CASANARE
Es incierta la suerte del ganadero Jaime Rueda Guarín, secuestrado hace 3 meses en Casanare
Incertidumbre reina frente a lo que pudo haber pasado con el ganadero Jaime Rueda Guarín, secuestrado en su finca de Orocué el pasado 25 de abril de 2020, y de quién no se volvió a saber nada durante los 3 meses que han pasado desde el momento del plagio.
A través de su cuenta de twitter el Presidente de Fedegán, José Félix Lafourie dio a conocer que presuntamente el ganadero había sido asesinado luego de su secuestro y enterrado cerca a su finca, pero es una versión que no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.
Este nuevo rumbo en la investigación del secuestro del ganadero se dio, porque el pasado viernes fueron capturados cuatro sujetos por porte ilegal de armas dentro de unos allanamientos realizados en cercanías a la Finca La Macolla, de propiedad del ganadero y de donde fue plagiado. Al parecer, uno de estos capturados habría señalado el presunto asesinato del ganadero, desde el mismo día de su secuestro.
Se conoció que de estos capturados por lo menos dos estarían implicados en el plagio, pero en la audiencia de legalización de captura una juez de garantías los dejó en libertad. Este domingo dos de los cuatro acusados fueron recapturados por tener en su contra órdendes de captura.
“Rueda Guarín, de 81 años, es un ganadero de Santander que hace ya varios años compró una finca en la zona y se encontraba llevando a cabo proyectos productivos pecuarios. También es muy querido por la comunidad y admirado por la dirigencia ganadera ya que es un gremialista que ha pertenecido a la junta directiva de Asocebú y estaba afiliado a Asoganorte. Después de su plagio, tanto su familia como las autoridades tenían la preocupación de que el motivo del secuestro fuera con fines económicos. Sin embargo, luego de tres meses no hubo ni una sola llamada para exigir dinero a cambio de su liberación”, escribió la Revista Contexto Ganadero.
Se ha indicado, que las audiencias concentradas de los capturados, al parecer, fueron dilatadas por sus abogados hasta la media noche, hasta que fueron dejados en libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, dos de ellos fueron aprehendidos a las 3 de la madrugada del domingo 26 de julio pues sobre ellos pesaban sendas órdenes de captura.
Según la Revista Contexto Ganadero, los capturados, que después fueron dejados en libertad por vencimiento de términos son Fran Ernit Vargas Parra, Solis Ovidio Vargas Parra, Ovidio Vargas y José Angelmiro Parra. Falta un quinto involucrado en el secuestro que se dice está escondido en Arauca.
Allegados de la familia del ganadero están solicitando que los capturados sean trasladados a Bogotá y allí continúe el proceso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
En el municipio de Aguazul, la Asociación de Veredas de Cunamá ASOVEC, a través de su Comité de Derechos Humanos, denunció la violación sistemática de Derechos Humanos contra líderes del sector de su jurisdicción, cuyo más reciente hecho violento se presentó con el asesinato de la lideresa comunal y empresaria aguazuleña Lida Katherine Rojas Torres.
La víctima, quien era dirigente comunal de la vereda Plan Brisas, fue hallada sin vida el sábado 23 de noviembre en inmediaciones del caño La Carbonera, en el sector de la vereda El Triunfo en esa localidad.
Preliminarmente se conoció que la mujer fue citada en la mañana del sábado hacia el sector donde posteriormente fue hallado su cuerpo sin vida.
ASOVEC ante el temor de nuevos hechos de violencia que afecten a sus integrantes, exigió al Gobierno Nacional, tramitar de manera urgente y cumplir con las alertas tempranas, teniendo en cuenta su enfoque territorial. De igual manera denunció persistente amenazas, seguimientos, perfilamientos, estigmatización, judiciliazación, desplazamiento y asesinato de líderes/as sociales, dirigentes comunales, empresarios y campesinos.
