META
En producción petrolera Meta continúa siendo el principal destino de inversión
Por octavo año consecutivo, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas presentó el informe de Tendencias de Inversión en Exploración y Producción (E&P) en Colombia, con el balance del 2021 y las perspectivas para el 2022.
El informe destaca el aumento en la inversión para exploración, en donde se destinarán USD 1.130 millones, 2,2 veces superior a la ejecutada en 2021 (USD 520 millones) y la más alta registrada desde 2014.
Para este año se destaca también el creciente interés en gas natural, que representa el 52% del total de la inversión en exploración proyectada (USD 591 millones). Asimismo, USD 930 millones (82% de las inversiones de 2022) se llevarán a cabo en tierra firme y el restante en offshore (USD 200 millones), incluyendo la perforación de dos pozos en aguas profundas.
Las regiones que recibirán el mayor porcentaje de inversión son: Caribe, que continúa siendo la principal receptora de inversión exploratoria (USD 487 millones). El 59% de la inversión se realizará en tierra firme; y el total de la inversión destinada a proyectos offshore en Colombia se ejecutará en esta región. Asimismo, en el Caribe se ejecutará el 78% de la inversión que tiene como foco la búsqueda de gas natural, algo fundamental para atender los requerimientos de este producto tanto para el mercado como para el consumo interno con una demanda creciente.
Llanos Orientales
Los Llanos orientales son la segunda región con mayor inversión exploratoria con USD 361 millones presupuestados, que serán ejecutados principalmente en Meta (USD 140 millones) y Casanare (USD 139 millones). El 12% del presupuesto exploratorio se ejecutará en los Santanderes y el restante está distribuido en otras regiones del país.
Con relación a la inversión destinada a producción, se estima en USD 3.270 millones, es decir, un incremento del 27% respecto al 2021 (USD 2.570 millones), fundamental para mantener la producción y compensar la declinación natural del 17%. Por regiones, el departamento del Meta continuará siendo el principal receptor de inversión en producción con USD 1.417 millones, seguido por Casanare (USD 470 millones), Santander (USD 384 millones), Arauca (USD 234 millones), Antioquia (USD 165 millones), Putumayo (USD 118 millones) y Huila (USD 94 millones).
Clima de inversión
El Informe de Tendencias de Inversión E&P presenta también los resultados de la encuesta de clima de inversión, en donde se evalúa si se presentaron cambios significativos frente al 2020; los aspectos que mejoraron y los que empeoraron en Colombia durante el 2021; y el impacto del clima de inversión en la estrategia de exploración y producción de las empresas.
De acuerdo con los resultados, casi dos terceras partes de las compañías encuestadas consideran que hubo cambios en el ambiente de inversión del año 2021 con relación al 2020. Entre los aspectos que mejoraron se destacan: los esfuerzos de la ANH por promover la reactivación de la exploración, la Ronda Colombia 2021, la firma de nuevos contratos y consolidación de la frontera exploratoria del offshore, los avances en torno a la reducción de las tarifas de transporte por oleoductos y por gasoductos, entre otros. Por su parte, entre los aspectos que empeoraron se encuetran: la conflictividad social, especialmente durante el paro nacional; los tiempos y costos de estudios ambientales, la incertidumbre política preelectoral, entre otros.
META
Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
