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Más de $21 mil millones enredan a Alan Jara con la Contraloría General

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La Contraloría General de la República dio a conocer que adelanta actualmente 2 procesos de responsabilidad fiscal contra el exgobernador del departamento del Meta, Alan Jara Urzola, en los que el ex mandatario ha sido llamado a responder por más de $21 mil 513 millones de pesos, ejecutados durante su administración.

Uno de los procesos, recientemente abierto en el mes de febrero del año en curso, por más de $9 mil 220 millones, hace referencia a los contratos suscritos por la Gobernación del Meta con la Empresa de Petróleos del Llano – Llanopetrol, para la elaboración de los estudios y diseños de prefactibilidad para la refinería del departamento del Meta.

Se estableció que Llanopetrol era una empresa apenas en proceso de constitución en el momento en que se le giraron los recursos. Además de Jara Urzola, quien en su condición de Gobernador era miembro de la Junta Directiva de Llanopetrol, por este proceso fueron llamados a responder otros miembros de la misma, a saber:

Luz Stella Casasfranco Vanegas, en su calidad de Secretaria Jurídica del Departamento para el periodo de la administración de Jara Urzola; así como Hernando Martínez Aguilera, entonces Director de Planeación del Departamento; y Jairo Iván Frías Carreño, Secretario de Hacienda Departamental, los tres en condición de integrantes de la Junta Directiva de Llanopetrol y vinculados a los referidos cargos del orden departamental en el Meta, en el periodo 2012 a 2015. Igualmente fue vinculado al proceso el entonces Gerente de Llanopetrol, Ricardo Rodríguez Henao.

Gobernación dio concepto favorable al proyecto, a pesar de sus inconsistencias

La Contraloría pudo establecer que el proyecto de inversión presentado por el Gerente de la empresa, y avalado por su Junta Directiva, “no siguió los procedimientos del Ciclo de Proyectos ni completó las fases y etapas previas”.

Así mismo, el proyecto se presentó sin los estudios mínimos requeridos para un proyecto de tal importancia, como serían: estudio de mercado (demanda, oferta y déficit), estudio legal, estudio técnico (insumos, requerimientos técnicos y tecnológicos, localización y tamaño), estudio ambiental, estudio de riesgos y estudio financiero.

Por lo anterior, no existía una cadena de valor que permitiera evaluar la refinería, ni se establecieron indicadores que permitieran conocer si era la mejor alternativa posible.

Según la Contraloría, el proyecto fue radicado el 11 de mayo de 2012 ante el Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación del Meta, cuando Llanopetrol no estaba legalmente constituida, no existía acto administrativo que estipulara su creación y la existencia de un gerente.

A pesar de lo anterior, la Gobernación expidió un concepto favorable de viabilidad técnica, económica y financiera, y le giró a Llanopetrol recursos por más de $18 mil millones, de los cuales $9 mil 220 millones eran provenientes del Sistema de Regalías y nunca se materializaron en beneficios para la población del departamento.

Jara debe responder por obras inservibles

Otro de los procesos contra el exgobernador Jara Urzola, iniciado en abril del año pasado, se relaciona con recursos ejecutados por su administración con ocasión del convenio suscrito para la construcción del sistema de saneamiento básico de los centros poblados de Altos de Pompeya y Quenane, en Villavicencio, mediante la construcción de las redes de alcantarillado sanitario y pluvial, y una planta de tratamiento de aguas residuales.

Los recursos del convenio fueron aportados por la Gobernación del Meta y por Ecopetrol, y se ejecutaron a través de la Empresa de Servicios Públicos del Meta, EDESA S.A. – E.S.P. La Contraloría pudo establecer, que las obras no fueron terminadas en un 100% según lo previsto en los contratos, pero sí se pagó la totalidad del precio acordado.

La obra, en su momento, no contaba con el permiso del plan de saneamiento y manejo de vertimientos, así como tampoco con la planta de tratamiento de aguas residuales.

En este proceso, la Contraloría estimó la existencia de un daño patrimonial en cuantía superior a los $12 mil 293 millones de pesos, por la inversión ineficiente de los recursos, donde las obras ejecutadas no prestaron un servicio real a la comunidad.