Se espera pronunciamiento oficial de las autoridades sobre el caso.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el exdirector técnico de la Dirección de Riesgo y Desastres de Casanare Guillermo Alberto Pérez Torres y el entonces representante legal Consorcio IMC, Leonidas Ortega Urbano por las posibles irregularidades en la mega obra del malecón en Yopal, Casanare.
Las presuntas anomalías fueron denunciadas por un medio de comunicación que advirtió sobre aparentes retrasos en la ejecución de este proyecto que protegerá de socavación e inundaciones a la capital casanareña.
El Ministerio Público analiza dos certificaciones diferentes del estado de avance de la obra, ambas con fecha de octubre — noviembre de 2023, en las que la Gobernación de Casanare certificó aproximadamente 80% y 90% de avance de las obras, respectivamente, lo cual permite advertir inconsistencias en estos documentos e impide deducir la situación de la obra y su ejecución.
Entre tanto, la interventoría que fue contratada por parte de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres tampoco habría certificado de manera puntual el estado de avance de la obra, ni se evidencia el efectivo seguimiento, vigilancia y control sobre la construcción.
La Procuraduría busca establecer la responsabilidad de Pérez Torres como contratante de las actividades de seguimiento vigilancia y control de la obra, independiente de la interventoría, la cual al terminar el plazo de ejecución no se había ejecutado en su totalidad y no se evidencian acciones de declaratoria de incumplimiento ante el contratista.
Se investiga también al entonces representante legal Consorcio IMC, quien suscribió el cuestionado contrato de obra pública que, a la fecha de terminación del plazo de ejecución, no había culminado y respecto del cual no se evidencia certificación de avance a la fecha que debía terminarse.
Fuente: Procuraduría General de la Nación
CASANARE
Autoridades del Meta en alerta por menores de edad reclutados por grupos al margen de la ley
En el seguimiento que hace el Gobierno departamental y la Defensoría Regional del Pueblo a la preocupante problemática de reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley, se denunció el arribo al Meta de niños, niñas y adolescentes entre los 14 y 16 años de edad, provenientes del departamento del Cauca.
Según las autoridades, se pudo establecer la grave situación de riesgo a la que están expuestos los menores que llegaron desde hace meses al Meta para engrosar las filas de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’.
“Desde esta alerta que ha emitido la Defensoría del Pueblo, reforzaremos los controles en los hoteles, en los peajes y vías de acceso. También hacemos un llamado a los alcaldes para que se apersonen de esta responsabilidad que nos compete de prevenir el reclutamiento y de garantizar los derechos de los menores”, expresó Ingriht Acosta Carvajal, secretaria de Derechos Humanos y Paz del Meta.
En su intervención, la Gobernadora Rafaela Cortés Zambrano, anunció que se comunicará directamente con los gobernadores del Cauca, Huila, Valle del Cauca, Quindío, Cundinamarca y la gobernadora del Tolima, para generar una alerta y acciones en los corredores viales que permitan recuperar a los menores reclutados y que se encuentran en tránsito por las carreteras.
En esa reunión de seguimiento también se pudo evidenciar que los grupos armados ilegales llegan a las instituciones educativas con listados en mano y se llevan a los menores apenas estos cumplen sus 14 años, y los instrumentalizan para que sean ellos quienes persuadan a sus compañeros, diciéndoles que haciendo parte de estos grupos tienen bonificaciones económicas y cierto estatus de poder y control sobre las comunidades.
Finalmente, desde la Gobernación del Meta se dieron a conocer algunas de las características para identificar a los menores que llegan de otros departamentos:
- Los rasgos físicos de los menores no coinciden con los adultos que los acompañan.
- No conocen el territorio.
- No estén en compañía de algún familiar.
- Tienen rasgos indígenas.
El apoyo de la comunidad es crucial para desarrollar e implementar acciones eficaces y urgentes para la prevención temprana y la protección de los menores, ayudando a reducir los factores de riesgo, mejorar los entornos de protección y disminuir todas las formas de violencia.
Fuente: Gobernación del Meta
