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En Meta capturan a “Los Troyanos” por millonarias extorsiones
Con allanamientos en Villavicencio y Vista Hermosa fue desarticulado el grupo delincuencial común organizado “Los Troyanos”, señalados por las autoridades judiciales de los delitos de extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto.
Entre los capturados se encuentran los sujetos conocidos como ‘Pata Limpia’, ‘Pata Picha’, ‘Cuervo’ y ‘Tatiana’ a quienes les hallaron en su poder 13 equipos móviles celular, utilizados para su accionar criminal, así como prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares y de Policía.
Durante la Investigación y despliegue operativo, se logró establecer que estas personas serían los responsables de la difusión de vídeos amenazantes en los que aparecían utilizando intendencia militar, armamento largo, aduciendo ser integrantes de las Autodefensas Gaitanistas del Alto y Bajo Ariari, al mando del sujeto conocido en el mundo del crimen como ‘Miguel’.
‘Miguel’, llamado también ‘Parra o Santiago’, habría sido capturado por unidades de la SIJIN a inicios de este año, por los delitos de concierto para delinquir con fines de homicidio, porte y tráfico ilegal de armas de fuego y extorsión, pero quedó en libertad por decisión judicial.
Igualmente, fue integrante del grupo armado organizado ‘Clan del Golfo’ para el año 2017, el cual era liderado en su momento por los cabecillas conocidos como ‘Richard’, ‘Juanito’, ‘Yordy’ y ‘Meneo’; convirtiéndose así, como uno de los hombres de confianza de ‘Juanito’, siendo el encargado de cometer los homicidios selectivos a integrantes del Bloque Meta (Estructura del grupo armado “Puntilleros”), por la disputa territorial.
Esquema Criminal
“Los Troyanos”, contaban con un amplio esquema criminal con injerencia en los municipios de Vista Hermosa, Lejanías, Mesetas, San Martín y Acacías. Dentro de las víctimas de esta estructura se encuentran agricultores, ganaderos, depósitos de cerveza, comerciantes y comunidad en general, los cuales debían pagar altas sumas de dinero a cambio de no atentar en contra de su integridad o negocio.
‘Pata limpia’ cabecilla del GDCO encargado de coordinar y liderar las actividades criminales de la estructura, seleccionar las victimas de extorsión y realizar los cobros extorsivos en el municipio de Vista Hermosa, San juan de Arama y Granada Meta, a través de personas que recluta para este grupo delincuencial.
‘Pata Picha’ sería integrante del GDCO, segundo al mando y logístico en esta red criminal, encargado de recolectar los dineros por medio de giros, desde la ciudad de Villavicencio, por indicaciones de ‘Pata limpia’.
‘Cuervo’, integrante del GDCO, encargado de llamar a las víctimas para coordinar el pago del dinero producto de las llamadas extorsivas que haría ‘Pata Limpia´, en el municipio de Vista Hermosa.
‘Tatiana’, integrante de este grupo delincuencial, actualmente sería la encargada de realizar los cobros del dinero productos de extorsión en los municipios de San Martín, por indicaciones de ‘Pata Limpia’, así mismo le consigna dicho dinero.
La cantidad de dinero producto de las extorsiones realizadas, alcanzaban sumas superiores a los 300 millones de pesos mensuales, que se recaudaban a través de pagos en efectivo o pagos por medio de empresas de giros de dinero.
Los capturados, fueron presentados y dejados a disposición de la Fiscalía 14 especializada delegada ante el GAULA, por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y hurto.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
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Unidad de Restitución de Tierras devuelve 2.728 hectáreas despojadas a una familia en Mapiripán
La Unidad de Restitución de Tierras realizó la devolución de los predios ‘Tres Riales’ (de 1.377 hectáreas más 207 m2) y ‘Los Caracoles’ (de 1.361 hectáreas más 8.466 m2), ubicadas en zona rural del municipio de Mapiripán, a una familia que fue despojada por los paramilitares al mando de alias “Cuchillo”.
La entrega de estas tierras, que suman 2.728 hectáreas más 8.673 m2, se hizo en cumplimiento de una sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá. Esta fue liderada por un profesional catastral de la URT Meta, bajo el acompañamiento de la Fuerza Pública y delegados del Juzgado Promiscuo Municipal de Mapiripán.
¿Cómo fue el calvario?
