META
Erradicación de cultivos ilícitos continuara en sur oriente del Meta
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció en el pasado Consejo de Seguridad Extraordinario que se cumplió de manera virtual, que el gobierno nacional continuará con la política de erradicación con los cultivos ilícitos en el país, especialmente en el sur oriente del Meta.
Al referirse a la erradicación o sustitución de los cultivos ilícitos, en el sur-oriente del departamento, recordó que la política del gobierno del Presidente Duque es acudir a todas las herramientas posibles: erradicación voluntaria, erradicación forzosa, aspersión con el cumplimiento de todos los requisitos que fueron definidos por la corte constitucional.
Anunció que la erradicación manual de cultivos ilícitos obedece a un planeamiento técnico y coordinado, que respeta los acuerdos de sustitución vigentes y los territorios de los resguardos indígenas, así como las garantías de la consulta previa. Esa erradicación además se realiza bajo claros parámetros de respeto a la legalidad y a los derechos humanos.
Erradicación en Meta
Por su parte, la asesora del programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) en el Meta, Yury Blanco, señaló que en el Meta se atienden siete municipios, con 9.701 familias, las cuales están divididas en 4.400 familias cultivadoras, 2.665 no cultivadoras y 2.644 recolectoras.
De estas familias se ha atendido al 93 por ciento en su primera etapa de la ruta de intervención del programa con asistencia alimentaria, que equivale a 6.591 familias con una inversión de 75.600 millones de pesos. La segunda instancia del programa que es asistencia técnica se ha llegado a 6.631 familias para un 94 por ciento del compromiso de las atendidas y el 90 por ciento de las familias en asistencia alimentaria, precisó la funcionaria del PNIS.
En el municipio de La Macarena el programa tiene una intervención de 94 veredas, 2507 familias donde se ha logrado atender el cien por ciento en las dos primeras rutas de intervención, con una inversión de 25.000 millones.
Fuente: Gobernación de Meta
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Fabián Duque Martínez y Juan Diego García Jaramillo, por su presunta responsabilidad en el ataque armado contra un hombre en Puerto Gaitán.
En ese sentido, un fiscal seccional les imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En audiencias concentradas los procesados no aceptaron cargos.
Los hechos sucedieron el pasado 16 de diciembre, cuando un hombre, habría sido atacado con arma de fuego por los dos procesados que se movilizaban en una motocicleta.
Uniformados de la Policía que fueron alertados por la ciudadanía lograron la captura de los dos hombres en flagrancia. En el procedimiento les incautaron una motocicleta, equipos de comunicación y dos armas de fuego, las cuales lanzaron a un matorral al percatarse de la presencia de las autoridades.