“Solamente se entregaron redes de alcantarillado pluvial y sanitario parciales respecto a la comunidad que debía beneficiar y sin prestación de servicio alguno, por cuanto no existe Planta de Tratamiento de Aguas Residuales”, dice el informe de la Contraloría.

Además del exgobernador Jara Urzola, fueron llamados a responder los exgerentes de la Empresa de Servicios Públicos del Meta José Édgar Patarroyo Vargas y Carlos Enrique Vaca Rodríguez, así como el también el exgobernador Darío Vásquez Sánchez.

Igualmente se encuentran involucrados al proceso Héctor Andrés Castro Rey y Marilú Pulido Ramírez, en su calidad de gerentes de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Villavicencio; el contratista del proyecto Fernando Alonso Rojas Rincón y las empresas Consultores Ingenieros y Arquitectos COINAR LTDA. e INGECOL S.A., representadas legalmente por Diego Jesús Niño Galvis y Cristian Gómez Mejía, respectivamente, junto con los funcionarios administradores y gestores del convenio.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

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Gobernadora del Meta viajará a Europa en búsqueda de recursos para varios proyectos

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La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés Zambrano, inicia una importante misión en España y Reino Unido, con el propósito de posicionar al departamento como destino de inversión y cooperación internacional, en áreas claves como agroindustria, energías verdes y turismo.

Las principales iniciativas que la gobernadora expondrá son; el Aeropuerto Internacional de Villavicencio y una línea de crédito para apoyar a pequeños empresarios en la transición a energías renovables.

La gira incluye también la exploración de experiencias exitosas de otros países para abordar retos de seguridad, desarrollo y competitividad del Meta.

Los escenarios en los que participará la gobernadora serán el evento “Colombia Investment Roadshow”, una rueda de inversión donde abordan temas de infraestructura, turismo naturaleza y energías verdes. La invitación a la gobernadora, fue entregada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el apoyo de la Embajada de Colombia en el Reino Unido, en la que además participará el ministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, y los viceministros de Energía y Transporte, entre otros altos funcionarios del gobierno Nacional y empresarios de Colombia. También, se reunirá con la Cámara de Comercio Colombo Catalana, entre otros.

En este sentido, la mandataria de los metenses, presentará al departamento del Meta ante inversionistas, banca multilateral, cooperantes y altos funcionarios comerciales. Solo en Reino Unido estará con alrededor de 100 inversionistas.

Durante esta gira visitará la ciudad de Valencia, España, donde la Universidad de Valencia la ha invitado a esta importante institución educativa, de dónde es egresada.

En estos encuentros, participarán las gobernadoras de Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y de Sucre, Lucy Inés García. Y representantes de las alcaldías de Cali, Bogotá y Sogamoso.

Entre tanto, asumirá como gobernadora encargada, Constanza Barrios Hurtado, quien se desempeña como secretaria Privada.

Fuente: Gobernación del Meta

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Indígenas Piapoco y Sikuani recibieron 16 mil hectareas de tierra en Puerto Gaitán

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Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), formalizó la entrega de 16 mil hectáreas y 250 metros cuadrados a las autoridades ancestrales y comunidad conformada por familias de los pueblos Piapoco y Sikuani, que ahora, gracias a una sentencia, ya son reconocidos como el Resguardo Indígena Florida Kawinanae.

La entrega, que estuvo acompañada por el Ejército y la Policía, y a la que concurrieron el director de Asuntos Étnicos, Acxan Duque y el director territorial de la URT en el Meta, César Santoyo, dejó entre las autoridades e integrantes del resguardo sentimientos de respaldo y confianza para que se cumplan las disposiciones emitidas en el fallo de restitución. En él, además de recuperar sus derechos territoriales, se impartieron medidas para garantizar la pervivencia y cultura de los indígenas seminómadas de esta región de Colombia.

En el espacio, Acxan Duque destacó: “este es el resultado de años de trabajo, en los que concurren los sueños de una comunidad por tener los derechos reales de su territorio y de un Gobierno en el que se busca defender a los pueblos étnicos”.

