El Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones sostenidas contra el narcotráfico llevadas a cabo en el departamento de Casanare, logró en zona rural del municipio de Orocué la incautación de más de una tonelada y media de marihuana.

Según la información castrense, este resultado fue posible gracias a la pericia de los soldados, quienes, mediante un puesto de control ubicado sobre una vía terciaria que conecta a los municipios de Trinidad y y Orocué detuvieron un vehículo para realizar las verificaciones correspondientes. Durante este procedimiento, el conductor intentó sobornar a los uniformados mediante sobornos pero los soldados, actuando con integridad, rechazaron estos intentos y procedieron a reportar el hallazgo del material ilícito.

Al parecer, y según las investigaciones, esta droga tendría un valor que superaría los $3.200 millones de pesos. Además, se presume que su destino final sería Europa con fines de comercialización. Durante la acción fue incautado un camión NKR que transportaba 1.787 kilogramos de marihuana.

Casanare es ruta del narcotráfico

Estas acciones contra el narcotráfico son constantes y responden a una estrategia clara con la que el Ejército Nacional contrarresta el tráfico sobre las rutas utilizadas por los grupos armados organizados para el transporte y distribución de estupefacientes.

Las persona capturada y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para su judicialización.

En la zona, el Ejército Nacional fortaleció el dispositivo de seguridad con el objetivo de seguir identificando y neutralizando las diferentes intenciones delictivas de los grupos armados organizados.

Con este resultado ya son ocho toneladas de marihuana incautadas en menos de cinco meses en el transcurso del año en esta zona del país.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Yolangel Lara Ubaque, exsecretario de Planeación del municipio de Trinidad durante la administración del alcalde Jesús “Chucho” Monroy, por presuntas irregularidades en la ejecución de un convenio administrativo.

De acuerdo con el ente de control, Lara Ubaque, quien también ejercía como supervisor del contrato, habría incurrido en falsedad ideológica en documento público al expedir comunicaciones dirigidas a una unión temporal contratista, en las que utilizó sin autorización la firma escaneada del representante legal de la empresa interventora, Cónsul Servicios de Ingeniería SAS.

¿Cómo fue la historia? 

A finales de 2019, y con recursos de un endeudamiento por $2 mil millones de pesos, el gobierno del entonces alcalde de Trinidad Milber Pérez Ochoa suscribió el Contrato de Cogestión No. 2019000001 con la Unión Temporal Flor Amarillo para la construcción del proyecto de vivienda de interés social “Torres de Villamil”.

Por múltiples razones el proyecto no avanzó en su ejecución durante la siguiente administración, y la Secretaría de Planeación, en cabeza de Lara Ubaque, decidió que el proyecto definitivamente no se ejecutaría. Se conoce que, al parecer, para tomar esa decisión, se realizó un presunto informe de la interventoría, donde se colocó, sin su autorización, la firma escaneada del representante legal de esta empresa.

En resumen, el municipio adquirió un endeudamiento para un proyecto de vivienda de interés social que nunca se realizó, lo cual podría generar un posible detrimento patrimonial, como se denunció ante la Contraloría Departamental, que a su vez por competencia corrió traslado de la denuncia a la Contraloría General de la República. (ver informe de auditoría de Contraloría Departamental de 2023). 

Falta gravísima con dolo

Así las cosas y egún la investigación, el exfuncionario habría suscrito documentos públicos con información que no correspondía a la realidad de los hechos, extralimitándose en sus funciones y afectando la legalidad de las actuaciones contractuales. Las acciones fueron consideradas como una falta gravísima cometida con dolo.

La Procuraduría señaló que la conducta del investigado reviste una especial gravedad por tratarse de un servidor público que tenía bajo su responsabilidad la supervisión técnica y administrativa del convenio, lo cual requería de un proceder ajustado a la ley y a los principios de la función pública.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Casanare avanza con el proceso disciplinario y continuará evaluando las pruebas para determinar las posibles sanciones a imponer al exsecretario de Planeación.

Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare