CASANARE
En Maní avanza fase final departamental de los Juegos Intercolegiados
En el municipio de Maní se dio inicio a la fase final departamental de los Juegos Intercolegiados Nacionales, que volvieron a la presencialidad después de un año en el que se realizaron de manera virtual debido a la pandemia por el virus Covid 19.
La Gobernación de Casanare a través del Indercas realiza del 14 al 25 de noviembre la fase final departamental de los Juegos Intercolegiados Nacionales Súperate de manera presencial en dos fases; del 14 al 18 los deportes grupales como Baloncesto, Fútbol, Fútbol Sala, Voleibol, Ajedrez, Tejo y Ciclismo, se darán cita en Maní.
Del 23 al 25 de noviembre, en el municipio de Yopal se darán cita las justas de los deportes individuales como: atletismo, Judo, Taekwondo, Karate Do, Patinaje, Levantamiento de Pesas y Tenis de Mesa.
Más de 1.800 deportistas se la juegan por lograr un cupo a la fase regional en Villavicencio y avanzar en la fase nacional.
Malestar en Maní
Ciudadanos maniceños mostraron su inconformidad porque la alimentación de los deportistas no fue contratada con los restaurantes de la localidad, como se hiciera en anteriores ocasiones, señalando que ésto en nada contribuye con la reactivación económica del municipio.
El concejal Juan Carlos Lara cuestionó desde sus redes sociales, que el contratista de los Juegos Intercolegiados montó “casinos improvisados” en las Instituciones Educativas La Esperanza y Luis Enrique Barón Leal.
Al respecto, desde Indercas respondieron que como Instituto garantizan los procesos contractuales necesarios para brindar el apoyo, elementos y necesidades para la realización de los Juegos, y que la obligación de los contratistas es cumplir estrictamente con lo pactado en las raciones alimentarias y para ello existe una supervisión que vela por el cumplimiento de los mismos.
“Se sale de mis manos intervenir en la negociación entre contratista y restaurantes del municipio, mi único interés es que los deportistas reciban mejor trato y servicio” manifestó Ricardo Jiménez, director de Indercas.
Fuente: El Diario del Llano – HOLA Casanare
La empresa de alumbrado público de Yopal, SAYOP, alertó sobre una millonaria deuda que mantiene la Empresa de Energía de Casanare (Enerca), correspondiente a recursos ya recaudados por concepto del impuesto de alumbrado público, pero que no han sido transferidos de manera oportuna.
Según explicó la gerente de SAYOP, Giovanna Alonso, durante el año anterior Enerca solo realizó transferencias hasta el mes de junio, pese a que el recaudo se hace de forma mensual a través de la factura de energía que pagan puntualmente los usuarios del municipio. Esto significa que, a la fecha, estarían pendientes seis meses de recursos, equivalentes aproximadamente a 9 mil millones de pesos.
La falta de estos recursos ha afectado la operación de la empresa de alumbrado público, limitando la atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR) de la ciudadanía, así como el avance de proyectos de expansión y modernización. Para poder continuar con su labor, SAYOP ha tenido que recurrir a estrategias internas como la recuperación y reparación de luminarias en desuso y el trabajo administrativo y técnico con personal propio.
Desde SAYOP se hizo un llamado a Enerca para que, una vez realice el recaudo mensual, efectúe de inmediato la transferencia de los recursos, con el fin de garantizar el normal funcionamiento de ambas entidades y el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo del alumbrado público de Yopal. La empresa manifestó su expectativa de que en la presente vigencia se normalice esta situación.
CASANARE
Alcaldía de Yopal dice que demolición de Torres del Silencio está dentro de lo presupuestado
La administración municipal de Yopal informa que el proceso de demolición de las Torres del Silencio avanza conforme a lo previsto. Actualmente, se está desarrollando la etapa precontractual, asegurando así las condiciones técnicas, jurídicas y financieras esenciales para la correcta ejecución del proyecto. Los recursos necesarios para esta importante intervención ya se encuentran debidamente asegurados.
Es importante aclarar a la ciudadanía que la demolición aún no ha iniciado, no por falta de voluntad política, sino debido a la necesidad de cumplir rigurosamente con las etapas contractuales obligatorias que establece la ley. Estas fases garantizan la legalidad, la transparencia y el uso responsable de los recursos públicos, además de coincidir con el inicio del año administrativo, periodo que requiere trámites previos.
Harbey Ramírez Ávila, jefe de la Oficina Territorial para la Gestión del Riesgo de Desastres (OTGRD), enfatizó que “hacerlo bien toma tiempo, pero hacerlo mal puede costar vidas y recursos públicos”. La administración se encuentra elaborando estudios previos que brindarán el respaldo técnico necesario, y se descartó la opción de intervención con el Ejército Nacional al no ajustarse a los requisitos técnicos y legales.
Adicionalmente, la administración municipal precisa que la Ley de Garantías no impacta negativamente este proceso, ya que su normatividad no aplica para los procesos de licitación en curso. Esto permite la continuidad del trámite contractual sin restricciones, manteniendo la prioridad en la seguridad de las personas y el rigor técnico en cada una de las etapas.
La Secretaría de Hacienda de Casanare hace un llamado urgente a la comunidad para que denuncie cualquier caso de comercialización de Aguardiente Amarillo que utilice la imagen del fallecido artista Yeison Jiménez, ya que se trata de un producto adulterado e ilegal.
Las autoridades departamentales informan que este licor no cuenta con autorización de la Industria Licorera de Caldas ni con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – Invima, por lo que su distribución y consumo representan un riesgo para la salud pública.
Se reitera que la venta de bebidas alcohólicas sin los permisos correspondientes constituye un delito y puede acarrear sanciones penales y administrativas. Asimismo, se invita a comerciantes y ciudadanos a abstenerse de adquirir o distribuir este producto y a verificar siempre la legalidad del licor que consumen.
Cualquier información relacionada con la venta de este aguardiente adulterado puede ser denunciada ante las autoridades competentes, con el fin de proteger la salud de la población y evitar prácticas ilegales en el departamento.
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