REGIÓN
En Semana Santa habrá mayor control de autoridades en las vías de Boyacá
Ante la alta afluencia de vehículos que ingresan y salen de los municipios del departamento durante Semana Santa, el Instituto de Tránsito de Boyacá (ITBOY), busca proteger la vida e integridad física de los actores viales y alcanzar el propósito del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031, de reducir por lo menos en un 50% las muertes y lesiones causadas por siniestros viales.
Así lo dio a conocer Carolina Puentes, gerente general del ITBOY, quien aseguró que el objetivo es prevenir las conductas que presentan un potencial riesgo para la seguridad vial del departamento.
Por tal razón, el Instituto de Tránsito de Boyacá tomará las medidas pedagógicas necesarias e intensificará los operativos de sensibilización.
Así mismo, hará presencia en los corredores viales para el cumplimiento de las normas así:
– Se incrementan los operativos de control durante la Semana Santa en puntos críticos y sobre los principales factores de riesgo, especialmente uso del casco, consumo de alcohol, uso de luces y chalecos reflectivos en motocicletas, revisión técnico – mecánica y velocidad.
– Habrá mayor control a los vehículos que son despachados desde los terminales de transporte pasajeros por carretera, en lo que respecta además de los requisitos para su despacho a la seguridad activa de los vehículos. (sistemas de luces, sistemas de frenos y estado de las llantas).
– Control de la prestación del servicio informal de transporte de pasajeros.
– Control del servicio público especial de pasajeros, en sus distintas modalidades.
– Control de velocidad.
– Control de embriaguez.
– Control de revisión tecnomecánica, no solo en lo que respecta a tener el certificado vigente, sino a la revisión de la seguridad activa de los vehículos (sistemas de luces, sistemas de frenos y estado de las llantas, entre otros).
– Control a los conductores de los vehículos tipo motocicleta y el adecuado uso de los elementos de protección personal.
– Control del uso del cinturón de seguridad de conductores y pasajeros.
Finalmente, la gerente recordó que es fundamental acatar estas recomendaciones que hace la Agencia Nacional de Seguridad Vial como máxima autoridad en la aplicación de la Política Pública de Seguridad Vial del Gobierno nacional, la cual busca prevenir y reducir la siniestralidad vial, a través de acciones administrativas, educativas y operativas, articuladas con las distintas autoridades de tránsito y transporte, entidades del sector corresponsables de la seguridad vial en el país, a partir de la focalización estratégica de acciones con un enfoque de sistema seguro, vinculando a la población e integrándola dentro de una cultura vial.
Fuente: Gobernación de Boyacá
Luego de valorar las pruebas y argumentos presentados por la Fiscalía General de la Nación, el Tribunal Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó, en segunda instancia, la condena a 27 años y 7 meses prisión contra el responsable de la desaparición de una menor de edad en Sogamoso.
La madrugada del 25 de diciembre de 2024, tras sostener una discusión familiar, la víctima, de 11 años, salió de su casa y no regresó. La investigación evidenció que un familiar se encontró con la niña en el sector conocido como Vanegas y la llevó en una motocicleta a la vereda El Ciral.
Posteriormente, esa persona, de 24 años, fue requerida por las autoridades de policía judicial que asumieron la búsqueda de la menor de edad, pero negó en su momento haberla visto y tenido contactó con ella. Días después, ya en enero de 2025, el cuerpo fue encontrado en una zona boscosa cercana a donde la víctima fue llevada por el hoy sentenciado.
En febrero de 2025, este hombre aceptó el delito de desaparición forzada agravada, conducta por la que fue condenado en primera y ahora en segunda instancia.
Paralelamente, avanza un proceso en su contra por feminicidio agravado, cargo que le fue imputado por la Fiscalía y que rechazó.
REGIÓN
ANI propone tarifa diferencial en el peaje de San Luis de Gaceno, entraría en vigencia el 16 de enero
La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) propuso una tarifa diferencial especial para el Peaje San Luis de Gaceno, dirigida a los propietarios de vehículos que residan en los municipios de San Luis de Gaceno, Santa María y Sabanalarga. La medida, que entraría en vigencia a partir del 16 de enero de 2026, busca mitigar el impacto económico del cobro para las comunidades locales que usan de manera frecuente este corredor vial.
De acuerdo con la ANI, la tarifa diferencial aplicará para vehículos Categoría I, con un valor de $1.500 más el aporte al FOSEVI. Este beneficio será exclusivo para los residentes de los tres municipios mencionados, siempre y cuando estén previamente censados por las alcaldías municipales y cuenten con la aprobación de la ANI, como requisito para acceder al descuento.
La propuesta surge en medio de un contexto de tensión social y protestas comunitarias en el Peaje San Luis de Gaceno, donde habitantes de la zona han manifestado su inconformidad con la puesta en operación de la caseta. Estas movilizaciones han impedido que el peaje entre en funcionamiento de manera normal, argumentando afectaciones económicas, falta de concertación previa y perjuicios para la movilidad cotidiana de los pobladores.
Con esta tarifa diferencial, la ANI espera avanzar en un proceso de concertación con las comunidades, atender parte de las reclamaciones históricas y destrabar la operación del peaje, garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad del proyecto vial y el respeto por las condiciones socioeconómicas de los habitantes del área de influencia.
La Procuraduría General de la Nación inició indagación previa en contra de responsables por establecer de la Gobernación del Guaviare, por posibles irregularidades en la financiación de la construcción de las mangas de coleo en el municipio de El Retorno y en la capital del departamento, por más de $ 2.300 millones.
Según una queja presentada ante el ente disciplinario, el ente territorial habría invertido recursos del Sistema General de Regalías para financiar estas obras de infraestructura, lo cual contraviene lo dispuesto en la ley.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Guaviare ordenó la práctica de pruebas documentales con el fin de conocer información en detalle sobre la elaboración de los estudios previos, la aprobación del proyecto que dio origen a la construcción y la supervisión realizada a los contratos suscritos.