Articulación entre las entidades para el cumplimiento

La sentencia, que se profirió en agosto de 2023, es el resultado de la gestión que lideró la URT ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Especializada en Restitución de Tierras, y en la que se demostraron las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de esta comunidad, que perdió, además de su territorio, su cultura, cosmogonía y tradiciones. Antes de este fallo, los indígenas Sikuani y Piapoco estaban condenados al exterminio.

Con esta entrega material hecha por parte del director general de la Unidad, el mayor Giovani Yule, se cristaliza la primera de las órdenes impartidas en el fallo

y se avanza para generar las acciones de articulación interinstitucional que permitan que las otras se cumplan. Entre ellas está la apertura de un nuevo folio de matrícula inmobiliaria a favor del Resguardo de la Parcialidad Indígena Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Por su parte, la Agencia Nacional de Tierras y el Ministerio del Interior -a través de su Dirección de Asuntos Indígenas- deberán, de forma inmediata, constituir el resguardo con el debido censo poblacional, identificar a sus autoridades, y de manera paralela, instalar placas demarcatorias del territorio.

Por su parte, la Unidad para las Víctimas deberá implementar el Plan Integral de Reparación Colectiva para Pueblos y Comunidades Indígenas (PIRC). Este fallo es el primer pronunciamiento que se da a favor de la comunidad indígena en el departamento del Meta y el segundo en el departamento del Vichada.

La historia

Según la investigación adelantada por la URT, el extinto INCORA reservó en 1968 la región conocida como Planas, en los departamentos del Meta y Vichada, como zona exclusiva para la ocupación de los pueblos indígenas. Con esta declaración se constituyeron los resguardos Awaliba, Domoplanas e Iwiwi. Un proceso favorable para las comunidades en mención, pero que excluyó a los Sikuani y Piapoco de Florida Kawinanae. Como resultado de esta decisión, parte del territorio fue formalizado a comunidades no indígenas entre los años 1984 y 2011.

El paso de los años, la codicia por la tierra y el control territorial promovieron la desaparición forzada de líderes representativos para los indígenas de la zona, su desplazamiento forzado y el origen del fenómeno de confinamiento de los Sikuani y Piapoco. Así mismo, en 1970 el Estado respaldó la explotación de hidrocarburos que afectaron el ingreso de estas comunidades a las fuentes de agua. De manera simultánea, comenzó la expansión de cultivos de uso ilícito, hecho que generó la entrada de actores armados ilegales, como el entonces Bloque Oriental de las Farc.

Los hechos victimizantes se recrudecieron desde 1980, con el auge del narcotráfico y la compra de tierras por parte de esmeralderos. Situación que se tornó más difícil para los habitantes de la zona con la llegada de las autodefensas.

La enorme riqueza natural de las tierras de los Sikuani y Piapoco hizo que estos grupos ilegales buscarán controlar el territorio -en el cual proliferaron los laboratorios para el procesamiento de coca-, y que se construyeran pistas de aterrizaje clandestinas. Además, varios sectores fueron utilizados para fosas comunes.

Fuente: Unidad de Restitución de Tierras (URT)

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Advierten pruebas de carga en puente peatonal de la vía Villavicencio – Restrepo

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Covioriente, informa que entre el 19 y 20 de abril se realizará la prueba de carga del puente peatonal ubicado en el sector de la Institución Educativa Puente Amarillo Francisco Torres León, en el kilómetro 7+870 de la ruta nacional 6510, vía Villavicencio – Restrepo.

Las actividades tendrán una duración de aproximadamente dos días desde las 6:00 a.m. del viernes hasta las 5:00 p. m. del sábado, sin embargo, durante este tiempo no se presentarán restricciones al flujo vehicular ni en la movilidad de las personas que transitan por la zona.

Esta prueba de carga tiene como objetivo verificar la capacidad del puente construido para resistir las cargas vivas de servicio, es decir, el peso de las personas que harán uso de la estructura diariamente una vez sea habilitado para su uso. De esta manera, se garantiza el adecuado funcionamiento de la infraestructura.

Fuente: Covioriente

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