META
En Meta se dio respuesta al 64% de solicitudes de restitución de tierras
Durante los nueve años de vigencia de la Ley 1448 de 2011, la Unidad de Restitución de Tierras ha recibido 8.752 solicitudes de reclamantes en el departamento del Meta, de las cuales 7.198 se encuentran habilitadas por la Fuerza Pública para ser intervenidas.
A la fecha se han adoptado 4.645 decisiones de fondo, es decir que el 64% de estas reclamaciones han sido resueltas.
El director territorial de la Unidad en el Meta, Wilson Leyton Roldán, participó en la Audiencia de Seguimiento a la Ley de Victimas y Restitución de Tierras para ese territorio, presidida por el Representante a la Cámara John Jairo Hoyos y a la que asistieron los alcaldes, personeros, las mesas de víctimas y delegados de distintas entidades del Estado y ministerios.
Entre los municipios que fueron objeto de seguimiento estuvieron: Uribe que reporta 521 solicitudes de restitución; Mesetas 533; Vistahermosa 904; La Macarena con 616; Lejanías 170; El Castillo 531; El Dorado 251 y Puerto Rico con 706 reclamaciones.
En cumplimiento de los 245 fallos proferidos por los jueces y magistrados de restitución, en Meta se han restituido cerca de 50 mil hectáreas de tierra en favor de 1.000 campesinos y se han impulsado 88 proyectos productivos.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Procuraduría investiga por cancha sintética que se contrató y no se construyó en Barranca de Upíaucción de una cancha sintética con un costo mayor a $1.000 millones
La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por determinar del municipio de Barranca de Upía, Meta, por presuntas irregularidades en el proceso contractual y la ejecución de una obra pública contratada en el 2023 en el Centro Poblado de San Ignacio.
La denuncia señala que la construcción de una cancha sintética valorada en $ 1.380 millones se habría contratado sin disponer de un terreno público y, adicionalmente indica que hasta la fecha no presenta ningún avance en su ejecución.
A través de la práctica de pruebas, el órgano de control busca determinar si hubo faltas disciplinarias y si existen causales de exclusión de responsabilidad.
META
Procuraduría indaga por presuntas irregularidades contractuales en la Alcaldía de Puerto Gaitán
Por presuntas irregularidades administrativas, la Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios por establecer de la administración municipal de Puerto Gaitán, Meta.
Las posibles anomalías detectadas se relacionan con supuestas deficiencias en los procedimientos de licitación y tramitación de seis contratos que superan los $ 20 mil millones, el posible incumplimiento de autorizaciones ambientales de Cormacarena, y la falta de probidad en la administración de los recursos públicos del Fondo Sierra Nevada destinados a infraestructura.
Los proyectos cuestionados incluyen centros culturales, sistemas convertidores de luz solar en electricidad utilizable, puentes sobre ríos e infraestructura vial rural. La Procuraduría indaga si se cumplieron requisitos contractuales de forma transparente, si se obtuvieron las autorizaciones ambientales obligatorias previo a su ejecución y, si la gestión administrativa fue íntegra, sin desviaciones de recursos ni incumplimientos.
El ente de control busca establecer si las conductas denunciadas constituyen faltas disciplinarias, determinar causales de exclusión de responsabilidad, e identificar las circunstancias en que pudieron ocurrir los hechos.
La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación formal para esclarecer las circunstancias en las que murió un civil y otro resultó herido durante una operación militar realizada en zona rural del municipio de Vista Hermosa, Meta. El Ejército Nacional confirmó que entregará toda la información requerida por las autoridades judiciales, en una región donde actualmente se desarrollan operaciones contra disidencias de las Farc.
Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía analiza videos grabados por habitantes de la zona, testimonios de testigos y demás evidencias materiales, con el fin de establecer si se cumplieron los protocolos de protección a la población civil y las normas del derecho internacional humanitario durante el procedimiento.
Según el reporte oficial del Ejército, en la operación murió un presunto integrante del bloque Jorge Suárez Briseño de las disidencias. Además, dos personas fueron capturadas, entre ellas un civil que resultó herido y cuyas circunstancias son ahora materia de investigación por parte del ente acusador.
Las autoridades militares señalaron que desde la aeronave no se realizaron disparos hacia el lugar donde se encontraban los civiles que grabaron los hechos. La Fiscalía continuará recolectando pruebas para determinar si hubo uso proporcional de la fuerza y establecer responsabilidades.
