META
En Villavicencio, a la cárcel jíbara que ordenó a su hijo matar a un hombre
Por solicitud de la Fiscalía Seccional de la Unidad de Vida fue asegurada con detención en centro carcelario, Sandra Milena Reyes de 42 años, por hechos ocurridos en vía pública del barrio Gaitán, en sector céntrico de Villavicencio (Meta).
Según la investigación adelantada, la situación se habría presentado la noche del 7 de abril de 2018, cuando Diego Andrés Cañas Prieto, de 27 años, llegó hasta donde estaba la detenida y, al parecer, drogado, habría empezado a agredir de palabra a la compañera sentimental de su hijo, es decir, a su nuera.
De acuerdo con testimonios que se lograron obtener, la detenida habría ordenado a su hijo que matará a la víctima, orden que éste obedeció propinándole 2 disparos con arma de fuego, causándole la muerte.
Manejaba una “olla”
Ante el Juzgado 1o Penal Municipal con función de control de garantías fue presentada la detenida, por Investigadores de la Brigada de homicidios conformada por CTI de la Fiscalía y Policía Nacional, quienes encontraron en su residencia 2 paquetes con 480 grs de cannabis y 21 cigarrillos de marihuana, listos para comercializar.
La Fiscalía señaló que según declaraciones, la mujer sería expendedora de droga y tendría bajo su mando por lo menos 40 personas, encargadas de la distribución de estupefacientes en el sector, además de ser la presunta determinadora de varios homicidios.
El área de influencia de la detenida incluiría los barrios Gaitán, San Marcos, Porvenir y alrededores de 2 colegios del sector céntrico de la capital del Meta.
La Fiscalía imputó cargos contra Sandra Milena por los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico y/o porte ilegal de armas de fuego simple y fabricación, tráfico y /o porte de estupefacientes, los cuales no fueron aceptados.
De ser hallada responsable de los delitos endilgados, la detenida podría recibir una pena entre 37.5 – 50 años de prisión. Luego de 5 horas, a las 8:30 pm terminó la judicialización contra la detenida, en el Palacio de Justicia de Villavicencio.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
META
Con demanda reclaman más de 45.000 hectáreas de los pueblos Sáliva y Piapoco, en Meta y Vichada
Con el propósito de restablecer los derechos étnico-territoriales de las personas que integran el Resguardo Indígena Corozal Tapaojo, la Unidad de Restitución de Tierras (URT) presentó una demanda ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Villavicencio.
Dicho resguardo está conformado por 354 familias (1.336 personas) pertenecientes a los pueblos originarios Sáliva y Piapoco, y que habitan un territorio ancestral de 45.430 hectáreas más 4.731 m², ubicado entre los municipios de Puerto Gaitán (Meta) y Santa Rosalía (Vichada). Son víctimas del conflicto armado al haber sufrido confinamiento, desplazamiento y abandono forzado, entre otras afectaciones.
Entre las principales pretensiones de la demanda se destacan: el reconocimiento de los pueblos Sáliva y Piapoco como víctimas; la garantía del goce efectivo de sus derechos territoriales colectivos; la ampliación del Resguardo Indígena Corozal Tapaojo y la implementación del Plan Integral de Reparación Colectiva.
Además, la demanda contempla la protección de los derechos culturales, ambientales y de salud, así como la implementación del Sistema de Educación Indígena Propio (SEIP).
“Con esta actuación, reafirmamos nuestro compromiso con los pueblos indígenas del Meta y Vichada. La restitución de sus territorios no solo es una medida de justicia, sino una apuesta por la preservación cultural y la paz en los Llanos Orientales”, destacó Robert Gabriel Barreto, director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta.
Así, la URT le cumple con dignidad a las comunidades ancestrales, a la vez que avanza en su compromiso con la protección y la reparación de las víctimas y la construcción de una paz duradera en el país.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías a Jesús Alonso Camacho Montoya por su presunta responsabilidad en el ataque a un canino llamado ‘Copito’ en hechos ocurridos el pasado 24 de octubre en una vía pública de Acacías (Meta).
Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Meta, con el apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) le imputó el delito de muerte a animal. En audiencias concentradas el procesado no aceptó el cargo y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
El material probatorio recopilado estableció que Camacho Montoya sostuvo una discusión con otro hombre por una deuda. En medio de la riña el procesado habría sacado un arma cortopunzante e hirió en el cuello a ‘Copito’ porque le ladró. La comunidad intentó auxiliarlo, pero falleció por la gravedad de la lesión.
Uniformados de la Policía Nacional capturaron al hombre en flagrancia.
En Mapiripán, la Unidad de Restitución de Tierras implementó un proyecto productivo urbano en favor de Luis Enrique Rivera Forero, quien fue víctima de desplazamiento y abandono forzado en 1997, tras la incursión paramilitar que derivó en la masacre en ese municipio, uno de los hechos más dolorosos del conflicto colombiano.
Después de 20 años de desarraigo, y tras un proceso judicial, el Tribunal Superior de Bogotá, mediante sentencia, ordenó la restitución del predio ubicado en el casco urbano. Posterior a su retorno, la Unidad implementó su proyecto productivo con una inversión de 40 salarios mínimos legales vigentes, destinados a la adecuación del local comercial y la dotación de equipos y mobiliario que fortalecen su actividad económica como tendero.
Con estos recursos, la URT le entregó una nevera, mostrador, vitrinas, estanterías, kit ambiental, báscula digital, congelador, horno microondas, surtido de víveres, insumos de cafetería y una vitrina de calefacción, además de realizar mejoras locativas en su vivienda, donde funciona la tienda.
El proyecto incluye acompañamiento técnico durante dos años, tal como capacitaciones en administración y manejo de recursos, fortaleciendo su economía. “Agradezco a la Unidad por este proyecto, que me permite sostenimiento y tener ingresos para mi subsistencia y mi vejez”, expresó Luis Enrique, quien hoy reescribe su historia desde el predio que debió abandonar hace más de dos décadas.
Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en Meta, destacó: “hemos destinado más de $3.300 millones de pesos para la implementación de 120 proyectos productivos para familias beneficiarias de restitución de tierras en el departamento, fortaleciendo sus capacidades y garantizando reparación integral”.
El caso de Luis Enrique Rivera es ejemplo de justicia restaurativa: tras haber sido víctima de desplazamiento, hoy su tienda de abarrotes es un ejemplo de superación y de cómo la restitución de tierras está cumpliendo con dignidad a las víctimas.
