaciones del sitio donde se construye el nuevo Terminal de Transportes de Yopal.
Las autoridades investigan la autenticidad del documento y si el homicidio estaría relacionado con disputas delincuenciales en la zona. El caso quedó en manos de los organismos de investigación, que adelantan labores para esclarecer los móviles del hecho y dar con los responsables.
Sobre la media noche del martes 24 de febrero, en el sector de San Rafael de Morichal en Yopal, hombres armados ingresaron a un predio privado e incineraron una retroexcavadora perteneciente a la empresa Trimex, utilizada para cargar material de río a volqueteros. En el lugar fue hallada una bandera de Colombia con grafitis alusivos a disidencias de las Farc.
Los responsables se identificaron como integrantes de disidencias de las antiguas Farc, y las autoridades orientan las pesquisas hacia el Frente 28, estructura que delinque en la región. No se descarta que el ataque esté relacionado con presuntas exigencias extorsivas contra la empresa propietaria de la maquinaria o los dueños del predio.
Alejandro Durán, coordinador de seguridad de la Secretaría de Gobierno de Yopal, confirmó que unidades judiciales realizaron la inspección técnica para recolectar elementos materiales probatorios y verificar si existían amenazas previas. Señaló que se desplegó un operativo conjunto para esclarecer los móviles del ataque y dar con los responsables.
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