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En Villavicencio, a la cárcel jíbara que ordenó a su hijo matar a un hombre
Por solicitud de la Fiscalía Seccional de la Unidad de Vida fue asegurada con detención en centro carcelario, Sandra Milena Reyes de 42 años, por hechos ocurridos en vía pública del barrio Gaitán, en sector céntrico de Villavicencio (Meta).
Según la investigación adelantada, la situación se habría presentado la noche del 7 de abril de 2018, cuando Diego Andrés Cañas Prieto, de 27 años, llegó hasta donde estaba la detenida y, al parecer, drogado, habría empezado a agredir de palabra a la compañera sentimental de su hijo, es decir, a su nuera.
De acuerdo con testimonios que se lograron obtener, la detenida habría ordenado a su hijo que matará a la víctima, orden que éste obedeció propinándole 2 disparos con arma de fuego, causándole la muerte.
Manejaba una “olla”
Ante el Juzgado 1o Penal Municipal con función de control de garantías fue presentada la detenida, por Investigadores de la Brigada de homicidios conformada por CTI de la Fiscalía y Policía Nacional, quienes encontraron en su residencia 2 paquetes con 480 grs de cannabis y 21 cigarrillos de marihuana, listos para comercializar.
La Fiscalía señaló que según declaraciones, la mujer sería expendedora de droga y tendría bajo su mando por lo menos 40 personas, encargadas de la distribución de estupefacientes en el sector, además de ser la presunta determinadora de varios homicidios.
El área de influencia de la detenida incluiría los barrios Gaitán, San Marcos, Porvenir y alrededores de 2 colegios del sector céntrico de la capital del Meta.
La Fiscalía imputó cargos contra Sandra Milena por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego simple y fabricación, tráfico y /o porte de estupefacientes, los cuales no fueron aceptados.
De ser hallada responsable de los delitos endilgados, la detenida podría recibir una pena entre 37.5 – 50 años de prisión. Luego de 5 horas, a las 8:30 pm terminó la judicialización contra la detenida, en el Palacio de Justicia de Villavicencio.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
Un juez de control de garantías envió a la cárcel a una mujer, por su presunta responsabilidad en el maltrato e intento de homicidio contra dos de sus hijas menores de edad, de 8 meses y 12 años, en hechos ocurridos el pasado 28 de marzo, en el sur oriente de Villavicencio.
Un fiscal de la Seccional Meta le imputó los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas. La mujer no aceptó los cargos.
De acuerdo con la investigación, el día de los hechos, después de que la menor de edad, de 12 años, regresó del colegio a su casa, donde, presuntamente, fue agredida por su madre, quien se encontraba alterada tras una discusión telefónica con su pareja. La procesada pateó a la víctima, mientras estaba en el piso, luego la persiguió con un cuchillo hasta una habitación, allí la niña se encerró. Al parecer, minutos después la presunta agresora intentó asfixiar con una almohada a la bebé, de 8 meses, pero fue rescatada por su hermana. Las niñas se escondieron y esperaron a que llegara la hija mayor, de 17 años.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional, hicieron efectiva la orden de captura contra esta mujer en la vereda Mesetas de Villavicencio.
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Después de 27 años le devolvieron finca que le habían quitado los paramilitares en Puerto López
La Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó materialmente el predio ‘La Pocha’, de 920 hectáreas ubicadas en la vereda El Yucao de Puerto López (Meta), a sus legítimos dueños, en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá.
La diligencia fue liderada por Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo de la entidad, tal como Camilo Riveros, Juez Municipal de Puerto López, con acompañamiento del equipo Catastral, el área Jurídica de la Unidad y la Fuerza Pública, que garantizó seguridad a la comisión.
A finales de los años noventa, la familia Romero fue víctima de amenazas y extorsiones de grupos paramilitares, que exigían pagos constantes para permitirles trabajar. Las intimidaciones y el riesgo creciente obligaron al propietario a abandonar la finca en 1998, hecho que derivó en la ocupación ilegal del terreno por parte de terceros, que intentaron comercializarlo sin legitimidad.
El caso fue llevado por la URT ante la justicia. En efecto, el Tribunal Superior de Bogotá determinó que la familia fue objeto de desplazamiento forzado, abandono y despojo, y que las posteriores ocupaciones no cumplían con los requisitos de buena fe exenta de culpa.
El director territorial Robert Gabriel Barreto destacó que esta entrega es un avance en la garantía de derechos para quienes sufrieron el conflicto armado: “con ello, reafirmamos que nuestro compromiso es seguir trabajando por su reparación y su regreso seguro a la tierra”.
Por su parte, Antonio Martínez, coordinador del Grupo Fondo, indicó que tras la entrega material del predio y en cumplimiento de la sentencia, se garantizará un subsidio de vivienda, el alivio de pasivos y un proyecto productivo para la familia restituida.
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Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upía
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
