REGIÓN
En Vichada buscan protección judicial para el territorio indígena “Wazapana”
Con el propósito de solicitar ante la autoridad judicial competente, la adopción de medidas oportunas y eficaces que protejan el territorio de las afectaciones que de tiempo atrás viene sufriendo la comunidad indígena “Wazapana -Dagua”, la dirección territorial Meta de Unidad de Restitución de Tierras, a través del área de Asuntos Étnicos, presentó medida cautelar en favor del pueblo ancestral.
“La solicitud radicada de manera electrónica y en medio de la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, busca proteger el territorio ubicado en el municipio de Puerto Carreño (Vichada) y en el que habitan 74 personas que conforman trece familias pertenecientes al pueblo ancestral Amorúa”, señaló Wilson Leyton, director de la Unidad en Meta.
Agregó que entre los daños que la medida cautelar solicitada busca detener y revertir se encuentran: el abandono y despojo, la invasión de colonos al territorio y el accionar de grupos armados ilegales. Asimismo, se pretende que se ordene la constitución legal del territorio como resguardo, con el fin de garantizar su seguridad jurídica.
La medida cautelar solicitada ante un Juzgado Civil del Circuito Villavicencio, es resultado de un continuo trabajo de acompañamiento al Resguardo “Wazapana–Dagua” realizado por el equipo étnico de la Unidad, mediante el acercamiento a esta comunidad, la socialización del Decreto Ley 4633 del 2011, la identificación de las afectaciones territoriales sufridas por la etnia, la expedición de la Resolución del 07 de febrero de 2018 que adoptó el Estudio Preliminar del Territorio Colectivo y finalmente la caracterización de la comunidad adelantada de manera virtual en junio de 2020.
Una muestra del compromiso con este pueblo ancestral, es que en el pasado mes de junio la Unidad hizo entrega de 30 mercados a la comunidad Wazapana, gracias al apoyo logístico y del transporte brindado por la ONG Consejo de Noruega y de la Defensoría del Pueblo. Estas ayudas fueron adquiridas con las donaciones hechas por los funcionarios y contratistas de la Unidad.
“La URT continuará impulsando acciones judiciales encaminadas a frenar la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas de los llanos para eliminar cualquier tipo de amenaza o riesgo de sus derechos territoriales”, puntualizó Wilson Leyton. Con acciones como esta la entidad trabaja por la reparación integral de derechos a comunidades indígenas.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
