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En Meta, campesino que fue restituido creó una empresa de lácteos
José Jorge Garzón, es una víctima del despojo paramilitar del municipio de El Dorado, quien recuperó su predio gracias a la Unidad de Restitución de Tierras y luego se benefició con el proyecto productivo de cría de ganado doble propósito que, en medio del aislamiento producido por la emergencia sanitaria, lo convirtió en productor y comercializador de leche.
La Unidad entregó al campesino y a su familia, siete vacas que ya dieron sus primeras crías y con lo que comenzó la producción de 1.500 litros de leche al mes. Los Garzón lograron un acuerdo con la empresa Colanta que les garantizó la compra de la totalidad de la producción actual y además la Unidad les gestionó un contrato de comercialización con la distribuidora Lácteos San Gerónimo.
El beneficiario de restitución heredó de su padre el predio “El Merey” de 40 hectáreas ubicado en la vereda Mesetas del municipio de El Dorado. En el año 2001, alias “Julián” obligó a Garzón a vender parte de la finca y a desplazarse a otro lugar. En ese momento los paramilitares le ofrecieron $18 millones por su finca, pero finalmente le entregaron $14 millones, porque le notificaron que debía entregar $4 millones por derecho de guerra a alias “Don Mario” jefe de las Autodefensas en la zona.
El director de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton, indicó que “nos llena de satisfacción el hecho de ayudar a esta familia a recuperar su tierra, pero más aún de saber que ellos se convirtieron en emprendedores del campo, al poner en marcha su proyecto productivo de cría de ganado doble propósito”.
Leyton agregó que la Unidad de Restitución de Tierras le asignó a José Jorge Garzón y a su familia, $33 millones que se destinaron para la compra de siete vacas doble propósito, al mantenimiento e instalación de cercas, compra de insumos, construcción de un corral y una bodega; y a la adecuación de un establo para realizar las labores de ordeño.
Fuente: Unidad de Restitución de Tierras
META
Viuda víctima de la violencia en el Meta recibió compensación por predio que tuvo que abandonar
En cumplimiento de una orden judicial, la Dirección Territorial Meta de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) entregó a María Gladys Castañeda Vargas la resolución que le reconoce una compensación económica por el predio rural “La Esperanza”, ubicado en la vereda Caño Rojo del municipio de Lejanías, el cual abandonó forzadamente junto a su familia a causa del conflicto armado.
Los hechos que dieron origen a esta medida de reparación se remontan al año 2003, cuando los paramilitares incursionaron en la zona y asesinaron a su esposo, Evangelista Hernández. En medio de las amenazas, la señora Castañeda y su hijo lograron huir de la vereda, dejando atrás su vivienda, cultivos y animales. Desde entonces, la familia no pudo regresar y fue reconocida como víctima de homicidio y desplazamiento forzado.
“Nos complace cumplir con dignidad a esta familia, que tanto ha esperado justicia. Hoy damos un paso más en la reparación, permitiendo que puedan adquirir una nueva vivienda y reconstruir su proyecto de vida”, dijo Robert Gabriel Barreto, director territorial de la URT en el Meta.
“Pensé que ya no salía”
Por su parte, María Gladys expresó con emoción: “estoy muy feliz de recibir la compensación, esto ha sido muy bonito. Yo pensé que ya no salía, pero gracias a la Unidad se logró”. Su hijo, Jhon Alexander Hernández, recordó el dolor vivido y el significado de este momento: “debimos abandonar nuestra casa en Lejanías hace más de 20 años, por culpa de la violencia. Con el tiempo buscamos ayuda en la Unidad de Restitución. Por la edad de mi mamá no fue posible volver, pero ahora con la compensación ella podrá tener una vejez digna.”
Se resalta que la compensación es un pago o entrega de un predio equivalente que se otorga a las víctimas cuando la restitución del predio original es imposible, debido a impedimentos jurídicos o materiales. Esta figura se aplica cuando el predio original está en zonas de alto riesgo o por otras causales, garantizando que cada familia acceda a una vida en condiciones de seguridad, dignidad y justicia.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos a los miembros de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Puerto López (Meta), Carlos Ernesto Mogollón Martínez, José Titto Loaiza Viña y Carlos Orlando Heredia Leal, por presuntas irregularidades en la contratación del concurso de méritos para elegir al personero municipal 2024-2028.
El ente de control busca establecer si los funcionarios eligieron a la Corporación Fondo de Apoyo y Gestión de Negocios (Corfaneg), una empresa que, al parecer, no contaba con experiencia ni objeto social para adelantar procesos de selección de personal, como exige el Decreto 1083 de 2015 que dispone la obligación de contratar entidades especializadas.
La Procuraduría calificó, provisionalmente, la conducta de los funcionarios como grave a título de dolo, al tiempo que resaltó la obligación de los cabildantes de proteger el interés colectivo y cumplir con la normativa vigente.
La Entidad puntualizó que los investigados podrán ejercer su derecho a la defensa conforme al régimen disciplinario colombiano.
Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías envió a la cárcel a Junior Alexander Niño Pérez por su presunta responsabilidad en el asesinato de dos mujeres, en hechos ocurridos el pasado 5 y 6 de abril, en área rural de Puerto Gaitán (Meta). Un fiscal seccional le imputó el delito de feminicidio agravado, el cargo no fue aceptado por el procesado.
El hombre, de 23 años, aprovechando la relación de confianza generada con Leidy Johana Giraldo y su hija Anny Yiseth Lozano Giraldo, que vivían en una casa de su propiedad desde hacía un año, al parecer, las asfixió causándoles la muerte, por una deuda.
La madre habría sido asesinada al interior de la finca donde residían, en la vereda Alto Manacías, el 5 de abril, mientras que su hija de 17 años la mañana del 6 de abril, al parecer, fue atacada cuando se encontraba en un afluente del caño El Ingeniero.
Luego de la muerte de las dos mujeres, los cuerpos habrían sido ocultados por el procesado, en zona despoblada y alejada del casco urbano del municipio.
Los cuerpos fueron encontrados seis días después, el 12 de abril, por las autoridades del sector. Niño Pérez fue capturado por uniformados de la Policía en vía pública del centro de Melgar (Tolima).
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