La historia de esta familia se remonta a 1998, cuando adquirió los predios y comenzó a cultivarlos; pero en el 2000, la presencia de grupos armados ilegales transformó la vida en la región. Inicialmente, la familia fue presionada por las Farc mediante extorsiones y amenazas, incluyendo el intento de reclutamiento de sus hijos menores, lo que provocó el desplazamiento de parte del núcleo familiar.
Después, con la incursión de paramilitares del Bloque Centauros de las AUC, la situación se agravó: los predios fueron saqueados y se produjo el robo de 200 cabezas de ganado. Ante el aumento de la violencia y las presiones, en 2004 el propietario se vio obligado a abandonar los terrenos. Años después, emisarios de alias “Cuchillo” lo citaron y le informaron que los predios ya estaban bajo su control, consolidando así el despojo. Incluso, los propietarios fueron obligados a firmar documentos en blanco para formalizar la transferencia ilegal de sus bienes.
Por tanto, el Tribunal concluyó que los reclamantes son víctimas y ordenó la restitución de los predios, descartando la buena fe de los opositores y reconociendo que las transacciones estuvieron viciadas por la violencia.
Aura Bolívar, directora territorial (e) de la URT en Meta, recalcó: “este caso es emblemático porque esta familia sufrió dos desplazamientos, por el riesgo de reclutamiento de dos de los hijos y el posterior saqueo de bienes por parte de grupos paramilitares. Con la materialización de esta sentencia, la Unidad avanza en su compromiso con la garantía de derechos para las víctimas en Colombia”.
La Sala Civil Especializada del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenó la restitución de 34.500 hectáreas de territorio a favor del Resguardo Indígena Awalibá y la Parcialidad La Campana, pertenecientes al pueblo ancestral Sikuani y ubicados en la inspección de Planas, en el municipio de Puerto Gaitán (Meta).
La decisión judicial reconoce que estas comunidades originarias son sujetos de especial protección constitucional; han sido afectadas por una victimización histórica, sistemática y prolongada, asociada al despojo territorial, la violencia armada, la ocupación indebida de terceros y la ausencia de garantías estatales para la protección de su territorio y su pervivencia cultural.
Las comunidades beneficiarias están ubicadas en la inspección de Planas, al noroccidente de Puerto Gaitán (Meta), y están conformadas por 993 personas, agrupadas en 484 familias, que habitan tanto el resguardo Awalibá como la Parcialidad La Campana.
El tribunal evidenció que han sido víctimas, desde los años 60 y 70, de graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas: persecución, tortura y homicidios; desplazamientos forzados y confinamientos hacia zonas selváticas del Vichada y Venezuela; exterminios conocidos como “Las Guahibiadas” y “La Jaramillera”, con participación de agentes estatales y particulares; presencia sucesiva de guerrillas, estructuras paramilitares, narcotráfico y economías ilegales, que usaron el territorio indígena como corredor estratégico; amenazas, reclutamiento forzado y control armado, que impidieron el libre tránsito; afectaciones ambientales y espirituales, incluyendo la destrucción de sitios sagrados; explotación petrolera sin consulta previa, que se superpuso de manera significativa al uso tradicional del territorio.
Robert Gabriel Barreto Lara, director territorial de la URT en Meta, explicó que entre las principales órdenes impartidas por el Tribunal Superior de Bogotá, se destacan: la restitución jurídica del territorio ancestral a las comunidades indígenas; que la Agencia Nacional de Tierras avance en la formalización y constitución del Resguardo Indígena de La Campana, como territorio independiente; y anular adjudicaciones irregulares realizadas sobre tierras indígenas.
Agregó que el tribunal ordenó la demarcación y señalización del territorio como medida de protección colectiva; la implementación de medidas de reparación integral con enfoque intercultural; acciones de reparación simbólica, protección de sitios sagrados y salvaguarda de la cosmovisión Sikuani; y coordinar con distintas entidades del Estado el cumplimiento del fallo.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez con función de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Óscar Andrés Góngora Arroyave, por su presunta responsabilidad en el crimen de un menor de edad en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2025 en Villavicencio.
Por estos hechos fue imputado por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ambas conductas agravadas, cargos que no fueron aceptados.
Los hechos ocurrieron en inmediaciones de un polideportivo del barrio Playa Rica, donde el procesado en compañía de otra persona llegó a bordo de una motocicleta. Allí habría sacado un arma de fuego y atacó a la víctima de 15 años, quien falleció cuando era atendido en un centro asistencial.
Góngora Arroyave fue capturado por uniformados de la Policía Nacional el pasado 4 de enero en Villavicencio en cumplimiento de una orden judicial.
